La mitad de las personas con discapacidad vive en la pobreza

Martín Nieves asumió este cargo hace cuatro años, al inicio de la actual administración departamental. Ha estado involucrado en temas de discapacidad durante más de dos décadas. Con perfil bajo, casi siempre intentando pasar desapercibido y casi en silencio, impulsó un removedor proceso de equinoterapia con niñas y niños de una escuela de contexto crítico, con la participación de familias de un asentamiento que ofrecieron sus caballos -por entonces una herramienta de trabajo en los carros a tracción a sangre que recorrían barrios en busca de desechos de cartón y envases de plástico- para mejorar las posibilidades motrices y de aprendizaje de alumnos del centro educativo. Desempeñó un rol clave en la redacción, promoción y defensa de la Ley de Empleabilidad para personas con discapacidad, que nació desde el sindicato de la construcción y logró sumar voces de apoyo de numerosas personalidades de la cultura, el deporte, la academia y distintos ámbitos de la sociedad. Martín es teoría y práctica. Es licenciado en Psicomotricidad, tiene una maestría en Política, Educación y Sociedad y un posgrado en Política Pública. Pero continúa latiendo en clave de militancia social. Con el equipo de la Secretaría de Discapacidad de la IM, están impulsando el proyecto “Suma”, el que, en convenio con cinco servicios de la Universidad de la República, busca encontrar soluciones para trabajadores de distintas ramas de la actividad que adquieren algún tipo de discapacidad. En este sentido, enfatiza la importancia de centrarse en el trabajador y en las herramientas que necesita para seguir desempeñando su tarea, en lugar de «descartarlo» simplemente porque no puede adaptarse a los tiempos, ritmos o maquinarias.

¿Cómo fueron sus inicios vinculados a los temas de discapacidad?

En primera instancia, estuve trabajando junto a los clasificadores en el barrio Nuevo París. Luego colaboré en una escuela de educación especial, y después tuve una experiencia en los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), enfocándome en la estimulación temprana. También realicé formación docente en Magisterio y en el Consejo de Formación en Educación (CFE), especialmente en áreas relacionadas con la psicomotricidad y la discapacidad. Más adelante, decidí dedicarme completamente a los movimientos sociales, participando activamente en el Sindicato de la Construcción y posteriormente en el movimiento sindical todo, desde la Secretaría de Discapacidad del Pit-Cnt.

Siempre eludió hablar de su formación, pero los estudios complementan su vasto aprendizaje práctico en territorio.

Sí, es verdad. En términos formales poseo una licenciatura en Psicomotricidad, completé un posgrado en Política Pública y obtuve una maestría en Política, Educación y Sociedad, gracias a una beca otorgada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el CFE. Sin embargo, reconozco que el verdadero aprendizaje se da entre la universidad y la experiencia en la calle. Mis principales maestros fueron mis compañeros de la construcción. Aprendí mucho a través de la práctica y el intercambio de conocimientos con mis pares. En la actualidad, dentro del contexto de las políticas públicas, en cada consulta, charla o intercambio, destaco a mis compañeros que las conversaciones que tuvimos hace dos o tres años han sido de gran valor para orientar ciertas políticas específicas.

¿Ha hecho eso?

Sí, hemos participado en numerosos procesos de intercambio con organizaciones sociales, y en ciertos momentos es necesario retroceder en el tiempo para reconocer adecuadamente a quienes impulsaron determinados proyectos. Esta práctica la adquirí en el movimiento sindical y con los trabajadores, donde se valora cada enseñanza transmitida entre nosotros, especialmente en los momentos más difíciles. Esa experiencia también me fue de gran utilidad para enfrentar la emergencia cuando asumimos roles en el Gobierno departamental, porque en el contexto de la pandemia, nos encontramos con la realidad de las ollas populares y el inicio de una crisis económica.

La base social que se forma en los espacios populares brinda un sólido respaldo al momento de tomar decisiones o diseñar estrategias. Otro aspecto clave ha sido la articulación que, como parte del programa del Gobierno departamental, se propuso una estrecha colaboración entre la Intendencia, la universidad y los trabajadores organizados. Esta colaboración es un ejercicio que hemos practicado con frecuencia.

