El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia civil y penal contra Cardama por la garantía de su contrato con el Estado
uruguayo por más de US$ 92 millones.
“Misión cumplida”, dijeron los jerarcas cuando se retiraron del ministerio público tras denunciar un “fraude” o una “estafa” contra Uruguay, según dijo el presidente de la República, Yamandú Orsi, el pasado 22 de octubre en conferencia de
prensa.
En su cuenta de X, Díaz escribió: “Cuidar la plata de los uruguayos no tiene color político. Es un deber moral. Por eso hoy denunciamos ante la Justicia indicios graves de fraude. Que se investigue hasta el final. Nadie está por encima de la ley”.
La polémica se generó después de que el astillero español incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que tenía 45 días después de firmado el contrato, que se concretó el 15 de diciembre de 2023, cuando Luis Lacalle Pou era presidente y Javier García
ministro de Defensa Nacional.
La empresa española era la encargada de construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e iban a ser entregados a la Armada Nacional, que los utilizaría para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”.
Desde el gobierno informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo
establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo
procedimiento”.
Ante esa notificación, el gobierno contrató a un estudio jurídico inglés, que en 24 horas constató que la gaceta oficial del Reino Unido había anunciado que la empresa que brindaría la garantía a Cardama estaba en proceso de liquidación desde el 19 de agosto de 2025.
El único director de la empresa es un ciudadano ruso que vive en Rusia; además, tuvo un solo empleado en 2022, 2023 y 2024, dijo Díaz. Ante esta situación, Orsi pidió investigaciones administrativas en el Ministerio de Defensa Nacional, en el BROU y en el Ministerio de Economía y
Finanzas. En total, el Estado uruguayo otorgó un total de US$ 30
millones a la empresa, que fue seleccionada por garantizar la primera
construcción de una OPV en 18 meses.
“No se tomaron los recaudos por parte de la administración pública para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación. Este es el problema al que estamos enfrentados”, dijo el secretario de Presidencia.
Orsi dijo que el gobierno actual no se comunicó con las autoridades del gobierno de Lacalle Pou, aunque sostuvo que lo hará en caso de ser necesario. El presidente recordó que durante la transición de las administraciones del Frente Amplio y la coalición republicana hubo contacto y
Cardama visitó Uruguay. El mandatario afirmó que el Estado “hará lo que sabe
hacer, que es cumplir con los contratos”.
