Los oscuros números de Rodrigo Blás

En la inmobiliaria de Blás también trabajan el edil e integrante de la comisión de Obras, Darwin Correa, y el director de Vivienda de la Intendencia, Alejandro Lussich.

Blás defraudó a la DGI

En el año 2014 la periodista Mónica Robaina denunció en el semanario Brecha que Blás se había organizado con Correa y otras personas para defraudar a la DGI con la venta de terrenos en el fraccionamiento Valle Di Saronno, ubicado junto a la Laguna del Diario.

La DGI lo inspeccionó y comprobó la veracidad de la información, por eso presentó denuncia penal. Después de un largo trámite, recién en el año 2018 le impuso una multa de 57.556.444 pesos, equivalentes a un millón 900 mil dólares, solicitando se le decretara un embargo genérico hasta que pagara todo.

También se consideró que la participación del edil herrerista Darwin Correa, a cargo de la sucursal fernandina de Blás Propiedades, fue “indispensable” para cometer la maniobra fraudulenta. Una imputación similar se aplicó a la esposa de Blás. Ambos fueron sancionados con 14.389.110 pesos de multa cada uno, es decir casi 900.000 dólares en total.

Según informó Brecha, la DGI entendió que tres escribanos que trabajaban para Blás –José Luis Robatto, miembro de la Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle, y dos funcionarias municipales– tuvieron una participación indispensable en el acto fraudulento y debían responder personalmente por defraudación, con multas de 7.337.964 pesos, 24.736.123 pesos y 5.131.896 pesos, respectivamente. Vaya otro millón 300 mil dólares, que en total suman 4.100.000 dólares.

Mucho más curioso fue el dictamen del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco. El 15 de mayo del 2019 resolvió archivar el caso, a pesar de que encontró culpable a Blás. La decisión se basó en el artículo 11 de la Instrucción de priorización de la persecución penal en el sistema no acusatorio. Ocurre que el 13 de mayo, dos días antes de que Pacheco decidiera el archivo, el Consejo Honorario de Instrucciones Generales de Fiscalía resolvió por mayoría absoluta incluir a los delitos de defraudación tributaria como de interés público. Si Pacheco lo hubiera tomado en cuenta, Blás habría terminado procesado.

Para entonces, el acusado había acreditado el pago total de la deuda con la DGI, según dice el fiscal.

En su dictamen Pacheco expresa: “Surge razonablemente probado que efectivamente el precio real abonado por los compradores por los terrenos era superior –por lo menos en los casos denunciados– al precio efectivamente consignado en la escritura de compraventa, y que en muchos casos el saldo era garantizado con hipoteca. Surge asimismo que una vez que algunos compradores advirtieron la diferencia en cuestión, se suscitaron tratativas extrajudiciales entre las partes, al cabo de las cuales –en algunos casos– la parte vendedora se avino a condonar el saldo pendiente de pago”.

Es decir, efectivamente defraudó –no evadió– a la DGI.

De dónde salieron los cuatro millones de dólares para pagar a la DGI, es algo que jamás fue explicado. Porque además, en el mismo tiempo, Blás tuvo que enfrentar dos millonarias campañas electorales.

En el 2015 fue candidato a intendente obteniendo 16.728 votos frente a los 28.541 que logró Enrique Antía, quien resultó electo. En el 2020 volvió a perder ya que lo votaron 21.305 ciudadanos en tanto a Antía, que resultó reelecto, lo votaron 47.492 personas. Ahora va por su tercera postulación, aunque todo indica que correrá la misma suerte.

Pero ahora este no parece ser su mayor problema.

Declaración ante la Jutep

Sus declaraciones ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) lo ponen en posición muy delicada, porque de transparentes nada tienen.

El periodista Eduardo Preve denunció la semana pasada que Blás “había comprado un vehículo de alta gama al asesinado empresario Gonzalo Aguiar”. Se trata de un BMW cuyo valor en plaza oscila entre 130.000 y 150.000 dólares. Blás entregó a la JUTEP su declaración jurada correspondiente al año 2023, pero como el organismo aún no la publicó, no se puede acceder a ella, y por lo tanto se desconoce si declaró o no ese vehículo.

