El Poder
Ejecutivo anunció el cierre de negociaciones del Proyecto Neptuno con el
consorcio Infraestructura Arazatí S. A., y se llegó a un acuerdo de rediseño de
las obras.
En conferencia
de prensa, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, aseguró que esta renegociación
forma parte de un conjunto de inversiones, las “más altas de toda la historia”
del ente.
Así, según
comunicó el organismo, el acuerdo implica una nueva toma de agua bruta, una
planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos diarios de capacidad, una
subestacion eléctrica y tratamiento de los lodos en Aguas Corrientes. También
se prevé una nueva línea de bombeo, la rehabilitación del recalque de la cuarta
línea de bombeo y la instalación de troncales y tuberías de distribución del
recalque de unión.
La renegociación del contrato implica que el monto de capital
de las obras pase de un valor original de US$ 294 millones a un valor de US$
212,6 millones.
“Estos ahorros permiten generar espacio para poder acometer
otras obras que, en el marco de un enfoque sistémico de abastecimiento de agua
potable al área metropolitana, son imprescindibles”, recalca el comunicado
difundido por OSE. Esto implica, pues, la construcción de la
represa de Casupá, y de una solución de producción y distribución de agua
potable para el este de la Costa de Oro, las cuales se harán mediante
licitaciones públicas separadas.
El pasado 18 de julio el ministro de Ambiente, Edgardo
Ortuño; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y Ferreri anunciaron
la alternativa al Proyecto Neptuno. Esa conferencia se dio dos días después de que se conociera que se
dejó sin efecto la iniciativa del gobierno anterior, aunque desde Presidencia
habían aclarado que “la negociación no terminó”, según indicaron en ese
momento a Montevideo Portal fuentes del Poder Ejecutivo.
El pasado miércoles 30 de abril se dio la primera reunión entre
las autoridades de gobierno y representantes de las empresas (Berkes,
Ciemsa, Saceem y Fast) luego de que se firmara la suspensión de los plazos establecidos para su
puesta en marcha. Allí se generaron dos equipos de trabajo: uno
que profundizaría en los aspectos técnicos del contrato y el otro en los
jurídicos.
En este marco, el presidente de la República, Yamandú
Orsi, remarcó que “de antemano se sabe” que a la actual
administración no le “convence” el proyecto tal cual fue firmado por el gobierno anterior. “Pero
como tenemos un marco contractual que te obliga como Estado; tenemos que ver
cuáles son los espacios para cambiar ese proyecto hacia otra cosa”, remarcó
el mandatario.
Tal como informáramos, el gobierno uruguayo, bajo la
administración del entonces presidente Luis Lacalle Pou, firmó el contrato el pasado jueves 23 de enero. El
proceso había iniciado en noviembre de 2022, “cuando el gobierno
anunció la realización de la obra para la construcción y la operación
de un sistema de potabilización y abastecimiento de agua potable, que
permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o
fenómenos climáticos adversos”, señalaba el comunicado de Presidencia
de enero.
“Lo que le planteamos al consorcio es que, teniendo esta
visión crítica con el proyecto, lo que planteamos y acordamos con el
consorcio es frenar la ejecución del contrato por los próximos 90 días, a
efectos de poder tener 90 días para poder renegociar el contrato que
oportunamente firmó el gobierno anterior”, dijo en conferencia de prensa el secretario de Presidencia,
Alejandro Sánchez, a mediados de abril.
Durante estos tres meses se estableció una “mesa de
trabajo permanente” para poder renegociar el contrato, indicó el jerarca en
ese momento.
De esta forma, Sánchez reafirmó que el gobierno mantiene una
visión “crítica” respecto a la iniciativa. “Entendemos que no es un proyecto
oportuno, que no resuelve el problema de fondo, que es el de
garantizar el abastecimiento del agua potable para el área metropolitana”,
sostuvo.
Según manifestó, “arriba de la mesa están todos los
escenarios colocados”. Esto puede incluir desde la continuación de la
iniciativa “con cambios”, pero también que el proyecto “no continúe” y
“que se realicen otras obras”.
“Todos los escenarios están arriba de la mesa, pero
aquí tiene un marco jurídico (que nos establece el contrato), uno
técnico y uno económico para ver cómo colocamos los distintos
escenarios que están arriba de la mesa”, ratificó.