¿Esa articulación no debería incluir también al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)? ¿Qué ocurrió con el MIDES que atiende las políticas públicas de discapacidad y cuidados a nivel nacional?

Como Intendencia de Montevideo participamos en diversos organismos de articulación. Por ejemplo, en el ámbito del Congreso de Intendente, participo en la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad, un espacio en el que, según la ley, participan varios ministerios y organizaciones sociales de personas con discapacidad. Además, articulamos con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación de Personas con Discapacidad, así como en diferentes mesas, como la de Salud Mental.

Es importante recordar que el Gobierno nacional implementó recortes en materia de política pública relacionada con la discapacidad. Esto incluyó la fusión del Sistema Nacional de Cuidados con el Programa Nacional de Discapacidad, resultando en la creación de una única secretaría para ambas áreas. Así como otras iniciativas como la reforma de la seguridad social y el plan de Jornales Solidarios, entre otros, que en lugar de ampliar derechos, los recortaron. Es evidente que, aunque existan espacios de articulación a nivel nacional, en el ámbito de la discapacidad la tendencia es reducir los presupuestos o los derechos. Podemos considerar esto como una violación de los derechos humanos, ya que implica un retroceso en los logros alcanzados. Un ejemplo fue el caso de los Jornales Solidarios, donde las personas con discapacidad que recibían una pensión no podían inscribirse en estos planes de trabajo temporal, lo cual representa un retroceso al año 2001, cuando comenzó a ser compatible trabajar y recibir una pensión siendo una persona con discapacidad.

En cuanto a la seguridad social, un tema que está siendo discutido actualmente, se observa un impacto en los trabajadores que finalizan su carrera laboral con una discapacidad y no pueden acceder al 20 % adicional en su jubilación. Esto implica que todos los costos asociados a los problemas de discapacidad recaen en el trabajador.

En el ámbito educativo, un ejemplo concreto es la comunidad sorda, donde se han observado recortes que afectan la participación de jóvenes sordos en algunos liceos. Anteriormente, había cuatro o cinco liceos que ofrecían programas adaptados para jóvenes sordos, pero ahora se está reduciendo esta oferta a solo dos o tres instituciones.

Durante este período de gobierno claramente se han observado recortes en los avances en materia de políticas relacionadas con la discapacidad. Se ha producido una reorientación de las prioridades, en lugar de un aumento en lo establecido previamente. Y ante la falta de políticas nacionales, estamos intentando complementar con las competencias a nivel de política departamental.

Por estos días se está hablando de los índices de pobreza y en el escenario político se está instalando una especie de consenso, en lo discursivo, para tratar de afrontar la pobreza infantil en los próximos años. ¿Cuáles son los datos que la Secretaría maneja en cuanto a la pobreza de los sectores con discapacidad en Montevideo? ¿Cuál es la realidad para estos sectores?

En los años 90, la Intendencia de Montevideo llevó adelante una serie de guarderías comunitarias en los barrios, como una alternativa progresista para la atención de la primera infancia, en contraposición al Plan CAIF. Estas guarderías comunitarias, en las que trabajaban educadores, tenían como objetivo romper el ciclo de pobreza desde la primera infancia, ya que la pobreza infantil y la discapacidad suelen estar asociadas. Como educador en una de esas guarderías comunitarias, pude experimentar este enfoque.

Es fundamental recordar que problemas como la plombemia, la falta de estimulación temprana, de alimentación adecuada y la ausencia de espacios de calidad tienen un impacto significativo en la infancia, tanto en términos de discapacidad intelectual como en retrasos en el aprendizaje, la psicomotricidad y el desarrollo en general. Esta etapa es crucial, ya que durante los primeros tres años de vida el cerebro es especialmente receptivo y moldeable, por lo que es fundamental brindar la mayor calidad de atención posible durante este período, dado que es irreversible.

En la actualidad, aproximadamente la mitad de la población de Uruguay con discapacidad vive en situación de pobreza. Es importante destacar que uno de cada cuatro casos de discapacidad se origina o se desarrolla durante los primeros años de vida. Este grupo de población con discapacidad está estrechamente ligado a la pobreza, y sus condiciones de nacimiento, cuidado y alimentación influyen significativamente en su desarrollo.