Pero sí sabemos que hay otras empresas que no declaró antes y funcionan desde algunos años atrás. Y la fuente es el propio Blás, quien en la red social LinkedIn, después de una reseña sobre su actividad política, dice: “Además soy empresario y propietario de los restaurantes Jacinta y Crocante en Manantiales, y Blás Propiedades”.

En ninguna de las dos declaraciones presentadas ante la JUTEP en el 2020 y el 2021 figuran esos restaurantes, que por otro lado todos en Maldonado saben que le pertenecen incluso porque la mayoría de las noches de temporada estaba detrás de la caja en el restaurante Jacinta.

Pero hay otros ítems no claramente explicados. Por ejemplo: el importante incremento de sus ingresos en el periodo de un año. Tal como surge de sus declaraciones juradas, se multiplican por diez. Pasan de 516.000 pesos a 6.069.545 pesos.

Y si se compara el total del patrimonio declarado, surge una diferencia cercana a los 10.000.000 de pesos en el plazo de un año.

Además, en el 2020 declara un inmueble, sin indicar si es propio o ganancial por un determinado valor y en el 2021 declara un bien por un valor distinto, lo cual podría hacer presumir que son dos inmuebles diferentes.

En tanto, sobre los vehículos que declara, y dado que no indica matrículas ni padrones, si se comparan los valores que le asigna a los mismos, surge una diferencia notoria con lo que dijo en 2021.

Blás declara ser el propietario del 100 % de las acciones de la empresa Fincopet S.A. en el año 2021, pero eso no figura en el 2020 y, según información del Banco Central, la empresa estaría activa al menos desde 2018.

Él mismo dice que la mencionada empresa se dedica al rubro inmobiliario, vehículos y decoración de interiores, entre otros.

Un dato no menor tiene que ver con su vida privada pero que afecta sus obligaciones públicas. Blás se separó de su esposa y tiene otra pareja. Pero no está claro si el vínculo matrimonial está disuelto, porque en caso contrario estaba obligado a declarar los bienes de la primera señora.

Porque quien ahora es su pareja declara importantes ingresos en el año 2021, aunque, como fue dicho, la empresa Fincopet está activa desde el 2018.

En su declaración jurada del 2021 Blás dice poseer un patrimonio de unos 900.000 dólares y no tener deudas.

Caras y Caretas intentó confirmar en fuentes de la JUTEP si podría ser citado a declarar para despejar todas estas dudas. La única respuesta que obtuvimos fue “puede ser”.

No se descarta que antes se solicite información a la Dirección General de Registros, al Banco Central, al BPS y a la DGI, entre otros organismos.

Evidentemente, Blás es un mago de las finanzas. Porque en caso contrario quedaría comprendido en los alcances del artículo 239 del Código Penal que establece: “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.

Diputado faltador

Según información parlamentaria, el diputado nacionalista por Maldonado, Rodrigo Blás, no concurrió a sala durante 5 meses, pero igual cobró.

De acuerdo a la web del Parlamento, Blás faltó a todas las sesiones en abril de 2020, en setiembre de 2020, en octubre de 2020, en abril de 2021 y en diciembre de 2021.

Pese a ello, igual cobró 1.414.012 pesos.

En tanto, sus suplentes también cobraron. Luis Borsari percibió 31.311 pesos; Federico Casaretto cobró 805.860 pesos y Darwin Correa 9.995 pesos.

El caso Sartori

El senador nacionalista Juan Sartori se negó a incluir el patrimonio de su esposa en la declaración jurada entregada a la JUTEP.

“Sólo su soberbia y sentido de impunidad lo hicieron cometer esa tontería. Porque si hubiera declarado que ella tenía un departamentito en Nueva York y dos terrenitos en Italia, no tendría este lío porque la JUTEP no tiene posibilidades de corroborar eso”, dijo una calificada fuente nacionalista.

