El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció este martes en el evento “Ciberdelitos: desafíos para la industria, la academia y el gobierno”, en el LATU, y sostuvo que en diez años las denuncias por estafa “se multiplicaron por 22”.
El encuentro se hizo en coordinación con Uruguay Innova y forma parte de los Encuentros por Seguridad del Plan Nacional de Seguridad Pública.
“Las estafas y los ciberdelitos no se combaten con más patrulleros ni con más cámaras. Se requiere educación, inteligencia, investigación e innovación”, dijo Negro.
El ministro detalló que las denuncias por estafa pasaron de 39 a 871 casos por cada 100.000 habitantes en una década. Sumó otra cifra para dimensionar el fenómeno: “En 2024 hubo aproximadamente 26.900 estafas mensuales y 9 de cada 10 no fueron denunciadas”.
Negro planteó además un desbalance punitivo: “Una rapiña con arma tiene una pena mínima de 5 años y 4 meses; una estafa, de 6 meses”. A su juicio, esa “distorsión” puede empujar a bandas a migrar hacia fraudes digitales.
El asesor de Gobierno en Seguridad Pública, Emiliano Rojido, ubicó al Plan Nacional de Seguridad Pública como un instrumento estratégico a 10 años, con diagnóstico, encuentros, propuesta técnica basada en evidencia, validación política y monitoreo. “Las denuncias por estafas crecieron de 1.333 en 2013 a 31.144 en 2024”, indicó, y defendió la publicación de indicadores para ordenar el debate.
Rojido enumeró ejes prioritarios: homicidios, violencia de género y contra NNA, armas y municiones, narcotráfico y ciberdelitos/fraudes informáticos. El financiamiento prevé presupuesto específico y cooperación del SIOC (BID, CAF, Mercosur, OEA, UNODC, PNUD).
El director de la Unidad de Cibercrimen, Paulo Rocha, subrayó que los ciberdelitos “ya no son un tema exclusivamente tecnológico”.
“Trabajamos en promedio 350 operaciones al año y tenemos 140 operaciones en curso en todo el país, con Fiscalía”, dijo. Además, la unidad apoya técnicamente a jefaturas departamentales vía el sistema de gestión de seguridad pública.
En delitos sexuales digitales, Rocha afirmó que el departamento especializado “está a la vanguardia en técnicas y tecnología, en un nivel comparable con los países más avanzados”. Recordó un caso con condena firme en Durazno, donde se identificó a la víctima por un detalle forense (“un reloj”) y se desactivó una cadena de abuso y difusión.
Sobre tendencias, listó phishing, ransomware, fraudes, suplantación de identidad, extorsiones y amenazas. Advirtió por ataques personalizados con inteligencia artificial y el uso de criptomonedas, que dificultan el rastreo financiero: la policía debe “seguir la traza” también en esos activos.
Rocha apuntó a un subregistro de incidentes informáticos —en especial en el sector privado— por desconocimiento, escepticismo o temor reputacional. “Mientras no se denuncie se pierde información valiosa que puede desarticular redes transnacionales”, dijo.
En cooperación, resaltó el trabajo con Interpol y Europol, y canales con plataformas como Meta, TikTok, Telegram, Mercado Libre y Binance; a nivel local, articulación con el sector financiero, empresas de tecnología y academia.
Como línea de prevención, Negro mencionó Verificá, la herramienta de Interior para chequear contenidos y prevenir ciberestafas. “Es un fenómeno que se ataca antes mucho más efectivamente que después”, sostuvo.
El cierre dejó dos mensajes operativos: denunciar y cooperar. “Sin cooperación, en esta área prácticamente no se hace casi nada”, afirmó Rocha. Y Negro enmarcó la agenda como “causa nacional” que “trasciende gobiernos y exige el compromiso de todos”.
