Montevideo Portal
La Comisión de Seguimiento Carcelario recibió en la tarde de este jueves al director nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), Juan Parodi, donde se expusieron las políticas de inserción social y laboral que se desarrollan con personas que egresan del sistema penitenciario. Tras la comparecencia, se presentará una modificación que entrará en el proyecto de Presupuesto que trata la cámara baja.
El diputado del Partido Colorado Sebastián Sanguinetti aseguró a Montevideo Portal que la instancia se dio luego de que la dirección de Dinali presentará un informe.
Uno de los objetivos que fueron mencionados en la reunión de este jueves, es buscar mejorar el contacto interinstitucional entre los organismos penitenciarios, para tratar temas como la adicción y la salud mental.
Además, según explicó el legislador, Parodi “principalmente quiere descentralizar la oficina del Liberado, debido a que hay algunos departamentos donde no hay oficinas directamente o hay una persona para atender a mucha gente”, con la idea de “captar más egresados para que se inserten en los programas que hay de la dirección”.
Otro de los temas planteados fue el aumento de las pasantías para los exreclusos, pretendiendo más plazas en organismos públicos.
Por último, Sanguinetti afirmó que se presentará una modificación en la ley 20.397, promulgada en febrero de este año, debido a que contempla muchos sectores, pero “se omitió integrar a las empresas de la construcción«, un sector importante para los liberados, ya que son una fuente de trabajo importante debido a que “no requieren una formación académica, y los salarios son muy buenos”, dijo Sanguinetti.
La normativa actual regula la promoción de empleo para personas con discapacidad. Con la reforma que prersentó la normativa a principios de este año, se amplía el alcance de la ley para incluir también a las personas liberadas del sistema penitenciario, buscando facilitar su reinserción laboral y social. En ese sentido, el capítulo séptimo de la ley pasa a denominarse “promoción del empleo para personas con discapacidad y personas liberadas”.
Además, establece que los empleadores que contraten a personas que hayan estado privadas de libertad podrán acceder a un subsidio de hasta el 80% del salario mensual del trabajador, con un tope equivalente al 80% de dos salarios mínimos nacionales.
En tanto, fija que los contratos deberán tener una duración mínima de seis meses y un máximo de 12 meses, en el marco de los programas definidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con este cambio, el Estado busca incentivar a las empresas a brindar oportunidades laborales a quienes enfrentan mayores dificultades de inclusión.
Tras esta omisión, la Comisión de Seguimiento Carcelario planteara en el Presupuesto la modificación de la ley, para que se incluya a la construcción dentro de la redacción.
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