Por Joaquín Symonds
joaquinsymonds
En las últimas semanas, el caso de Conexión Ganadera —pese a no registrar avances en la Justicia por la feria judicial— volvió al centro de la escena tras la divulgación de una serie de mails entre socios del “fondo ganadero”.
En los correos figuran mensajes de Daniela Cabral y su difunto esposo, Gustavo Basso, así como de Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow. De acuerdo con los textos, hay indicios de que los empresarios estaban al tanto de la maniobra fraudulenta al menos desde 2015.
Horas después de que se difundieran los mails, el yerno de Basso, Alfredo Rava, publicó un comunicado en el que sostuvo que los correos estaban bajo sospecha de ser falsos, ya que la cuenta de Gmail del fallecido fundador de Conexión Ganadera habría sido hackeada.
Tal como informó Montevideo Portal en primera instancia, la denuncia presentada por la defensa de la familia Basso —a cargo de Pablo Donnángelo y Eduardo Sassón— señaló que el cambio de contraseña del mail de Basso ocurrió luego de que la Justicia declarara en concurso la herencia del empresario.
El 10 de octubre, el síndico Alfredo Ciavattone —quien administra los activos y pasivos de Conexión Ganadera en el proceso concursal— entregó y dio de baja la línea de teléfono celular que utilizaba Basso, bajo contrato con la empresa Antel.
Poco más de un mes después, el 14 de noviembre, en una sede de Antel en Florida, un funcionario de la estatal adjudicó el número de Basso a otra persona.
Desde la empresa confirmaron que la gestión no se realizó en una sede de Montevideo y que, además de estar en proceso de responder el pedido de acceso a la información pública presentado por la familia del fallecido, se revisan los procedimientos internos para determinar si existió una falla o connivencia entre varias personas en el presunto hackeo denunciado.
Los informantes precisaron que, en una primera instancia, el objetivo es responder el pedido de acceso —que cuenta con una prórroga de 20 días hábiles— y luego, eventualmente, remitir a la Justicia información interna si se detectan irregularidades en el proceso de adjudicación.
En cuanto al lapso entre la entrega del número y su adjudicación a un nuevo cliente, el protocolo establecido hace tres años por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) dispone que el plazo —en el caso de servicios pospago, es decir, con contrato— es de seis meses.
Con estos elementos técnicos, desde Ursec entienden que el procedimiento aplicado para la baja del celular de Basso “no fue el correcto” desde el punto de vista del protocolo.
Entre las particularidades confirmadas, figura que una persona se presentó en la sede de Antel en Florida y solicitó expresamente el número de celular de Gustavo Basso bajo la modalidad de “tarjetero”, es decir, sin contratar un plan para habilitar la línea, según información policial a la que accedió Montevideo Portal.
Una vez que el número fue colocado en un dispositivo, el presunto hacker descargó y accedió a la aplicación de Gmail y cambió la contraseña. Para ello, recibió un mensaje de texto con un código, dado que Basso tenía activado ese método de autenticación.
A nivel policial, más allá de la línea temporal ya trazada, se constató que en determinado momento aparece registrada una IP de Estados Unidos, que posteriormente dejó de operar.
Otro aspecto que Delitos Informáticos pudo comprobar es que, en principio, el teléfono no tuvo actividad “normal”: no se enviaron mensajes de WhatsApp ni se realizaron o recibieron llamadas. Actualmente, el número aparenta estar inactivo.
En el plano fiscal, el caso fue asignado esta semana a la Fiscalía de Flagrancia de tercer turno de Montevideo, a cargo de Silvia Pérez. Se espera que el equipo fiscal avance en las próximas semanas, a medida que reciba información de la Policía, y ordene diligencias específicas, algo que aún no ocurrió a nivel policial ante la falta de un liderazgo claro de la investigación.
Pablo Carrasco y Gustavo Basso. Foto: Facebook Gustavo Basso Negocios Rurales
¿Por qué el número se entregó en Florida?
Según los registros de Antel, Basso mantuvo siempre el mismo número de teléfono desde que contrató los servicios del ente, hace más de 15 años. Desde hace más de una década, el empresario contaba con un contrato vigente con la empresa de telecomunicaciones.
Ese documento fue emitido a nombre del Escritorio Basso Negocios Rurales, con sede en Florida. En ese marco, el contrato fue firmado por el empresario en el departamento del que era oriundo.
Si bien la investigación se encuentra en una etapa incipiente —ya que la Fiscalía designada aún no ha podido dedicarle tiempo por tener otras causas en curso y prevé hacerlo en las próximas semanas—, una de las hipótesis apunta a una jerarca de Antel en Florida, cuya familia, entre ellos su hijo, figura entre los damnificados de Conexión Ganadera.
Las fuentes señalaron que, para solicitar el número, alguien debía conocer a quién pertenecía y contar con información precisa sobre el momento en que fue entregado al ente estatal.
Por Joaquín Symonds
joaquinsymonds
