Montevideo Portal
Un juzgado letrado de Montevideo se declaró incompetente
para resolver una medida cautelar que buscaba frenar actividades de exploración
petrolera en aguas uruguayas, decisión que derivó en un nuevo capítulo de
disputas judiciales y políticas alrededor de los contratos suscritos por el
Estado con empresas petroleras para la búsqueda y eventual explotación de
hidrocarburos en el mar.
En una sentencia, de la que informó inicialmente El
Observador y a la que accedió Montevideo Portal, el magistrado
Federico Tobía sostuvo que su juzgado no tenía competencia para analizar la
acción cautelar y que estos asuntos deben ser tramitados ante el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo (TCA), al considerar que corresponde primero
impugnar el acto administrativo que autorizó a Ancap a celebrar los
contratos de exploración y prospección sísmica.
La decisión del juez “no ingresó al análisis del fondo” de
los argumentos presentados por los colectivos que impulsan la acción,
encabezados por la asociación Mar Libre de Petroleras Uruguay, que
pretendían la suspensión de las actividades y la nulidad de los acuerdos
por su potencial impacto ambiental.
En respuesta, este colectivo anunció que presentará recursos
de apelación contra la resolución y analiza otras estrategias legales para
buscar que el caso sea examinado por instancias superiores. “Un contrato no
es un acto administrativo. El artículo 309 de la Constitución circunscribe
la competencia del Tribunal de lo Contencioso administrativo a la anulación de
actos administrativos, no de contratos”, increpó la agrupación a través de
un comunicado a la opinión pública.
“Frente a esta decisión, interpondremos un recurso de apelación
para que la cuestión sea revisada por el Tribunal de Apelaciones competente, y
nos encontramos evaluando otras vías procesales idóneas que permitan
asegurar una tutela judicial efectiva”, declara en la publicación.
En paralelo a esa vía judicial, la Institución Nacional
de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) presentó un recurso
de amparo ante un juzgado civil contra el Ministerio de Ambiente, el de
Industria y varias empresas involucradas, solicitando la suspensión
inmediata de las actividades de exploración petrolera.
La acción judicial promovida por la Inddhh “tiene por objeto
el cese de un daño grave e inminente y la prevención de perjuicios
susceptibles de prolongarse en el tiempo, frente a un riesgo ambiental ya
advertido y reconocido por las partes intervinientes”, reza la sentencia, a
la que accedió Montevideo Portal.
Así, el organismo solicitó que “se disponga el cese de toda
actividad vinculada a la prospección sísmica y a la explotación de recursos
asociada, impidiendo el avance de dichas actividades, por su manifiesta ilegitimidad
y por la vulneración de derechos humanos fundamentales”.
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