Montevideo Portal
La Intendencia de Salto sigue envuelta en la polémica que
generó el cese de 292 trabajadores de la comuna, hecho que es reclamado por la
Asociación De Empleados y Obreros Municipales de Salto (Adeoms). El intendente blanco
Carlos Albisu apuntó a las gestiones del frenteamplista Andrés Lima y manifestó
que los trabajadores estaban contratados mediante “convenios irregulares”.
De hecho, desde dirigencia salteña se apunta a un precedente
que ocurrió en 2015, al poco tiempo de que Lima asumiera en su primer período
como jefe comunal. Por entonces, la intendencia criticó que en la gestión del
colorado Germán Coutinho (2010-2015) se contrataron 471 funcionarios por
designación directa y, tras un estudio sobre sus vínculos laborales, Lima anunció
el cese de cerca de 250 de ellos.
El frenteamplista argumentó que era “inviable” su mantenimiento,
debido a que “el 86% del presupuesto de la Intendencia de Salto tiene como
destino el rubro cero, que es el pago de salarios”. “En ese esquema es inviable
el funcionamiento de la intendencia, con ese porcentaje tal alto destinado a
salarios”, sostuvo.
Así, la actual dirigencia cuestiona que Lima, antes de
ceder el cargo en 2025, creó un convenio colectivo “irregular” para perpetuar a
los funcionarios que Albisu finalmente cesó. El intendente blanco indicó que,
tras el cese, habrá “una evaluación que ya viene haciendo cada una de las
direcciones para que, después, algunos de esos 292 sean retomados”.
En diálogo con Montevideo Portal, el secretario
general de Salto, Walter Texeira, aseguró que, si bien en la administración de Lima “le buscaron dar una
vuelta legal distinta, se pasaron por arriba
varias normas del derecho administrativo y constitucional”.
“Llegado el caso, en el departamento de Salto tendríamos
una pirámide de Kelsen con las normas jurídicas distintas a las que rigen en el
resto del país. Habrían llamado convenios colectivos que estarían por encima de
los decretos departamentales y de las leyes nacionales, cosa que es
absolutamente absurda. En medio del período electoral llevaron a cabo todo un
proceso de pretender dejar estables 292 ingresados en la administración Lima”,
dijo.
“Contraviene las condiciones que son para ingresar de forma
estable en la administración, que es el ingreso por concurso o sorteo. Lo que
se pretendió acá fue una maniobra para dejar un montón de gente ingresada por
Lima, muchos de ellos por motivos políticos, la mayoría, con la connivencia
estratégica de Adeoms”, agregó el secretario general.
Asimismo, se señala al sindicalista Juan Carlos Gómez,
presidente de Adeoms, por su actitud con respecto a las medidas tomadas por
Lima y Albisu con una década de diferencia. En la línea de la “connivencia
estratégica” manifestada por Texeira, otro precedente al que apuntan es las
declaraciones de Gómez cuando Lima anunció el cese de funcionarios en 2015.
“La resolución lo que hace es notificar a los trabajadores
de que las vías por las cuales fueron contratados no se ajustan a la norma y
que, por lo tanto que el intendente tiene la potestad de poder cesarlos”, dijo
en un programa local por entonces.
Sin embargo, Gómez manifestó,
luego del cese dispuesto por Albisu, que este se da por la “condición de
punteros políticos” de los funcionarios.
“Como que ser militante
político en una sociedad de derecho sea un pecado. Y que ser militante político
no te hace merecedor de defender tus derechos como trabajador, como el derecho
al trabajo, que es un derecho universal”, consideró, y denunció “persecución
política”.
Texeira también criticó las declaraciones de Juan Castillo,
ministro de Trabajo y Seguridad Social, acerca de su reunión, junto al presidente
Yamandú Orsi, con Adeoms el martes pasado por el cese de los 292 funcionarios. Según
el jerarca, la decisión es “preocupante” y “desconoce un convenio colectivo
firmado”.
“Se ha ido por parte del ministerio a Salto porque se
negaron a venir a negociar al Ministerio de Trabajo. Fueron los funcionarios y
las funcionarias de Dinatra [Dirección Nacional de Trabajo], al departamento de
Salto, participaron miembros de la dirección, se ha hecho llegar escritos,
hemos convocado ámbitos, pedimos el previo aviso. Se desconoció el principio de
buena fe por sobre todas las cosas, en el ámbito de la negociación colectiva
que para nosotros es muy importante”, declaró Castillo.
De acuerdo con el secretario general de Salto, “seguramente
está muy mal informado el ministro, refiriéndose a que la Intendencia de Salto,
a través de sus representantes, no había concurrido a las reuniones tripartitas
que se habían citado, lo que es totalmente falso”.
“Tuvimos por lo menos dos reuniones en Montevideo y una en
la que vino el ministerio aquí a Salto. Tres o cuatro reuniones más con Adeoms
de forma bipartita. Es totalmente falso decir que la intendencia actuó de mala
fe y que no se quiso reunir con el ministerio ni los trabajadores”, sentenció
Texeira.
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