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La expareja del fallecido exdiputado del Frente Amplio, Gustavo Tato Olmos, Ximena Baráibar Ribero publicó una columna de opinión en la Agencia Uruguaya de Noticias, en la que repasó el proceso interno y judicial que involucró al exdirigente frenteamplista, denunciado en 2023 por presunto acoso por su suplente de banca, Martina Casás.
En su columna, Baráibar reconstruyó los hechos desde noviembre de 2023, cuando la referente de Fuerza Renovadora, Liliam Kechichian, fue citada por la organización del Frente Amplio para abordar la denuncia por acoso. En esa instancia también participó Patricia González Viñoly, entonces presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del FA, quien —según relata— “aclaró que estaba allí para solicitar la ‘cabeza’ de Tato, lo que suponía el abandono de la banca, de la que Casás era primera suplente”.
Además, explicó que, tras conocerse la denuncia, Fuerza Renovadora intentó acompañar a ambas partes y estableció medidas para evitar contacto entre Olmos y Casás, aunque la denunciante rechazó el acompañamiento político y manifestó su intención de ocupar la banca parlamentaria.
Según Baráibar, lo sucedido “no fue solamente brindar información”, sino que implicó una forma de resolución, ya que –según menciona— buscaban que “Tato dejara la banca y que Casás la asumiera, y esto solamente en base a la declaración de la presunta víctima y su entorno, sin escuchar a la otra parte y por fuera de los mecanismos institucionales que, tanto en el FA como en Fiscalía, existen para esto”.
El 22 de noviembre de 2023, el caso llegó al Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA, que tras un tiempo de trabajo concluyó que “los elementos probatorios reunidos no conducen a la comprobación de una situación de acoso sexual o laboral por parte de Tato, ni siquiera de forma indicia”. Esa resolución fue confirmada por el Plenario del FA en marzo de 2024.
Baráibar detalló que, pese al fallo de la fuerza política, Olmos continuó enfrentando dificultades dentro de su bancada, incluso tras retomar su banca el 2 de abril de 2024, ya que a la hora de la votación del proyecto de ley precio por unidad de medida”, promovido Olmos, la diputada Micaela Melgar “se retiró al momento de votarse el proyecto y este no fue aprobado”. Más adelante, la Fiscalía especializada en Delitos Sexuales archivó la denuncia penal en junio de 2024, al no encontrar indicios de delito, y el juez penal también dispuso el cierre definitivo del caso un mes después.
Baráibar subrayó que, durante los más de 14 meses que duró la causa, “hubo una persistente denuncia pública por parte de Casás, su entorno y su abogado, Juan Raúl Williman”, y que entre medios de prensa, televisión y radio se publicaron 132 notas sobre el tema, aseguró.
En el final, Baráibar expresó una reflexión sobre la forma en que la sociedad y los partidos políticos enfrentan estas situaciones: “Mucho me gustaría resucitar a Tato, pero no puedo. Sí puedo sumar información que contribuya a la reflexión colectiva sobre las maneras en que queremos tramitar los problemas sociales”.
Y agregó: “Podemos elegir hacerlo a través de las instituciones, mecanismos y procedimientos que nos hemos dado como sociedad y los que se ha dado el Frente Amplio. Esto supone, al menos, escuchar a ambas partes dando garantía a todas las personas involucradas y por parte de personas que tengan distancia de quienes están implicados. Otra alternativa es ir a la ‘justicia por mano propia’, donde unas pocas personas indican cómo resolver el problema, sin escuchar a ambas partes, estando directamente implicadas con una de ellas y recurriendo al linchamiento público, lo que garantiza el castigo independientemente de lo que digan los espacio que sí deben expedirse. Tato sufrió las consecuencias de esta opción. Yo voy por la primera de ellas”.
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