La
policía peruana allanó este sábado la casa y el despacho presidencial de Dina
Boluarte, quien alegó ser víctima de un “ataque sistemático” en medio de la
investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.
Boluarte
está en el centro del escándalo por unos relojes Rolex que no habría declarado
dentro de sus bienes.
Sorpresivamente,
un grupo de uniformados y fiscales irrumpió en la madrugada en su vivienda del
este de Lima, tras derribar la puerta con una barra de hierro.
En el
marco de la misma diligencia, también ingresó al palacio de gobierno para
registrar el despacho de Boluarte, quien estuvo presente durante el operativo.
“La
medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva”, dijo Boluarte
en un mensaje a la nación.
Las
autoridades realizaron los registros en busca de los relojes de lujo, cuya
procedencia la mandataria no ha esclarecido.
Aunque la
fiscalía no ha revelado si halló las joyas u otra evidencia, la defensa de
Boluarte aseguró que los policías encontraron unos relojes durante los
operativos.
“No se
los llevaron, se constató y tomaron fotografías. Eran aproximadamente 10,
dentro de ese número había algunos relojes bonitos, pero no puedo decir cuántos
eran marca Rolex”, señaló el abogado Mateo Castañeda a la radio RPP.
Boluarte,
quien asumió la presidencia en diciembre de 2022, comenzó a ser investigada el
18 de marzo por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de
consignar declaraciones en documentos públicos.
“La
presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca la
democracia y el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y
económica”, denunció la mandataria de 61 años.
Sin aclarar
Sin
embargo, Boluarte evitó, por “recomendación de su abogado”, referirse
públicamente al llamado caso Rolex hasta que pueda declarar ante la fiscalía,
diligencia que está prevista para el viernes 5 de abril.
La
mandataria insistió en su mensaje que es víctima de un “ataque y acoso
sistemático”, a partir de “noticias tendenciosas y falsas”.
Aun así, “asistiré
a la fiscalía para declarar sobre los relojes. No soy corrupta ni ladrona”,
remarcó.
Los
allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Supremo de Investigación
Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del
fiscal de la nación.
En caso
de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo
respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su
mandato, según fija la Constitución.
El
escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de
Boluarte desde el Congreso alegando “incapacidad moral”.
Para que
ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y
son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias
bancadas de izquierda en una alianza, en teoría, difícil de concretar.
Este
sábado, 26 de los 130 congresistas de la bancada de izquierda, entre ellos la
del partido al que perteneció Boluarte, presentaron una “moción de vacancia”
contra la presidenta ante las directivas del parlamento.
Para que
sea llevado a debate, antes debe ser aprobado por medio centenar de
legisladores la semana entrante.
En el tiempo
que lleva en el poder, la izquierda parlamentaria presentó dos mociones
exigiendo la destitución de Boluarte. Ninguna fue admitida a debate por la
mayoría derechista del Congreso.
Otras investigaciones
El
escándalo por los Rolex estalló tras un reportaje del programa periodístico “La
Encerrona” a mediados de marzo.
El medio
reveló que Boluarte había usado varios relojes de la marca de lujo en
actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del
expresidente Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en
2021.
El
período analizado por el programa va hasta diciembre de 2022, mes en que asumió
la presidencia.
A raíz
del escándalo, la Contraloría de la República anunció que revisaría nuevamente
las declaraciones de bienes que Boluarte presentó los dos últimos años en busca
de algún eventual desbalance patrimonial.
La
fiscalía ya investiga a Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio,
homicidio calificado y lesiones graves”, en un caso abierto el año pasado por
la muerte de más de 50 ciudadanos “durante las movilizaciones sociales entre
diciembre de 2022 y enero de 2023”.
Con una
popularidad de apenas 10% en las encuestas, la presidenta peruana carece de
bancada propia en el Congreso.
Boluarte
era vicepresidenta hasta que asumió la primera magistratura el 7 de diciembre
de 2022 luego que el Congreso destituyera al presidente izquierdista Pedro
Castillo por su intento de disolver el Parlamento y gobernar por decreto.
AFP
