Por Tomás Gebelin
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El informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre la situación del presidente de ASSE, Álvaro Danza, generó una escalada en la tensión política entre gobierno y oposición. El fallo —que concluye que la actuación del jerarca en el prestador público y su labor en mutualistas privadas no constituye una incompatibilidad— fue votado únicamente por los representantes del oficialismo.
A raíz del fallo, los legisladores de la coalición anunciaron no sólo que se mantendría la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por respaldar a Danza en el cargo, sino que harán lo mismo con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.
Representantes de los partidos de la oposición cuestionaron duramente la “independencia” del organismo, planteando que lo político importó más que lo jurídico. Incluso, el diputado independiente Gerardo Sotelo planteó la posibilidad de denunciar a la Jutep ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) “por incumplimiento de sus compromisos legales e internacionales, referidos a la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción”.
El de Danza es el primer caso que se remite al directorio actual, que está integrado por los frenteamplistas Ana Ferraris y Alfredo Asti y por el nacionalista Luis Calabria. Montevideo Portal se propuso repasar cómo fueron las votaciones del organismo durante los gobiernos anteriores, tomando los casos más sonados que fueron estudiados en cada administración.
Segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015 – 2020)
El ente fue separado del Ministerio de Educación y Cultura en 2015 a través de la Ley N° 19.340, que le otorgó la naturaleza jurídica de servicio descentralizado, y el primer informe se remitió en 2017. En ese momento, el directorio de la Jutep estaba integrado por el presidente Ricardo Gil Iribarne (oficialismo), el vicepresidente Daniel Borrelli (oficialismo) y la vocal Matilde Rodríguez Larreta (oposición).
Si bien se elevaron diez informes en todo el período (principalmente sobre posibles irregularidades en intendencias del interior y en el uso de la tarjeta corporativa de ALUR por parte del expresidente Leonardo de León), se tomarán en cuenta los que generaron una mayor repercusión y debate público.
El primero fue sobre el uso de tarjetas corporativas de Ancap por parte del entonces vicepresidente de la República Raúl Sendic (Frente Amplio). El informe de la Jutep, aprobado por consenso, concluyó que Sendic incurrió en “violaciones de las normas vigentes” en materia de conducta y administración de fondos públicos.
El organismo fue enfático al señalar un incumplimiento de los principios de probidad, rectitud, legalidad y, sobre todo, la rendición de cuentas documentada. La investigación reveló que se habían detectado más de 40 compras sin relación aparente con los fines institucionales, incluyendo gastos en joyerías, tiendas de ropa y artículos de uso personal. La Jutep sentenció que el funcionario tiene la obligación ineludible de documentar el uso de los fondos públicos y que los gastos personales no tienen cabida en la función pública.
El caso del exintendente de Soriano Agustín Bascou (Partido Nacional) también fue resuelto por unanimidad en 2017. El informe se centró en un claro conflicto de intereses y una violación a los principios de rectitud, probidad y transparencia.
La Jutep probó que Bascou, al frente de la intendencia, firmó convenios para comprar combustible para la flota municipal a estaciones de servicio de su propiedad. La decisión del jerarca de adoptar resoluciones que generaban un beneficio económico directo a su empresa privada fue considerada una falta grave.
El dictamen subrayó que el intendente debió haberse abstenido de intervenir en asuntos que pudieran beneficiarlo económicamente, pues su accionar generaba al menos la apariencia de violar las normas.
Finalmente, el directorio mantuvo su unidad con el informe sobre el exintendente de Colonia Carlos Moreira (Partido Nacional), que fue aprobado también por unanimidad en 2020. El foco de la investigación estuvo en el manejo discrecional de pasantías en la comuna.
El organismo concluyó que se había violado la probidad y la imparcialidad al eludir los mecanismos de selección transparentes y al renovar contratos más allá de los plazos máximos y las condiciones de mérito. El informe determinó que la renovación de pasantías era un acto discrecional del jerarca que supeditaba la función pública a intereses particulares, afectando las garantías de igualdad para el acceso al cargo.
Gobierno de Luis Lacalle Pou (2020 – 2025)
El directorio de la Jutep estuvo integrado al comienzo de la administración por la presidenta María Susana Signorino (oficialismo), el vicepresidente Guillermo Ortíz (oficialismo) y el vocal Jorge Castro (oposición). El organismo elevó dos informes sobre casos de la administración pública, ambos correspondientes a gestiones y proyectos llevados adelante en los gobiernos del Frente Amplio.
El caso Antel Arena fue uno de ellos. El informe determinó un apartamiento de la “buena administración” y la violación de principios de conducta en la gestión de la obra. El ente argumentó que la administración no se sujetó al “ordenamiento jurídico vigente”, vulneró los principios generales del derecho y los específicos de la contratación pública que rige el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera).
Si bien el texto fue aprobado por unanimidad, Castro sufrió duros cuestionamientos a la interna del Frente Amplio y poco tiempo después puso su cargo a disposición. En ese momento, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) argumentó que el vocal no se estaba pronunciando sobre “el fondo del asunto”.
Un mes más tarde, el organismo falló sobre el proyecto de Gas Sayago, aún sin un representante designado por el FA y con los votos de ambos representantes de la coalición. Este informe también concluyó en un fallo ético grave, que generó pérdidas millonarias para el Estado uruguayo.
El argumento ético se centró en la falta de previsión y la negligencia en el manejo de los recursos públicos. Se determinó que se impulsó un proyecto de tal magnitud sin los debidos estudios de factibilidad económica y ambiental, lo que violó normas éticas y de buena administración.
Por Tomás Gebelin
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