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La penalista Ana García, quien defendió, junto al abogado Leonardo Nilson, al exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, dijo por su parte a Caras y Caretas que “si hubiera sido por nosotros, seguramente hubiéramos llegado al juicio oral y no al juicio abreviado” al que finalmente se arribó.
La cantidad de juicios abreviados que alcanza la Fiscalía General de la Nación ronda el 95 %. El juicio abreviado implica la admisión de hechos relatados por la Fiscalía y, a cambio –en el marco del acuerdo entre el imputado, su defensa y el fiscal–, se obtiene la reducción hasta en un tercio de la pena que se le solicitaría en un juicio oral. La admisión de los hechos podría entenderse como lo que es: reconocer los delitos que la fiscal relata en su teoría del caso. Sin embargo, el mundo de los acuerdos abreviados encierra un aspecto más. El fiscal relata el conjunto de evidencias que reunió hasta esa etapa de la investigación y si la defensa del imputado discrepa en uno o varios aspectos, a la hora del juicio abreviado, en general no se considera. “Tómalo o déjalo”, dijo una fuente consultada, quien subrayó que “si la persona está cumpliendo prisión preventiva, la urgencia por llegar a una condena provoca que las controversias entre las partes queden muchas veces de lado”.
Según pudo conocer Caras y Caretas, el exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, quien colaboró para conocer las conexiones que eventualmente había entre denunciantes de Penadés, aceptó la tarea porque otra persona de su conocimiento, Diego Cuiñas, solicitó su ayuda. Cuiñas fue condenado sin prisión junto a otras cuatro personas en diciembre pasado por un delito continuado de tráfico de influencias agravado y asociación para delinquir.
La defensa de Tarocco indicó a Caras y Caretas que “el relato de la fiscal fue controvertido en su totalidad por nosotros. Paralelamente, nuestro cliente quería comenzar a cumplir su condena para empezar a finalizar su etapa en la cárcel”.
En tanto, a mediados de 2023 hubo un traslado de una persona imputada por rapiña, de iniciales F.F., desde Punta de Rieles al Comcar. El traslado se originó porque requisaron su celda y la guardia carcelaria encontró un celular no autorizado. Ante esta situación, la Junta Nacional de Traslados, dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación, dispuso el traslado al Comcar. Una vez allí, su director, Carlos Tarocco, dispuso que F.F. compartiera celda con su padre, también recluido en el Comcar. La defensa de Tarocco, Ana García, indicó que “el traslado del imputado de una cárcel a otra se produjo antes de que se elaborara el flujograma” y que “en el momento en que el INR resolvió el traslado aún se desconocía que en el pasado ese recluso había conocido a Mastropierro”. El recluso trasladado, de iniciales F.F., no fue denunciante ni víctima de Penadés y tampoco lo conoce. García descartó que Tarocco pudiera levantar el teléfono y decir: “Tráeme a Fulanito, porque en Punta de Rieles hay otro oficial con igual rol y eso no existe. Solo el INR puede disponer traslados”. García también indicó que a la hora de la descripción de este hecho, la fiscal Ghione fue muy genérica y simplemente se refirió al traslado del recluso vinculando el hecho, sin precisar detalles, con Tarocco.
El juicio abreviado al que llegó el exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, incluyó también indemnización de 12 sueldos, pero solo a tres denunciantes: Romina Papasso, Jonathan Mastropierro y alguien identificado con la letra D. “Si Tarocco hubiera identificado y seguido a los denunciantes de Penadés, esa indemnización se hubiera multiplicado por una mayor cantidad de personas”, dijo Ana García a Caras y Caretas.
García indicó además que “la verdad de Tarocco es muy diferente a la teoría de la fiscal Ghione, porque el oficial no identificó a las víctimas de Penadés sino que graficó las conexiones a partir de Jonathan Mastropierro”.
A comienzos de marzo, Tarocco acordó en un juicio abreviado su condena de tres años de cárcel por el delito de cohecho, asociación para delinquir y revelación de secreto.
Escrito por hiperactivafm
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