Dirigentes del Gobierno y empresarios en el riñón de Gonzalo Aguiar
Nada despreciable fue el trabajo de su verdadera esposa, la salvadoreña Roxana Donan, socia de Aguiar en la empresa A.D. Group con sede en Toronto, dedicada a la construcción, con la que se asociaron a Pollesel en 2016 y luego lo convencieron del proyecto uruguayo de Boreal, que se empezó a gestar en Canadá a mediados de 2019 y terminó de tomar forma en 2020.
La “fiesta” inaugural fue completa. Luego de obtener las autorizaciones correspondientes y finalizada la construcción, la planta fue presentada, con bombos y platillos, el 7 de setiembre del 2020, por el presidente Lacalle Pou y varios de sus ministros. Todos se encandilaron ante el proyecto millonario de este uruguayo que había residido en el exterior y volvía a su país a instalar una de las plantas de producción de cannabis medicinal más grande de América Latina. Un proyecto en el que se iban a invertir 27.500.000 de dólares, anunciaban con entusiasmo.
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Foto: Presidencia
Asimismo, Gonzalo Aguiar tenía el perfil empresarial que el Gobierno buscaba para, entre otras cosas, avalar en la práctica la idea que los asesores económicos sugirieron y plasmaron en la Ley de Urgente Consideración: flexibilizar el control de capitales con fines de inversión.
Con la promesa de llegar a generar 1000 puestos de trabajo, la planta de Ignapin S.A. (Boreal) se instaló en Colonia Garibaldi (Salto), con una coqueta oficina en la Rambla República de México 6145, ubicada en el barrio de Carrasco en Montevideo, donde funcionaba la administración de la empresa y Aguiar recibía con frecuencia a empresarios y políticos.
En la mira de Aguiar también estaba la posibilidad de expandir el negocio hacia Artigas, por lo que había solicitado a Pollesel 7,5 millones de dólares para comprar tierras en Bella Unión. Para varios dirigentes políticos, invertir en el norte uruguayo, con los más altos índices de desocupación, era una apuesta más que atractiva. El proyecto, del que participaban dos lobistas muy cercanos al Gobierno era construir una Zona Franca Orgánica en Artigas.
Asimismo, Aguiar inmediatamente se puso al servicio del Gobierno de Lacalle Pou. Fuentes consultadas por este equipo confirmaron que este ofreció al entonces senador Gustavo Penadés dinero para financiar la campaña a favor de ratificar la Ley de Urgente Consideración.
La confirmación de si el dinero fue aceptado o no, se encuentra en una cárcel de Florida donde no tuvimos acceso.
Entre canapés, Lamborghinis y las misteriosas visitas de los viernes
Para setiembre del 2021, Aguiar ya era un exclusivo empresario “amigo” de altos dirigentes políticos y empresarios cercanos al Gobierno. De hecho, los dos lobistas más cercanos a Boreal y Aguiar generaron una reunión en Torre Ejecutiva el 6 de octubre de 2021 con autoridades del Ministerio del Interior; Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Salud Pública y el IRCCA, para buscar una posible solución por una cosecha (la tercera) que había resultado fallida debido a una semilla (Monlag) que había salido disparada. Según una fuente de la empresa, dicha reunión no tuvo resultados positivos para Boreal ya que se tuvo que descartar lo producido por disposición del MGAP, aunque ese cannabis sigue estando en Salto advirtió la fuente.
A pesar de que la empresa estaba llena de problemas y no exportaba lo producido, en poco tiempo, Aguiar ya había comprado una flota de autos caros, un yate y la lujosa mansión del barrio golf La Maison (entre otras propiedades). Aunque la casa no demoraría mucho tiempo en ser vendida por Aguiar, no sin antes oficiar de sede de varias reuniones que el empresario -ultimado el pasado 26 de febrero por su expareja- mantenía con todo tipo de personalidades locales y extranjeras.
Fuentes consultadas confirmaron que Aguiar –sobre todo (pero no solo) por sus extravagantes autos y su numerosa custodia personal– nunca pasaba desapercibido en la noche puntaesteña y hacía “migas” con importantes empresarios de la movida nocturna y gastronómica. De hecho, en la última etapa se vinculó con algunos socios de la cadena de restaurantes de sushi Magnum, que Aguiar estuvo interesado en comprar en 2023, pero finalmente no se concretó.
Con dinero contante y sonante, y siempre acompañado de hombres del Gobierno, a los que presentaba casi como sus “empleados”, se daba el lujo de que se le abrieran las puertas para sus inversiones inmobiliarias y comprara a una importante automotora de Punta del Este sus vehículos de alta gama, que ahora es investigada en la causa por presunto lavado de activos.