Es de esperar que la pobreza infantil tenga un impacto significativo en la población con discapacidad a medida que crecen, lo que puede resultar en una mayor demanda de inversión durante la adolescencia y la juventud. No es lo mismo atender la discapacidad y la estimulación temprana en la primera infancia que después en los liceos.

Ahora se está destacando a los CAIF como algo de rescate, ¿es así?

Sí, aunque debemos recordar que hay CAIF sin recursos para abrir sus puertas. El sindicato de la construcción tiene su CAIF pronto, pero está a la espera de los recursos humanos que el Gobierno nacional les ha prometido. Es fundamental que estos recursos lleguen de manera oportuna para garantizar que estos centros puedan funcionar adecuadamente y brindar los servicios necesarios a la comunidad. Entonces, volvemos a tener un retroceso o un deterioro en la calidad de los centros CAIF en el momento que más se necesitan y ahí empiezan a aparecer otras estrategias. Ante esta situación, es importante explorar y poner en marcha otras estrategias para asegurar que los niños y las familias reciban el apoyo y la atención que requieren.

En el momento de mayor impacto de la pandemia, el movimiento sindical, la Intendencia de Montevideo y algunos otros actores cumplieron un rol determinante para sostener ollas y merenderos populares. ¿Qué recuerdos y enseñanzas le dejó ese trabajo?

Es conmovedor recordar el inicio de la pandemia, cuando estábamos asumiendo responsabilidades en la gestión municipal. En ese momento, seguíamos dedicando tiempo al trabajo con el movimiento social mientras también nos involucrábamos en la gestión pública. Recuerdo especialmente a compañeras históricas como Lidia Do Nascimento, una persona mayor jubilada como directora de escuela pública que, a pesar de su edad y con un bastón, expresaba su preferencia por salir a ayudar en lugar de quedarse encerrada esperando la llegada del covid-19. Debemos tener presente que el movimiento sindical y las organizaciones sociales estuvieron presentes en el peor momento. Fueron tiempos de mucha solidaridad, compromiso y trabajo silencioso.

Pero existió una actitud de sospecha hacia las ollas populares y merenderos por parte de las autoridades, particularmente de los responsables de la conducción de las políticas de desarrollo social.

Sí. En contraposición, la Intendencia de Montevideo se volcó fuertemente, a través del Plan ABC, a apoyar y acompañar los procesos de organización barrial para sostener un derecho esencial como es la alimentación.

Por otro lado, siempre existe el riesgo de que, debido a trámites burocráticos y controles excesivos, no se logre llegar eficazmente al 95 % de la población que necesita esos beneficios, sino que se concentre la atención en un pequeño porcentaje (1 % o 2 %) que pueda abusar de los mismos. Es crucial encontrar un equilibrio entre garantizar la transparencia y evitar el abuso de los recursos, sin que esto obstaculice el acceso de la mayoría de la población a los servicios necesarios. El derecho a la alimentación tiene que ser defendido como un derecho universal.

¿Podrías explicar el proyecto para inserción de trabajadores que adquieren alguna discapacidad?

Hace tres años, la Secretaría de Discapacidad comenzó con un proyecto cuyo objetivo es generar insumos para la reinserción de trabajadores que adquieren alguna discapacidad. Trabajadores que en determinado momento sufren un accidente, ya sea laboral o en diferentes ámbitos de la vida pública, y necesitan reinsertarse al trabajo.

Se trata de una iniciativa que es la continuidad de lo que en un momento se hizo desde la Comisión de Discapacidad del Pit-Cnt. La ley 19.691 (de promoción del trabajo para personas con discapacidad) incluyó elementos referidos a los apoyos necesarios para que los trabajadores puedan desempeñar tareas dentro de determinadas empresas. Sin embargo, en el ámbito del Estado era muy magra esa línea de trabajo y, por tanto, se entendió que era importante invertir en recursos y apoyos para el ingreso y la continuidad laboral.

