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La Asociación Magistrados Fiscales del Uruguay emitió
un comunicado en apoyo al trabajo de la fiscal de 2° Turno de Ciudad de la
Costa, Sandra Fleitas, a quien le fue asignada la investigación sobre la
denuncia de una mujer trans contra el precandidato del Frente Amplio Yamandú
Orsi.
Según trascendió en varios medios de comunicación, Fleitas
había sido la elegida por Cabildo Abierto en caso de que la Fiscalía pasé a ser
dirigida por un triunvirato, iniciativa que no ha avanzado en el Parlamento ya
que no hay una posición homogénea sobre el tema.
“Como gremio representante del 90% de fiscales del
país, consideramos: que resulta absolutamente pernicioso para el trabajo de la
Fiscalía; que cada vez que a un/a fiscal se le asigne un caso de trascendencia
pública, se comiencen a deslizar suspicacias sobre las personas. Es oportuno
reiterar, que los fiscales tenemos vedada la actividad política, entonces es
inexacto vincular a un/a representante de la Fiscalía con facciones políticas”,
comienza el comunicado del gremio de investigadores.
En esta línea, la misiva agrega: “Obviamente que los
fiscales votamos, pero nada más; por tanto, vincular fiscales con partidos
políticos a partir de insinuaciones es perjudicial, primero para el/la
funcionario/a y segundo para el normal funcionamiento del sistema, pues se daña
su credibilidad. Es muy preocupante que el mero hecho de que una fuerza
política proponga a un/a Fiscal de carrera como posible fiscal general, de pie
a que se deslice vinculaciones improcedentes”.
La Asociación también apuntó contra el Parlamento y
recordó que la institución “padece una coyuntura de acefalía desde hace casi 1.000
días”, luego de la renuncia como fiscal de Corte el abogado Jorge Díaz.
“Hasta la súplica hemos pedido se designe un fiscal general,
evaluando trayectorias y aptitudes de Fiscales. Pero el ser propuesta/o no
puede significar que el colega sea foco de señalamientos con lógicas políticas
que deben estar por fuera de esta institución y función. Nuestro objetivo no es
condicionar la tarea de nadie, sino hacer un llamamiento a reflexionar sobre la
importancia del trabajo fiscal alejado de rumores o suspicacias que afectan a
los colegas y a la confianza de la ciudadanía en la institución y en el sistema
de justicia”, apunta el comunicado.
Como gremio representante del 90% de Fiscales del país, consideramos: que resulta absolutamente pernicioso para el trabajo de la Fiscalía; que cada vez que a un/a Fiscal se le asigne un caso de trascendencia pública, se comiencen a deslizar suspicacias sobre las personas
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— Asociación Magistrados Fiscales del Uruguay (@FiscalesUruguay) March 14, 2024
La fiscal Fleitas
El caso de la denuncia contra Orsi fue asignado a Fleitas
por el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación del Ministerio
Público.
Fleitas es una funcionaria conocida dentro del mundo
fiscal y de la justicia uruguaya, no solo por algunas investigaciones que ha
llevado adelante, sino porque ha protagonizado diferentes polémicas dentro del
Ministerio Público.
Uno de los abogados designados por Orsi es el exfiscal
de Corte Jorge Díaz, a quien Fleitas tuvo como superior durante algunos años
antes de que el ahora defensor dejara sus funciones públicas.
En 2015, Díaz le retuvo el sueldo y sancionó a la
fiscal por seis meses, tras una denuncia del Colegio de Abogados del Uruguay
sobre algunas irregularidades en su proceder cuando estaba a cargo de la
Fiscalía de Treinta y Tres.
Básicamente, los defensores aseguraban que Fleitas
había hecho algunos acuerdos abreviados sin las garantías suficientes producto
de “procesos arbitrarios”.
En 2022, un juez de lo Contencioso Administrativo
condenó a la Fiscalía a pagarle más de $ 1 millón por una sanción que resultaba
irregular, y un Tribunal de lo Contencioso Administrativo dio el visto bueno a
favor del Ministerio Público.
Otro de los casos que la tuvo como protagonista fue
cuando se la condenó a indemnizar a una chofer de camión. El hombre había
chocado y se le retuvo la licencia de conducir por un año, pero debido a las
actuaciones de Fleitas, el tiempo se extendió a tres años. Esto provocó que el
individuo perdiera su trabajo.
Si bien en un comienzo la indemnización iba a ser
pagada por el Poder Judicial y el Ministerio de Educación y Cultura, este
último entendió que era Fleitas quien debía hacerse cargo porque era la que
estaba al frente de la causa.
Finalmente, el juez de lo Contencioso Javier Gandini
entendió que era correcto y Fleitas tuvo que pagar $ 440.000 más intereses.
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