Mencionamos setiembre del 2021 porque fue en Roma (Italia) en una conferencia organizada por Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones (CERTAL) –que iba a tener un encuentro con el papa Francisco– donde Aguiar, acompañado de importantes empresarios uruguayos vinculados al Gobierno, iba a ser presentado a un diputado que iba a cobrar notoriedad con el tiempo por su relación con él. Se trata del cabildante Sebastián Cal.
Según sus propios comentarios, Cal “comió del tupper”, rodeado de importantes empresarios uruguayos y de la mano derecha del dueño de Boreal, el abogado Brian Montgomery. Acompañado varias veces por el canadiense, no había motivo para desconfiar, creyó.
Hombres de la mesa chica del presidente Luis Lacalle, como Nicolás Martinelli, eran la “garantía” de que Aguiar representaba, con su exclusiva inversión, un hallazgo innovador.
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Foto: X Nicolás Martinelli
Una fuente de Boreal, que trabajó codo a codo con Aguiar desde el principio en la administración de la empresa y fue testigo de los contactos políticos, a los que llamó “lobistas blancos”, dijo que Martinelli era el más asiduo visitante de la oficina de Boreal en Carrasco. Casi religiosamente “pasaba todos los viernes” a buscar algo que suponía que era «plata”.
A fines de 2022, la imagen de Aguiar ya no era la de 2020. En Canadá ya no confiaban en él y el pomposo proyecto de Boreal empezaba a llenarse de deudas y dudas. Aun así, varios políticos (entre ellos Martinelli) y empresarios participaron el 22 noviembre de 2022 del casamiento de Aguiar con quien finalmente lo ultimó, Romina Camejo. Boda que luego se supo era falsa, aunque aún todos compartían los canapés, dicen ahora, con cierta desconfianza.
Los ruidos que empezaron a sonar en Maldonado, Salto y Paraguay
El deslumbramiento de Cal con el proyecto de Boreal lo llevó a viajar junto al empresario a Colombia, donde el diputado presentó a Aguiar al ministro de Ganadería de ese país, que estaba detrás de una inversión de cannabis, luego de la legalización de ese mercado.
Si bien ese emprendimiento no prosperó, el vínculo entre el legislador cabildante y Aguiar duró hasta que el ahora fallecido lo invitó a viajar a Paraguay. El rechazo de Cal, según nuestras fuentes, lo dio en la casa de Aguiar en Punta del Este, custodiado por guardias fuertemente armados, entre ellos dos funcionarios policiales que brindaban un servicio 223, con la autorización del jefe de Policía de Maldonado en aquel momento, Julio Pioli.
Esa situación aparentemente no era conocida por Cal, que cuando empezó a sospechar de los turbios vínculos del “emprendedor cannábico” fue a denunciar ante Pioli que dos de los suyos trabajaban como guardias privados del empresario. Pero la apática respuesta del jefe policial y una amenaza recibida por parte de Aguiar, apenas dos días después del encuentro en Jefatura de Maldonado, pusieron en alerta al diputado cabildante que se vio enredado en un complejo entramado de negocios, favores y complicidades detrás de la figura de Aguiar, quien, si bien tuvo que prescindir de la custodia policial, no tardó en sustituirla por una nueva protección de seguridad, brindada, según mencionó Cal, por narcotraficantes que operaban en Maldonado.
La desconfianza de Cal también puede estar justificada porque, en la noche puntaesteña, entre tragos y sushi, Aguiar, junto al dueño de la automotora y otras personalidades del exclusivo mundo nocturno, se vinculó con gente del círculo de Sebastián Marset en Uruguay.
Además, fuentes consultadas acreditaron que la Secretaría Nacional de Inteligencia de Paraguay, que seguía los pasos de un narcotraficante paraguayo, detectó que éste se reunió con Aguiar en Brasil y que también tuvieron encuentros en la casa de Aguiar en Punta del Este.
A partir de 2023, aquella foto de Aguiar de 2020, como prominente empresario cannábico presentado por el Gobierno, comenzaba a quedar desfigurada por las mentiras, su consumo abusivo de cocaína y por un círculo íntimo integrado por personajes cada vez más oscuros. El falso secuestro del sobrino de Camejo, que trabajaba en Boreal y tenía una supuesta deuda por drogas y un intercambio de disparos con policías en el Prado, marcaban el perfil de Aguiar.
El eco en Canadá
Por ese entonces, empleados de Boreal ya sospechaban de la pasividad de Aguiar en abrir mercados para vender el cannabis producido, ya que habían pasado más de dos años desde la primera cosecha y todavía no habían podido exportar un solo gramo de cannabis. Mientras tanto, los dólares seguían fluyendo desde Canadá, donde ya miraban de reojo al uruguayo.
