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A partir de
este lunes 1º de abril el Poder Ejecutivo pondrá en vigencia un nuevo régimen
de certificaciones para empleados públicos que establece que los trabajadores
del Estado solo podrán percibir su sueldo completo durante nueve días hábiles
en todo el año si se certifican por enfermedad.
Luego,
tendrán derecho al subsidio del Banco de Previsión Social (BPS) que va del 100
al 75% de su remuneración, como sucede con los trabajadores privados.
Sobre esto,
existen excepciones como ciertas enfermedades, accidentes laborales, embarazo o
tratamientos prolongados.
Actualmente,
los funcionarios públicos que se certifican no tienen un límite de días para
hacerlo ni se les descuenta nada de su sueldo.
Solo en 2022,
los estatales se
ausentaron 31 días en promedio, de acuerdo con datos del BPS. Por
ese motivo, la Rendición de Cuentas de ese año —publicada en 2023— incluyó por
primera vez este nuevo régimen.
A este
respecto, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE)
había emitido un comunicado el pasado jueves 21 de marzo en el que volvía a
reclamar por la imposición del gobierno del nuevo régimen de descuentos por
licencia médica “sin negociación colectiva”.
Según COFE,
esto implica un recorte salarial “en forma arbitraria”, que “barre con los
derechos de más de 300.000 trabajadores públicos y sus familiares”.
Sin
embargo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, respondió que
esta vez el cambio sería impostergable.
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