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El Sindicato Único de
Trabajadoras y Trabajadores del INAU e Inisa (Suinau) en Maldonado hizo pública
una denuncia sobre lo que describe como una situación “urgente” y “grave” que
atraviesa el personal del departamento.
Según el comunicado,
desde hace más de un año advierten episodios de “hostigamiento” por parte de la
actual dirección departamental, así como “prácticas de negligencia
institucional” que “ponen en riesgo no solo a los niños, niñas y adolescentes”
atendidos, sino también a los propios trabajadores.
Suinau sostiene que la
institución ya se encuentra en un contexto crítico, especialmente en servicios
de 24 horas, y que en Maldonado la situación se vuelve aún más compleja debido
a las formas de gestión aplicadas por la dirección departamental. Según
indican, ante episodios “muy tristes y sensibles” que requerían un abordaje
profesional coordinado, no se actuó como correspondía y el equipo quedó
“librado a su propia suerte”.
En el texto difundido,
los trabajadores sindicalizados enumeran, además, “prácticas y lineamientos de
trabajo” que no responden a protocolos institucionales y que incluso “van en
contra de derechos básicos” de las infancias. También denuncian presiones para
modificar intervenciones técnicas que, de concretarse, podrían profundizar la mencionada
vulneración de derechos.
Suinau también
denuncia que, pese a intentar intercambiar con la dirección departamental sobre
la situación laboral, episodios de acoso y prácticas que consideran
preocupantes, “se ha filtrado información que derivó en
represalias contra quienes intentaron denunciar”, reclaman.
Ante este panorama, el
sindicato demanda una intervención inmediata de las autoridades competentes
para poner fin a las “arbitrariedades” en la gestión, así como también que se
adepten medidas que aseguren el cumplimiento de los reglamentos y protocolos
vigentes.
“Exigimos que se
asegure la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes y el
restablecimiento de condiciones laborales dignas para el personal. […] No
podemos ni queremos ser cómplices de decisiones que ponen en peligro a las
infancias y adolescencias, ni de prácticas que quiebran la integridad
profesional y emocional de quienes trabajamos por su protección”, finaliza el
texto difundido.
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