En Ontario la desconfianza crecía en la medida que no llegaban los comprobantes del dinero invertido; pero las alarmas sonaron fuertes en Canadá cuando detectaron que los estados de cuenta bancarios que había enviado Aguiar a sus socios canadienses eran falsificados. Uno de ellos del Banco República (BROU) que justificaba 90 millones de euros en su haber y otro del BBVA donde acreditaba poseer en su cuenta una suma de 25 millones de dólares.
A su vez, un joven abogado con oficina en Plaza Independencia osó, en una llamada telefónica con los inversionistas canadienses, hacerse pasar por el presidente del BROU, Salvador Ferrer, para intentar calmar las ansiedades y las dudas generadas por el socio uruguayo de Boreal.
Pero los engaños de Aguiar habían empezado mucho antes. Cuando un importante empresario financiero local desestimó abrir cuentas para Boreal, que, a pesar de ser avalado por el Gobierno, provenía de la producción de cannabis (rubro que tiene restringida la bancarización), Aguiar presentó en una de sus reuniones a una persona que se hizo pasar por un alto funcionario de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado (SENACLAFT).
Consultado por Caras y Caretas, el secretario de la SENACLAFT, Jorge Chediak, enfatizó que es improbable que un funcionario del organismo tuviera un vínculo directo con Aguiar, y que no es de estilo que dichos funcionarios participen en nombre del organismo en reuniones empresariales.
Ante la negativa del director de uno de los cambios y casas financieras más importantes de plaza de abrir una sucursal en Salto, Aguiar consiguió, finalmente, que el Cambio Salto Grande administrara la circulación del dinero que llegaba mensualmente desde Canadá. Y así funcionó desde el inicio de las operaciones de Boreal hasta el final, aseguró una fuente de la empresa.
Si la naturaleza de dichas transacciones cumplía o no con las normas financieras vigentes, también es materia de investigación en torno a los movimientos de dinero de Aguiar.
El principio del fin
En enero de 2023, desde el otro extremo del continente confirmaron las sospechas, cuando los abogados uruguayos de Pollesel empezaron a constatar cómo Aguiar los había estafado.
La denuncia se presentó formalmente, primero en Canadá contra la empresa A.D. Group, el 27 de enero de 2023, por intermedio de Montgomery, pero después, de la mano de dos abogados uruguayos que estuvieron desde la génesis del proyecto, se presentó en la Justicia de Uruguay una denuncia por estafa, ya que Pollesel entendía que Aguiar lo engañó y malversó el dinero de la inversión.
El empresario fue acusado de apropiación indebida, estafa y falsificación de documentos. Los accionistas acusaban a Aguiar, a su verdadera esposa y a sus dos hijos mayores por haberse enriquecido indebidamente con 10 millones de dólares que eran parte de la inversión.
Ante una nueva mentira del empresario uruguayo, que prometió que viajaría a Canadá a dar explicaciones, los canadienses perdieron la paciencia y se presentaron a fines de enero en Uruguay, donde también constataron que las inversiones de Boreal habían sido menores que las justificadas por Aguiar ante sus socios. Por ejemplo, en la compra del terreno en Salto, que costó 700 mil dólares, bastante menor a los 1,5 millones de dólares que había informado en un principio Aguiar. De los 27,5 millones de dólares recibidos, destinó ocho a la instalación de la planta. El resto ya era materia de investigación penal, tanto en Canadá como en Uruguay.
A partir de ese momento Aguiar no volvió a pisar la oficina de Carrasco, y mucho menos la de Salto. Desde su lujosa guarida puntaesteña, el empresario intentó, sin aparente éxito, que sus empleados evitaran brindar información y documentación a las autoridades judiciales e impositivas que se presentaron en Boreal para investigar la ruta del dinero invertido.
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Ese fue el principio del fin para Boreal, que desde 2020 a 2023 tuvo una actividad que disminuyó zafra a zafra, y contrario a las proyecciones que prometió la empresa de llegar a una nómina de 1000 empleados, la planta llegó a tener un pico de 400 trabajadores en 2021, que fue disminuyendo año tras año hasta llegar a los 40 empleados en 2023, que luego se redujo a 15 en el correr de 2023, hasta que la planta de Boreal dejó de funcionar en junio de ese año.
Pero Boreal ya estaba intervenida por la Justicia desde fines de enero de 2023 y designó como síndico al Dr. Carlos López, que el 10 de agosto declaró el Concurso Necesario de la empresa. En la junta de acreedores que se llevó a cabo el 20 de febrero de 2024, se tomó la decisión de vender la empresa en bloques, liquidación que se desarrollará el 24 de mayo en Montevideo.
