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todayabril 25, 2024
En el contexto de la gestión pública en Uruguay, el papel desempeñado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) es de vital importancia. Esta institución, creada con el propósito de promover la transparencia y la ética en la función pública, se ha convertido en un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una gestión pública ética y transparente.
Los pronunciamientos emitidos por la JUTEP, resultado de un análisis riguroso de situaciones y conductas relacionadas con la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública, representan una herramienta esencial para orientar y guiar el accionar de los servidores públicos. Además, estos pronunciamientos tienen el potencial de establecer normas y pautas de conducta frente a diversas problemáticas, contribuyendo así a la consolidación de prácticas éticas y transparentes en el ámbito público.
En este sentido, es que planteamos la necesidad de otorgarle un carácter vinculante y obligatorio a los pronunciamientos de la JUTEP, con el objetivo de asegurar la aplicación efectiva de sus recomendaciones y resoluciones. Actualmente, estos pronunciamientos tienen una naturaleza meramente sugerente, lo que implica que su cumplimiento queda a discreción de los sujetos implicados. Sin embargo, el fortalecimiento de la JUTEP busca superar esta naturaleza sugerente y dotar a los pronunciamientos de un respaldo legal, equiparándolos en validez y obligatoriedad a una ley vigente.
Esta medida permite aumentar la transparencia al establecer criterios claros y concretos que deben seguirse, lo que facilita la evaluación y el control de las actuaciones de los actores públicos y previene la ocurrencia de conflictos de interés y malas prácticas. La ciudadanía también se beneficia, ya que el carácter vinculante de los pronunciamientos de la JUTEP fortalece la confianza en las instituciones, al garantizar que se tomen medidas concretas y efectivas para combatir la corrupción y promover la ética pública.
Se implementarán medidas y acciones más estrictas para combatir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Estas sanciones se endurecerán con el fin de prevenir y disuadir cualquier tipo de corrupción. Con esto, se busca garantizar una gestión transparente de los recursos públicos, asegurando que aquellos que se aprovechen de manera indebida de ellos sean debidamente castigados.
Entre estas acciones se encuentran la creación de normativas más rigurosas, la promoción de la ética y la integridad en el servicio público, y la implementación de mecanismos de control y supervisión más efectivos. Estas medidas tienen como objetivo principal evitar que los funcionarios se beneficien de manera ilegal de los recursos públicos, fomentando así una gestión responsable y transparente.
También se deberán investigar y perseguir los casos de enriquecimiento ilícito, llevando a cabo una rigurosa investigación y persecución de dichos casos por parte de los funcionarios públicos y políticos, fortaleciendo las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la legalidad en la gestión de los recursos públicos, dotándolas de los recursos necesarios para realizar investigaciones exhaustivas y efectivas. Además, se promoverá la colaboración con organismos internacionales especializados en la lucha contra la corrupción para garantizar un combate eficaz de este delito.
La falta de regulación puede dar lugar a prácticas de corrupción y favorecer la influencia indebida de intereses privados sobre la toma de decisiones políticas. Al establecer una normativa clara y específica, se busca evitar la utilización de recursos ilícitos o de dudosa procedencia en la financiación de los partidos políticos, así como promover la igualdad de oportunidades entre los diferentes actores políticos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema político, brindando una base legal sólida para la gestión de los recursos financieros de los partidos políticos.
El compromiso estatal con la gestión transparente y eficiente de los recursos públicos se presenta como un desafío crucial para el desarrollo y bienestar de la sociedad en el siglo XXI. El fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública son pilares fundamentales para el avance hacia un Estado que promueva la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos sus ciudadanos.
Dr. Andrés Lima
Precandidato a la presidencia de la República
Frente Amplio
Escrito por hiperactivafm
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