Uruguay presenta “señales inquietantes”
respecto a la libertad de prensa generadas por funcionarios, personas públicas
y “algunos grupos de militantes” que “utilizan los tribunales para lograr
amparos” y así “acallar” a periodistas y medios de comunicación.
Así lo afirma la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) en su informe de medio año difundido este viernes en el que
detalla que en los últimos meses “hubo múltiples denuncias” penales y civiles
en contra de periodistas de la prensa escrita y la televisión, en las que se
exigieron indemnizaciones millonarias.
Entre los casos más destacados el documento
refiere al de la diseñadora de modas Carmela Hontou, quien demandó al diario
argentino La Nación y a su corresponsal, Nelson Fernández, también
director del programa Subrayado, de Canal 10 de Uruguay, por la
publicación de una noticia calificada de “totalmente falsa”.
“La demanda por daños y perjuicios es por
85.000 dólares estadounidenses por dos notas del 16 y 17 de marzo de 2020 sobre
la pandemia de la covid-19 y la responsabilidad de la diseñadora por haber
asistido a una boda después de haber contraído la enfermedad en Europa de la
que luego aparecieron los primeros contagios”, dice el informe.
Además, se suman los casos de una contadora
exfuncionaria contratada por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el
Lavado de Activos que demandó en la Justicia civil reparaciones millonarias en
contra de los programas televisivos Polémica en el bar, de Canal 10; Séptimo
día, de Teledoce, y Santo y Seña, de Canal 4 y en contra de Orlando
Petinatti, conductor de Malos pensamientos, de Azul FM, emitidos en
2020.
“Los abogados de los canales argumentaron que
las demandas no cumplieron con los límites de tiempo, ya que la ley de prensa
establece un plazo de hasta 90 días para ese tipo de reclamo”, señala el
documento de la SIP.
Finalmente, en la ciudad norteña de Tacuarembó
el juez José Ignacio Silvestri anuló la denuncia contra los periodistas
Sebastián Ríos y Jorge del Pino, de la radio La Kandela, a quienes la Fiscalía
pretendía condenar con prisión por difamación e injurias.
Según la sentencia de nulidad, la fiscal
encargada del caso actuó en “flagrante apartamiento” de lo que la ley dispone
en materia procesal.
EFE
