Por Joaquín Symonds
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La Justicia emitió una sentencia para desestimar la nulidad presentada por la organización civil Misión Vida, una institución religiosa que había sido sancionada por la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
La multa impuesta por la secretaría fue de 50.000 unidades indexadas, que al valor actual representan más de $ 320.000. Los incumplimientos fueron detectados en octubre de 2021, durante una inspección, pero la sanción fue aplicada en 2024.
Según la Senaclaft, la organización no cumplía con las obligaciones de prevención de lavado de activos previstas en la Ley 19574. En concreto, la secretaría explicó que no existía forma de saber quién donaba dinero a Misión Vida, que no había un registro de los montos aportados ni se aplicaba la debida diligencia ante operaciones que pudieran resultar sospechosas.
En su defensa, la asociación civil sostuvo que la aplicación de esas normas vulnera la libertad de culto, ya que las donaciones se realizan en el marco de prácticas “religiosas tradicionales, muchas veces en efectivo y de forma anónima”.
A su vez, alegó discriminación y exceso de poder por parte del organismo de control del Estado.
“La Iglesia no está de acuerdo en elaborar una estructura de identificación y persecución de los distintos ofrendantes en las ceremonias del culto”, sostiene Misión Vida en la sentencia a la que accedió Montevideo Portal.
Sin embargo, la Justicia rechazó todos los argumentos esgrimidos al entender que las organizaciones religiosas están expresamente incluidas como sujetos obligados no financieros por la ley antilavado y que las exigencias de control no interfieren con el culto en sí.
Misión Vida afirmó comprender las “buenas prácticas” de la Senaclaft, pero sostuvo que estas implican una “agresión a la libertad de culto” y constituyen “una violación a la intimidad de los feligreses”.
Al mismo tiempo, señaló que tiene capacidad de identificar “cualquier movimiento extraordinario”, aunque no se demuestra el mecanismo utilizado. “Todo el manejo de fondos se encuentra bancarizado”, añadieron.
Asimismo, reconocieron que no se realizan listas ni clasificaciones de miembros de acuerdo con “los montos de sus donaciones, ya que es un acto íntimo que pone en relación directa al sujeto con Dios”.
Solo efectivo
En la sentencia, la Justicia indicó que Misión Vida es una organización con un flujo económico constante, masivo y relevante. Del fallo surge que el 80% de los ingresos proviene de diezmos y ofrendas realizadas por los fieles.
Las celebraciones congregan a unas 6.000 personas por semana en todo el país y las donaciones constituyen uno de los principales sostenes de la organización. Esto configura un sistema regular y estructural de financiamiento.
En los aportes no hay bancarización, según la Justicia, ya que los diezmos y ofrendas se realizan mayoritariamente en efectivo. El dinero se recolecta en bolsas durante las celebraciones, y los fieles depositan los billetes en el llamado “alfolí”.
En ningún momento existe un registro del aporte, e incluso, los niños pueden realizar donaciones. Se insiste en la sentencia en que no hay ningún control posible sobre el origen de esos fondos al momento de la donación.
Si bien la organización afirma tener protocolos para detectar donaciones mayores a US$ 3.000, la forma en que se reciben los aportes —en efectivo y sin identificación— hace imposible que esos controles se apliquen en la práctica.
La sentencia no menciona cifras globales, salvo una donación por US$ 8.387, realizada en 2020 por una mujer y su hermana. También se consigna que la organización sostuvo que, en los últimos años, se registraron algunos ingresos superiores a US$ 3.000.
La Justicia reconoce que, luego de recibir las donaciones, el dinero es depositado en cuentas bancarias. Sin embargo, a esa instancia se llega sin conocer al donante, el origen de los fondos, y sin contar con trazabilidad.
Se puede
Durante la pandemia, Misión Vida sí bancarizó las donaciones a raíz de las restricciones sanitarias. Durante ese período, se promovieron transferencias, se utilizaron cuentas identificadas con la organización y se redujo considerablemente el uso de efectivo en las celebraciones presenciales.
La sentencia señala que este antecedente contradice los argumentos de Misión Vida, ya que 2020 fue uno de los años en los que se registraron mayores ingresos por donaciones, por lo que la identificación del donante no incidió negativamente en la cantidad de dinero recibida.
Por Joaquín Symonds
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