Sartori recurrió, sin suerte, a la Suprema Corte de Justicia. Recientemente la JUTEP lo declaró omiso e informó oficialmente a la Corte Electoral y al Senado de la República.

Esa declaración tiene dos consecuencias. De acuerdo a la ley, mientras permanezca omiso no puede ser candidato a ningún cargo público y el Senado debe descontarle el 50 % de todo lo que le paga.

Ahora el problema para Sartori es peor, porque refiere a las debilidades e incongruencias de su propia declaración. Lo de su esposa pasa a ser anecdótico.

Sartori entregó ahora balances de cinco empresas que no había declarado antes y por lo tanto la JUTEP le exige que informe cuál es la vinculación con las empresas que declaró y presente los balances correspondientes.

El senador dijo que este mes entregaría esa documentación. Ocurre que para la JUTEP Sartori está omiso desde hace cuatro años. De ahí la importancia de lo que resuelva el Senado.

El 13 de diciembre del año pasado presentó un “derecho de petición” ante la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, explicando según él los fundamentos por los que no debe procederse a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 99 de la ley nro. 18.046 del 24 de octubre de 2006, como medidas disciplinarias e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Pero toda la argumentación refiere a la situación de su esposa y en ningún momento menciona sus propias omisiones.

El mismo día, el estudio Delpiazzo que lo representa interpuso un recurso administrativo de “revocación y anulación” contra la resolución del directorio de la JUTEP del 1º de noviembre del 2023, que declaró omiso al senador.

En una extensa perorata jurídica de 45 artículos, Sartori se refiere exclusivamente a la situación de su esposa, pero otra vez nada dice de sus omisiones. Solicita además que “estas actuaciones pasen inmediatamente al Poder Ejecutivo para que resuelva el recurso de anulación”.

Pero en el Parlamento el juego es diferente. El abogado Germán Rosas elevó un pormenorizado informe a la directora de Jurídica del Poder Legislativo, abogada Rossana Rodríguez Anza. En ese documento, al que accedió Caras y Caretas, se hace un pormenorizado análisis de la situación de Sartori y concluye que tanto la JUTEP como la Suprema Corte se han mantenido dentro de lo establecido por la Constitución.

Concluye que si “la declaración jurada no se presentó conforme a lo establecido en las leyes 17.060 y 19.797, y sus respectivas reglamentaciones, el señor senador se encuentra omiso en su deber legal. Lo que debe atenderse particularmente en virtud de su calidad de legislador, miembro del Poder Legislativo, creador de leyes que todos debemos cumplir”.

Por lo tanto, se aconseja a la presidenta del Senado “rechazar el derecho de petición presentado por Sartori”.

En tanto, el abogado Fabián Pita informa a Jurídica del Poder Legislativo que, si bien la JUTEP reclama que se sancione a Sartori, “es la propia Cámara quien debe resolver en base al artículo 115 de la Constitución”, que en la letra, aunque poco probable, podría terminar con la destitución.

Lo que está claro para todos, menos para Sartori, es que mientras se mantenga su condición de omiso no puede ser candidato a ningún cargo electivo. Y eso lo decreta la Corte Electoral, no el Senado.

Todo lo que el senador ha hecho en estos días es una forma de presión ante la opinión pública.

Más omisos

También los senadores nacionalistas Sergio Botana y Gloria Rodríguez están en la misma situación que Sartori, aunque todavía la JUTEP no se ha expedido.

Botana dice tener separación de bienes con su esposa, pero aún así, y de acuerdo a la ley, que un legislador no debería desconocer, está obligado a declarar todos los bienes de su pareja, consignando la situación legal. El senador está omiso.

Por su parte, Rodríguez dice estar separada de su esposo hace años, aunque no divorciada, lo que la obliga a incluirlo en su declaración jurada, cosa que no ha hecho en cuatro años.

Diferente es el caso de la exvicecanciller Carolina Ache, quien no se negó a declarar el patrimonio de su esposo, pero solicitó que no se hiciera público. Como la JUTEP nunca se expidió sobre lo solicitado, Ache no fue sancionada.