A partir de esa definición, se viene desarrollando un proyecto que se llama “Suma”, instalado en el Polo Tecnológico Industrial (PTI) en convenio con cinco servicios de la Universidad de la República, para encontrar soluciones para trabajadores de distintas ramas de la actividad. Por ejemplo, trabajadores comprendidos en el Sistema de Cuidados. Un equipo de la Intendencia, compuesto por un terapeuta ocupacional, una trabajadora social, una especialista en diseño y prototipo y dos administrativos, se reúne con organizaciones sociales y trabajadores organizados, tanto de Uruguay como de otros países, para conocer las condiciones laborales y las dificultades para reinsertarse o continuar trabajando. Eso se tomó como un insumo que ahora se encuentra en una etapa de generación de conocimiento, de protocolos de abordaje. Como concepto básico se procura que, si existe una herramienta de trabajo o una herramienta que un trabajador necesite utilizar, la herramienta tiene que adaptarse al trabajador y no a la inversa.

¿Dónde se aplica? ¿Existe algún acuerdo firmado con alguna institución o con algún sindicato?

Tenemos acuerdos con todos los sindicatos, en particular de la producción, tanto de la construcción como metalúrgico y la industria en general. La casuística es la que determinará la velocidad del desarrollo de esos prototipos. Asimismo, tenemos convenio con el Instituto de Reumatología y si llegara un trabajador desde el Instituto de Reumatología con una dificultad para seguir su tarea, hacia ese trabajador nos enfocaremos. Si tuviéramos una trabajadora proveniente del sindicato de asistentes personales, que no puede seguir desarrollando su tarea porque el trabajo con personas con alta dependencia tiene una carga física muy grande, se desarrollarán herramientas para que esa trabajadora pueda seguir desarrollando esa tarea. En una primera etapa realizamos el recorrido con los sindicatos, las organizaciones sociales, las diferentes ramas de actividad. La segunda parte tiene que ver con la articulación. También realizamos consultas a nivel internacional con países de la región y hay algunas articulaciones con Argentina y con Brasil. Actualmente, tenemos unos 15 casos que estamos abordando y generaremos los primeros insumos que después tendrán caminos diferentes. Se podrán generalizar y poner a disposición de toda la población o generar una tecnología que recoja ese insumo del conocimiento.

Es importante centrarse en el trabajador, en las herramientas que necesita para continuar desempeñando su tarea, en lugar de descartar al trabajador simplemente porque no puede adaptarse a los tiempos, ritmos o maquinarias.

Y aprovecho a agradecer el intercambio y el apoyo de los diferentes países de América Latina que están colaborando, por ejemplo con tecnología de asistencia, de desarrollo tecnológico de fácil acceso para la población.

¿Cuál es la utopía hoy?

Es estratégico continuar dando la batalla cultural, donde la diversidad, la singularidad y la identidad de cada persona estén por encima de la cultura del consumo. Nos ha ocurrido en el Carnaval, al haber incursionado en materia de accesibilidad e inclusión, en la medida en que los conjuntos, los escenarios populares, los actores, los talleristas y la población con discapacidad se unieron para generar estrategias para hacer accesible la cultura. Mejorar la accesibilidad ha generado una nueva cultura dentro del carnaval, que en algún momento se valorará, y así nos ha pasado en diferentes lugares. Estamos hablando desde la instalación de un escenario con rampa, la presentación de una murga de niños con discapacidad, leyendo en clave de derechos humanos, o la murga que actuó en horario central un sábado, entre dos grandes conjuntos de carnaval, y que en el Teatro de Verano se colocó audio descripción. Todo ello va más allá de la lengua de señas, son todas las dimensiones culturales y las herramientas de accesibilidad que acompañan a diferentes colectivos. Otra experiencia bellísima es el taller de cultura y arte inclusivo con la Comedia Nacional y con Esquinas de la Cultura, donde cada vez que hacemos un llamado para 50 personas se presentan 300. Por lo tanto, yo diría que la esperanza es que esas 250 personas este año encuentren un espacio y vuelvan a presentarse en la segunda edición. Mientras haya esas listas de personas queriendo compartir una cultura de diversidad e inclusión, habrá esperanza y utopía. (Producción MC).