Nueva ley que prohíbe redes sociales a menores convierte a este país en un laboratorio global

El 10 de diciembre entrará en vigor la ley que obligará a las grandes plataformas sociales a bloquear las cuentas de los usuarios menores de 16 años en Australia, un movimiento que ya está generando turbulencias globales.

Según informan medios locales, la multinacional Meta* se adelantó al reloj y comenzó a eliminar perfiles de Instagram, Facebook y Threads el 4 de diciembre, detonando el inicio formal de un experimento digital observado con lupa por diversas naciones que estudian la posibilidad de replicarlo.

La norma fue aprobada en noviembre de 2024 tras un intenso debate parlamentario cargado de presión pública, impulsado por campañas de padres y organizaciones de salud mental. El Gobierno logró sacarla adelante con el apoyo mayoritario del Parlamento, pese a las críticas de la industria tecnológica y de varios legisladores que advertían sobre riesgos de privacidad y fallos técnicos. La votación consolidó el proyecto como uno de los cambios regulatorios más agresivos en la historia digital del país.

La transformación en cifras

La magnitud del cambio es enorme. Solo en Australia, Snapchat alberga unos 440.000 usuarios de 13 a 15 años, Instagram, unos 350.000, TikTok, 200.000, y hasta Facebook, considerado una reliquia para la generación alfa, cuenta con 150.000. Todos esos números deberían desplomarse de un día para otro con la entrada del veto, aunque la dirección del país insiste en que no será un aterrizaje perfecto.

La nueva norma no bloquea el acceso general, sino la posesión de cuentas, y solo afecta a diez plataformas, dejando fuera a servicios masivos entre adolescentes como Discord, Roblox, Pinterest, WhatsApp o YouTube Kids. Un aspecto importante es que no se impondrán sanciones a los padres ni a los niños  que sigan accediendo a las redes sociales después de la entrada en vigor de la ley.

Los pros y los contras

La industria, por su parte, enfrenta una complicada misión: identificar y desactivar cientos de miles de cuentas usando un conjunto de tecnologías de verificación que abarca desde análisis faciales o de voz hasta patrones de actividad escolar, pasando por señales de comportamiento y conexiones entre usuarios. El resultado es, por ahora, un laberinto regulatorio que cada plataforma interpreta a su manera y que podría derivar en errores, apelaciones y nuevas fricciones sobre privacidad.

El Gobierno defiende la medida evocando un oscuro catálogo de ciberacoso, ansiedad amplificada por los algoritmos, presión social y, en los casos más trágicos, suicidios juveniles en los que los padres aseguran que las redes fueron un catalizador. Al mismo tiempo, insiste en que la regulación tiene un objetivo similar a las restricciones de edad para el alcohol, tabaco o las licencias de conducir.

En contraste, las empresas tecnológicas sostienen que la ley es improvisada y que eliminará beneficios diseñados para menores (como controles parentales específicos), pero que, aun así, cumplirán con ella para evitar multas que pueden llegar a los 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses).

La realidad juvenil va por otro carril. En una encuesta con más de 17.000 menores, la mayoría afirmó que la medida «no funcionará» y «no es una buena idea», y tres de cada cuatro aseguraron que seguirán usando redes por cualquier vía disponible.

Lo único seguro por ahora es que Australia está reescribiendo las reglas del juego digital, mientras el resto del mundo toma notas y se mantiene a la expectativa.