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La Unidad
Académica de Cirugía de Tórax de la Facultad de Medicina (FMed) emitió un
comunicado a raíz de la imputación de dos cirujanos y una médica intensivista por
la muerte de un bebé de 13 meses al que se le practicó una presunta mala praxis.
Dicha unidad
de la Universidad de la República (Udelar) se vio “en la obligación institucional”
de expresarse ante lo que consideró “acusaciones graves, infundadas y de
extrema gravedad institucional” por parte de otras cátedras y asociaciones. A
su entender, se basaron en la “construcción deliberada de un relato falso y
malicioso que pretende instalar” que la Unidad de Cirugía de Tórax “actuó como
‘parte acusadora’, por iniciativa propia o fuera del marco legal y
universitario que rige su actuación”.
A entender
de los tres médicos firmantes —Gerardo Bruno, Julio Trostchansky y Daniel
Terra— los hechos objetivos “desmienten categóricamente ese relato”. Asimismo,
se refieren al caso como de “altísima sensibilidad humana”.
“Debe
quedar absolutamente claro que estas acusaciones se originan exclusivamente en
el hecho de que esta Unidad respondió un requerimiento formal de la Fiscalía
Penal, en el marco de una investigación por el fallecimiento de un niño,
cumpliendo una obligación legal y universitaria, y actuando como auxiliar
técnico de la Justicia, tal como corresponde en un Estado de derecho”, reza el
comunicado difundido por el organismo de la FMed.
Así, entiende que es “particularmente grave” que se “pretenda
cuestionar la capacidad técnica” de quienes integran la Unidad de Cirugía de
Tórax “por el solo hecho de tratarse de un paciente pediátrico”. Esa afirmación,
argumentan, constituye “un error conceptual grave, científicamente infundado y
una atribución indebida de autoridad académica”; esto “no corresponde ni desde
el punto de vista universitario, ni profesional, ni legal”, añaden.
En tal sentido, en el texto difundido se sostiene que el
requerimiento fiscal no versó sobre la idoneidad personal de los profesionales
que intervinieron quirúrgicamente al bebé ni tampoco sobre “trayectorias
individuales”, sino “sobre el análisis técnico y conceptual de un acto médico
propio del campo” de la cirugía torácica. Que la operación haya sido sobre un
paciente pediátrico “no modifica su naturaleza ni transforma el análisis solicitado
en una evaluación de especialidades”, sostienen desde la Unidad de Cirugía de Tórax.
“Esta Unidad rechaza en forma categórica las expresiones
vertidas desde ámbitos académicos y societarios que, en términos peyorativos,
corporativos y sin sustento técnico, intentan deslegitimar su actuación
institucional”, disparan en el texto.
Las expresiones “difamatorias” vertidas “intentan imponer un
monopolio de la verdad”, critica a continuación dicha división de la Facultad
de Medicina. Además, representan “el corporativismo en su máxima expresión” y “configuran
una presión corporativa e intimidación académica de una magnitud inédita en el
Uruguay”.
“Pretender limitar, condicionar o jerarquizar a priori la
opinión técnica universitaria en función de criterios corporativos constituye
un grave error conceptual y un antecedente institucionalmente inadmisible en un
Estado de derecho, por cuanto afecta la independencia técnica, la libertad
académica y el debido funcionamiento de los mecanismos de asesoramiento a la
justicia”, finaliza el comunicado.
Dicha unidad fue la responsable y parte clave del caso dado que realizó pericias que permitieron avances en el caso. De hecho, los documentos aportados fueron importantes para la imputación de los médicos que operaron al menor de edad, cuya familia es representada por Juan Pablo Decia.
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