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La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del
Estado (COFE) emitió un comunicado este jueves en el que reclama que el
gobierno “impone el nuevo régimen de descuentos por licencia médica sin negociación
colectiva”, ya que a partir del 1º de abril el Poder Ejecutivo pondrá en
vigencia un nuevo régimen de certificaciones para empleados públicos.
Según COFE, esto implica un recorte salarial “en forma
arbitraria”, que “barre con los derechos de más de 300.000 trabajadores
públicos y sus familiares”.
El documento establece que los trabajadores del Estado solo
podrán percibir su sueldo completo durante nueve días hábiles en todo el año si
se enferman, y luego tendrán derecho al subsidio del Banco de Previsión Social (BPS) que va del 100 al 75%
de su remuneración.
Actualmente, los funcionarios públicos que se certifican no
tienen un límite de días para hacerlo ni se les descuenta nada de su sueldo.
En principio, esta disposición se iba a poner en vigor a
comienzos de este año. Pero a fines de enero, debido al reclamo sindical, el
Ministerio de Trabajo prorrogó por 60 días la aplicación del nuevo régimen.
Ahora, COFE reiteró el reclamo de que no ha habido “ninguna
convocatoria a los ámbitos formales de negociación colectiva previstos en la
Ley 18.508”.
El sindicato dijo en la carta que, a la fecha, el
Poder Ejecutivo no ha instalado “una mesa de negociación para tratar todos los
temas vinculados al nuevo sistema de licencias médicas”, ni “las bipartitas de
salud laboral en todos los incisos”, a los que se había comprometido por ese
entonces.
Ante esto, los estatales anunciaron que iniciarán “un plan de
acción que incluirá la concreción de medidas de lucha” y que presentarán “un
recurso administrativo contra el instructivo”, con “las consultas jurídicas
pertinentes para iniciar una acción de inconstitucionalidad” y se “realizará una
denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
“Como es práctica sostenida del actual gobierno, nos mintió
descaradamente”, calificó COFE, y agregó: “El gobierno tiene incorporado en su
ADN, como parte de su concepción de gestión y de ajuste, el recorte de salario,
el perjuicio a los trabajadores y la negociación de mala fe, al punto tal que
promueve la inexistencia de la negociación colectiva”.
Asimismo, afirma que “no se registran antecedentes de tantos
compromisos incumplidos”. Y enumera estas promesas: “Concursar los cargos a
dedo en todo el Estado”; “instrumentar un sistema de carrera administrativa” para
promover “ascensos y motivación”; “no realizar recortes de cargos al barrer” y recuperar
“el salario perdido”.
“La visión del gobierno de coalición de atropellar derechos,
de aplicar leyes cuando perjudican a los trabajadores, pero de mantener
selectivamente aquellas leyes que le permiten mantener hasta el final de su
gestión los cargos a dedo y de particular confianza, representa también una
concepción de cómo administrar los fondos públicos, donde la discrecionalidad
en la utilización de los mismos es moneda corriente”.
Por último, solicitaron “la convocatoria urgente a la
negociación colectiva”, e instaron “al gobierno y al presidente de la República,
Dr. Luis Lacalle Pou, a dar cumplimiento a la Ley 18.508, de Negociación
Colectiva del Sector Publico”.
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