El directorio del Partido Nacional divulgó este lunes un documento interno en el que fija sus prioridades en seguridad pública para 2026 y endurece su discurso sobre el combate al crimen organizado.
La declaración señala que las políticas aplicadas en los primeros meses del nuevo gobierno “se sostienen y se vienen ejecutando con normalidad”, pero reclama avanzar hacia una fase más intensa, con reformas normativas profundas, nueva infraestructura penitenciaria y una fuerte apuesta tecnológica.
Los blancos afirman que Uruguay necesita “respaldar de manera clara y sostenida a la Policía”, fortalecer su legitimidad operativa y dotarla de nuevas herramientas para enfrentar organizaciones delictivas cada vez más complejas.
En ese marco, plantean una “política de Estado” que combine prevención, represión focalizada y un rediseño completo del sistema carcelario. El eje más contundente del texto es la propuesta de aplicar reclusión perpetua revisable para determinados homicidios, una iniciativa que retoma proyectos presentados años atrás por Jorge Larrañaga. La medida se enmarca en un paquete de agravantes automáticas para delitos vinculados a sicariato, redes internacionales y reclutamiento de menores.
El partido propone además reformar el Código del Proceso Penal durante 2026, en coordinación con el Ejecutivo y el resto de los partidos, con el objetivo de acortar plazos de investigación fiscal, equilibrar competencias entre Policía, Prefectura y Policía Aérea, y ampliar los derechos de las víctimas. Dentro del mismo marco legislativo, se incluye la creación de la figura de “Organización de Narcotráfico, Crimen Organizado o Lavado de Activos”, inspirada en el artículo 416 bis del Código Penal italiano, que aumentaría significativamente las penas para quienes integren o financien estas estructuras.
También se plantea criminalizar la tenencia de celulares en cárceles, aplicar castigos más severos por delitos vinculados al fentanilo, habilitar allanamientos en bocas de venta de drogas a partir de denuncias policiales y regular nuevos delitos informáticos, particularmente en redes sociales.
Otro punto central del documento es la reforma penitenciaria. Los blancos insisten en descentralizar el INR, construir nuevas cárceles —incluidas unidades de máxima seguridad, alejadas de centros urbanos— y ampliar las plazas de régimen estricto. El objetivo declarado es “recuperar el control”, reducir reincidencia y asegurar un aislamiento real de líderes criminales. La propuesta incluye crear fiscalías e investigaciones específicas para homicidios en todo el país.
En paralelo, el documento le asigna un rol protagónico a la tecnología como herramienta de prevención y represión. El plan prevé expandir el sistema de videovigilancia a seis bases regionales con unas 6000 cámaras, e incorporar drones urbanos para “persecución y control en tiempo real”, además de drones nocturnos para vigilancia de rutas.
También apuesta a ampliar el sistema de detección de disparos ShotSpotter, mejorar los radioenlaces policiales y desplegar aproximadamente sesenta sitios autónomos de Starlink en zonas rurales donde no hay conexión de Antel o UTE, una medida orientada especialmente al abigeato. La adquisición de radares móviles y fijos para blindar fronteras —un proceso iniciado en el gobierno anterior— también se posiciona como prioridad.
El documento plantea reforzar la Guardia Republicana, con más efectivos, nuevas bases y mayor equipamiento, y profundizar la coordinación entre el Ministerio del Interior e intendencias para controles de motos irregulares, fiscalización del tránsito, iluminación y cámaras. En el caso de la seguridad rural, se proponen más bases estratégicas y personal adicional. Finalmente, los blancos destacan la necesidad de mejorar salarios policiales, apoyar la salud mental de los funcionarios y sus familias y avanzar en planes de vivienda policial junto a las intendencias.
La declaración concluye que, dado que en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública participaron organismos como el BID, la CAF, la OEA y el PNUD, es pertinente destinar parte del endeudamiento público aprobado a financiar tecnología, infraestructura y equipamiento. El partido reafirma así una señal: su estrategia de seguridad para el próximo ciclo se asentará en penas más duras, cárceles más estrictas y un salto tecnológico sin precedentes.
