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El 21 de octubre, la Junta Departamental de Lavalleja celebró una sesión extraordinaria con la participación del intendente Daniel Ximénez. Tras la intervención de la nacionalista Carol Aviaga, su par del Partido Colorado, Luis Carresse, respondió en contra y, al finalizar el intercambio, envió a Aviaga a “hacer terapia”, lo que generó un fuerte malestar en el pleno.
A raíz de ese episodio, los ediles blancos presentaron una nota para que se investigara lo sucedido, al considerar que se trató de un caso de violencia política contra la edila. El Partido Nacional en Lavalleja respaldó ese planteo y recordó que Carresse ya había protagonizado otros incidentes similares. Incluso, en 2022 fue denunciado penalmente, aunque la causa se desestimó porque una de las involucradas no ratificó la denuncia.
El 23 de octubre, las edilas nacionalistas llevaron el caso a la comisión multipartidaria femenina de Lavalleja, que emitió una resolución de apoyo firmada por todos los partidos políticos.
Sin embargo, el 29 de octubre, cuando la Junta volvió a sesionar, las nacionalistas esperaban que se tratara su solicitud para abrir un ámbito de investigación en la recientemente creada comisión de Asuntos Internos, además de avanzar en un proyecto para crear un protocolo de actuación ante situaciones de violencia política.
El presidente de la Junta, el frenteamplista Mauro Álvarez, les comunicó que no era posible investigar lo ocurrido porque no existían mecanismos ni recursos para llevar adelante ese proceso a nivel legislativo. En sala, el Frente Amplio pidió que Aviaga se retirara para tratar su denuncia, pero no hizo lo mismo con Carresse. Cuando los ediles blancos pidieron hablar, desde el oficialismo departamental se entendió que el debate estaba agotado y se dio por terminada la sesión.
La tensión acumulada durante esos días llevó a que las edilas nacionalistas decidieran retirarse de la comisión multipartidaria. También resolvieron trasladar el caso a otros ámbitos, como la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el Directorio del Partido Nacional y el Comité Ejecutivo del Partido Colorado.
Finalmente, la Secretaría de Derechos Humanos del Partido Nacional emitió un comunicado en respaldo a Aviaga, en el que lamentó que se hubiera “vulnerado el derecho de una edila a expresarse y defender un proyecto que busca proteger a todas frente a situaciones de violencia”.
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