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El Centro
de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) argumenta que
extender el riego “puede mover la aguja del crecimiento económico” en Uruguay.
A raíz de la primera reunión de la Comisión
Interministerial para Asuntos de Riego creada por el gobierno, el think
tank indica que realizó una investigación de tres años sobre el tema y
asevera que “resulta clave aprovechar aquellas oportunidades que pueden
revertir” la situación económica de “crecimiento e inversión sostenidamente
bajos”.
“En este sentido, [el Ceres] destaca que la expansión del
riego en el sector agropecuario uruguayo se presenta como una de las más
relevantes: permite incrementar de forma sustantiva la productividad,
reducir la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos y dinamizar
múltiples cadenas productivas con efectos significativos sobre el resto de
la economía”, indica el documento.
De acuerdo con los datos del estudio, en la actualidad se
riegan menos de 100.000 hectáreas en actividades que utilizan riego
suplementario.
Según el
informe, “los incrementos de productividad son contundentes”, ya que el riego
eleva los rendimientos de maíz en 73% y de soja en 38% en promedio para las
últimas cosechas. También puede lograr una suba de la producción lechera de
hasta 150% por hectárea, así como un aumento “significativo” en la producción de
carne.
“Con base en entrevistas a informantes calificados y en
datos disponibles, Ceres concluye que es técnica y ambientalmente sostenible
y alcanzable expandir el riego a más de 500.000 hectáreas entre cultivos de
verano (maíz y soja), ganadería y lechería”, indica el centro de estudios.
Si se logra ese objetivo, el impacto económico anual sería
de al menos US$ 3.300 millones, equivalente a 3,5% del PIB. A esta cifra se le
añaden los mayores niveles de inversión, empleo y recaudación por mayor
producción (estimado en US$ 60 millones al año) y más consumo de energía
eléctrica (aproximadamente US$ 100 millones al año), detalla el informe.
El análisis identifica las “principales barreras que han
limitado” el desarrollo de esta actividad: los altos costos iniciales de
inversión y energía, la falta de incentivos adecuados, la complejidad y
lentitud en los permisos ambientales, la poca coordinación entre instituciones
públicas y privadas y la dificultad de acceso para pequeños productores y
arrendatarios.
En respuesta, Ceres propuso un conjunto de medidas durante
estos tres años. Entre ellas está el generar una mayor coordinación entre
actores “mediante un liderazgo y mandato claro” desde Presidencia; extender las
líneas energéticas y reducir el costo de la energía para riego aprovechando
fuentes renovables, o reglamentar la figura del desarrollador de riego
(prevista en la Ley 19.553).
Así, el centro valora los pasos tomados por el Ejecutivo en
torno a la comisión interministerial como “avances relevantes y necesarios”. A su
entender, dada la “magnitud del potencial identificado”, Uruguay “debe adoptar
un enfoque ambicioso y sostenido”.
“Apostar de forma decidida por el riego permitiría
transformar la productividad agropecuaria, impulsar sectores estratégicos,
atraer nuevas inversiones y contribuir a dinamizar de manera significativa el
crecimiento económico del país”, finaliza el estudio.
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