Por su parte, los trabajadores a los que se les debe la liquidación final y la indemnización por despido deberán esperar la venta de los activos de la empresa para poder cobrar sus haberes. En tanto, en la planta de Boreal hay 20 toneladas de cannabis que no pudieron ser vendidas.
Un robo sospechoso
El 22 de febrero de 2023, pocos días después de la denuncia y el embargo trabado por los canadienses, La Maison fue robada por cuatro delincuentes que ingresaron fuertemente armados a la residencia de Aguiar, amenazando a dos guardias y a su padre de 85 años.
Todo esto lo hicieron con “extrema violencia”, manifestó la Fiscalía, que detalló que “a punta de pistola” hicieron circular por toda la casa a las víctimas, que posteriormente fueron atadas.
Los delincuentes ingresaron a un “búnker” detrás de una pared, donde Aguiar guardaba un verdadero “arsenal”, comentaron fuentes cercanas al entorno del empresario, que también aseveraron que no todas las armas estaban registradas debidamente. Según informó la Justicia, en total se llevaron 20 armas cortas y largas, municiones, celulares, entre otros objetos. Los delincuentes también habían buscado dinero, pero supuestamente no encontraron.
Fiscalía aseguró que uno de los acusados, Henry Madrid, trabajaba como guardia de seguridad en la mansión desde hacía un año y «era compañero de trabajo directo» de los guardias de seguridad víctimas del copamiento. Entre los copadores, solo Diego Domínguez Dávila era poseedor de varios antecedentes penales, casi todos por el delito de hurto en Maldonado.
Tras llevarse el botín, los delincuentes escaparon en una camioneta que luego incendiaron en un camino ubicado en el kilómetro 216 de la ruta 10, en el límite entre Maldonado y Rocha. Los cuatro fueron detenidos y luego procesados como responsables de distintos delitos.
Lo vidrioso del asunto es que el robo se dio pocos días después de la notificación del juicio que iniciaron los canadienses contra Aguiar y su familia en Canadá. Según varias fuentes consultadas, el robo fue propiciado por el mismo Aguiar para “hacer caja” con la venta de armas y justificar la desaparición de parte del dinero que le reclamaban desde Canadá.
Las investigaciones penales en curso
Actualmente existen tres líneas de investigación abiertas en torno a Gonzalo Aguiar. Una a cargo del fiscal de Maldonado, Sebastián Robles, que deberá determinar si fue homicidio o un acto de legítima defensa por parte de Camejo. Desde la defensa de Camejo intentan demostrar algunos precedentes de agresiones de Aguiar y “episodios muy graves de violencia” como la amenaza sufrida por los padres de Camejo en Montevideo cuando “les tiraron desde afuera del domicilio hacia dentro una bolsa con huesos y cráneos humanos”, relató su abogado.
Por otra parte, desde hace más de un año se investiga la posible estafa (de Aguiar a empresarios canadienses) a cargo del fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez, que tras la muerte del acusado se derivó a una por un posible lavado de activos que está llevando adelante el fiscal Enrique Rodríguez, con todos los elementos de la anterior y nuevas pistas.
Gilberto Rodríguez había ordenado levantar el secreto bancario de Aguiar para saber si el empresario asesinado tenía dinero en su cuenta. Respecto a la causa paralela que investiga el lavado de activos, Enrique Rodríguez días atrás diligenció una serie de allanamientos en las casas esteñas de Aguiar y otras oficinas, en busca de documentación que compruebe el ilícito. Por ejemplo, sobre la conformación de sociedades anónimas en el exterior para transferir el dinero, y la participación de algunos empresarios locales, familiares y prestanombres.
En la arena política, Cal compareció el martes 2 en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado en la que, a pesar de haber sido una sesión reservada, luego trascendió por parte de su presidente, el legislador frenteamplista Eduardo Brenta, que Cal ratificó sus dichos que se hicieron públicos hace un mes por audios divulgados por el portal Crónicas del Este, en los que el legislador cabildante involucraba a jefes policiales e importantes funcionarios del Gobierno dentro de un esquema de complicidades con Aguiar. En esa conversación informal, el diputado expresó, entre otras cuestiones que, «la que me va a terminar limpiando es la Policía y no los narcos».
El miércoles 5, Cal reiteró las declaraciones ante la Fiscalía, en una denuncia que fue asignada por la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) al 5to. Turno de Maldonado, a cargo del fiscal Jorge Vaz, debido a que los presuntos hechos ocurrieron en ese departamento.
En tanto, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, deberá comparecer a fines de este mes ante la misma comisión para dar explicaciones sobre el proceder de algunos jefes policiales (también por el caso Gustavo Penadés) y su vínculo con Gonzalo Aguiar.
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