El Congreso de Brasil aprobó este miércoles una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a los menores en redes sociales, luego de un escándalo que involucra a un influencer señalado por presunta explotación sexual infantil.
El proyecto obtuvo la luz verde del Senado, una semana después de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora pasará a manos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y entraría en vigor un año después de su promulgación.
Aunque hay consenso político sobre la protección infantil, la regulación de las redes sociales es un asunto especialmente delicado en Brasil: el gobierno de Lula defiende mayores controles a las “Big Tech”, mientras que la oposición de derecha, apoyada por Estados Unidos, denuncia intentos de “censurar” las plataformas.
El nuevo texto obliga a las plataformas a comunicar los contenidos de aparente explotación y abuso sexual a las autoridades brasileñas.
También deberán vincular las cuentas de niños y adolescentes a las de sus padres, quienes podrán controlar con quiénes se comunican sus hijos y cuánto tiempo usan las plataformas.
Los incumplimientos a estas disposiciones serán sancionados con multas de hasta 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensiones y hasta la prohibición.
Para el senador Alessandro Vieira, la ley «rescata el poder de padres y madres de poder controlar la vida de sus hijos».
«Las empresas estarán obligadas, por defecto, a organizar sus aplicaciones, productos y servicios en la forma más protectora para los niños y adolescentes», añadió.
El texto fue aprobado por amplias mayorías en las dos cámaras del Parlamento después de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por parte de Hytalo Santos, un influenciador que divulgaba en Instagram contenidos con menores semidesnudos en danzas sensuales.
La organización Human Rights Watch saludó la votación e instó al presidente Lula a sancionar el proyecto.
«La legislación impondría importantes mecanismos de seguridad digital y privacidad para niños», señaló Human Rights Watch en un comunicado.
Brasil, con 203 millones de habitantes ultraconectados, ha sido uno de los países más activos en la regulación de las redes sociales.
El año pasado, la Justicia suspendió durante 40 días la red social X por ignorar una serie de decisiones vinculadas a la lucha contra la desinformación.
En junio, la Corte Suprema ordenó a las empresas tecnológicas retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial.
AFP
