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La comisión preinvestigadora del Senado por el caso Cardama resolvió este jueves en la tarde que es “necesaria y urgente” una investigación con el fin de “determinar todas las responsabilidades políticas” y “defender el interés superior del país”, según expresó en un informe.
Luego de analizar la denuncia presentada por el senador frenteamplista Sebastián Sabini, la comisión entendió que los documentos y los informes sugieren “una cadena de irregularidades” que perjudicaron “la soberanía nacional, el patrimonio del Estado y la credibilidad institucional” del país.
Al final del documento, se establece que comisión pondrá el foco en revisar el proceso desde 2014 hasta el 2026, haciendo foco en “las presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación, constitución de las garantías” y especialmente en el contrato firmado en 2023 por € 82 millones, así como en los presuntos incumplimientos que derivaron en su rescisión. Ahora, la conformación de la investigadora deberá ser aprobada por votación en Cámara de Senadores.
En la reunión estuvieron presentes los senadores frenteamplistas Eduardo Brenta y Nicolás Viera. La tercera integrante, la senadora blanca Graciela Bianchi, no concurrió al considerar que el Frente Amplio convocó la sesión de manera “ilegal y antirreglamentaria”, alegando que no se respetó el plazo de 48 horas desde la creación de la comisión para presentar los informes.
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