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El
gobierno presentó este viernes una denuncia civil y penal contra Cardama por
la garantía que presentó en su contrato con el Estado uruguayo por más de US$
92 millones.
La polémica se generó después de que el astillero español
incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que
tenía 45 días después de firmado el contrato, durante el gobierno de Luis
Lacalle Pou.
La empresa española era la encargada de construir dos
patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e
iban a ser entregados a la Armada Nacional, que los utilizaría para
“el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”.
Desde el gobierno de Yamandú Orsi informaron
que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que
Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45
días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo,
la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó “sucesivas
prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”.
Ante esa notificación, el gobierno contrató a un estudio
jurídico inglés, que en 24 horas constató que la gaceta oficial del
Reino Unido había anunciado que la empresa que brindaría la garantía a Cardama
estaba en proceso de liquidación desde el 19 de agosto de 2025.
Además, según informó el semanario Búsqueda este
mismo viernes, la institución bancaria que respalda la garantía, Eurocommerce Bank, cambió su dirección durante esta misma
jornada. Según el citado medio, la nueva ubicación es 85 Great Portland Street
en Londres, Reino Unido; otras empresas tienen sede en esa dirección y al menos
tres de ellas fueron señaladas por incumplimientos de las normas antilavado en
ese país por las autoridades competentes.
Así, según dijo el secretario de Presidencia, Alejando
Sánchez, en conferencia de prensa el pasado miércoles, “no se tomaron los
recaudos por parte de la administración pública para comprobar que la empresa
que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación”.
“Este es el problema al que estamos enfrentados”, añadió.
La cronología de los hechos
En julio de 2023, el
gobierno anunció la compra de los dos buques.
En agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Armada,
Gustavo Musso, pidió el pase a retiro; él
había realizado un informe a título personal en el que recomendaba comprar las
OPV (Offshore
Patrol Vessel, por sus siglas en inglés) al astillero Gondán, es decir, no a Cardama.
El 15 de diciembre de ese mismo año, el Ministerio de
Defensa —entonces encabezado por el actual senador nacionalista Javier García— y la empresa
Francisco Cardama S. A. firmaron
un contrato para la construcción y venta de dos buques OPV.
El 25 de enero de 2024, antes de cumplirse esos 45 días, Cardama
envió un correo al director general de la Secretaría de Defensa, Fabián
Martínez, solicitando una prórroga de 30 días para constituir las garantías.
Un mes después, la empresa informó que no había podido
gestionar la garantía a través del Banco de Seguros del Estado y que recurriría
a una nueva empresa, Soms.us.
El 28 de febrero Cardama pidió una segunda prórroga, en
este caso de 10 días, para “finalizar el proceso administrativo de las mismas”,
según surge de un memorándum que elaboró el gobierno en el que se detalla todo
el proceso y las irregularidades detectadas, al que accedió Montevideo Portal.
El 4 de marzo, el Ministerio de Defensa, ya bajo el
liderazgo de Armando Castaingdebat, notificó la extensión de la prórroga
solicitada.
Entre el 5 y 11 de marzo, Cardama envió borradores de
garantías a Defensa: el primero con Soms.us, el segundo con Redbrige y el
tercero con Euro Exim Bank.
El 11, la Secretaría de Estado pidió información al Banco
Central del Uruguay sobre las dos últimas empresas. La respuesta fue que “no se
pudo acceder a información financiera ni calificación de riesgo” y el ente sugirió
“la necesidad de un asesoramiento jurídico y con corredor de seguros para
determinar riesgos, procedimiento de reclamos y formas de pago”.
Cardama envió certificados de Redbrige y Euro Exim Bank que
supuestamente garantizaban su capacidad de emitir seguros.
El 19 de marzo, Castaingdebat envió una nota a la empresa
con “observaciones” sobre las garantías presentadas.
Dos días después, Cardama contestó solicitando una reunión
presencial y adjuntando documentación sobre Redbrige y Euro Exim Bank.
El estudio jurídico Delpiazzo Abogados advirtió
que Euro Exim Bank “no cumple con las condiciones de primer requerimiento
exigidas por el contrato, y que su vigencia es de 42 meses a partir de la
emisión y no desde la entrada en vigor”. Además, señaló observaciones sobre
“jurisdicción, ley aplicable y fijación de idioma”.
El 14 de junio de 2024, Cardama informó que había
solicitado un nuevo aval bancario a Euro Exim Bank.
El 9
de julio, comunicó que gestionaba otros avales, entre ellos, uno con Abitab.
El 3 de setiembre, la empresa comunicó la negativa de
Abitab a otorgar la garantía y solicitó un aplazamiento de 72 horas.
El 6 de setiembre, Cardama presentó un borrador de la
garantía de fiel cumplimiento emitido por Eurocommerce.
Ese mismo día, el estudio Delpiazzo advirtió al director
general de Recursos Financieros, Damián Galo, que el plazo para constituir la
garantía había vencido. Delpiazzo señaló que “el borrador de garantía presentado por
Eurocommerce no cumple con la exigencia contractual: solo se concede por 365
días, cuando el contrato establece 42 meses desde la entrada en vigor.
Además, deja librada la posibilidad de ejecución al consentimiento del
incumplidor, no queda claro el proceso de cobro ni si es a sola demanda”.
El 12 de setiembre, el ministro de Defensa envió las
observaciones a los borradores y proporcionó el número de cuenta del Ministerio
de Defensa para un eventual depósito en efectivo.
El 4 de octubre, la empresa remitió borradores de las
garantías de Redbrige y Eurocommerce.
Tres días después, Delpiazzo concluyó que la primera se
ajustaba al contrato, pero que la segunda no cumplía las condiciones: tenía una
vigencia de solo 365 días prorrogables.
El 14 de octubre, Castaingdebat comunicó a Cardama:
“Habiéndose analizado por parte del estudio Delpiazzo los borradores de avales
remitidos a través de correo electrónico, tengo el agrado de comunicarle que
estamos en condiciones de continuar con el proceso de entrada en vigor del
contrato, por lo que se solicita que remitan las garantías originales a este
ministerio”.
El
29 de noviembre, el titular de Defensa aseguró que la construcción de las
dos patrullas oceánicas había comenzado su “etapa final”.
El 21 de abril de este año, ya bajo la actual administración,
varios altos cargos y el excomandante de la Armada, Jorge Wilson, fueron
sancionados por proporcionar
información falsa o retrasar la entrega de datos sobre la compra de las
embarcaciones a la ministra Sandra Lazo.
Una semana después, Lazo anunció que su Secretaría de
Estado abriría una investigación administrativa por la
compra de las patrullas oceánicas.
El 22 de julio, la
Armada elaboró un informe en el que se hablaba de irregularidades en la
construcción de los buques.
El pasado 22 de octubre, el
presidente Orsi anunció la demanda a Cardama ante “fuertes indicios de
fraude o estafa al Estado Uruguayo”. Ese mismo día, minutos antes de esa
conferencia, la empresa quiso renovar la “supuesta” garantía con la misma
empresa falsa —Eurocommerce—, indicó
Sánchez.
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