El tema afrodescendiente no fue una prioridad para este gobierno

Entrevistado por Caras y Caretas, Miguel Pereira, activista por los derechos de la comunidad afrodescendiente en nuestro país, señaló que «el gobierno de coalición no logró mantener ni profundizar las políticas heredadas del Frente Amplio».

Según los datos del año 2023, el índice de pobreza en la población blanca se ubicó en un 8,9 % y la pobreza en la población afro se situó en 19,5 %, aumentando casi 2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. ¿A qué factores se debió este retroceso?

Creo que uno de los principales motivos es que, en realidad, el tema afrodescendiente o étnico-racial no fue una prioridad para este gobierno. Esto no es simplemente mi opinión, sino lo que reflejan los datos, específicamente las estimaciones de pobreza. Cuando en el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez se empieza a medir este indicador en los informes del INE, la pobreza en la población afrodescendiente se encontraba en un 43,1 %, al concluir la gestión del Frente Amplio en 2019 esta cifra se situaba en el 18,7 %.

Es importante destacar que en el informe del 2020, elaborado ya por el Gobierno de la coalición, no se incorporó la variable étnico-racial, así que ese año no se tuvieron cifras. A partir de las denuncias de la sociedad civil en el 2021, se volvió a incluir la variable y se observó un crecimiento de la pobreza en la población afrodescendiente de un 20,5 % y de un 9,6 % en la población blanca. En ese período el aumento de la pobreza fue a nivel general para todas las poblaciones, territorios y tramos etarios. En el 2022, los datos ubicaron en un 17,6 % de pobreza en la población afro y un 9,1 % en la población blanca gracias a la implementación de políticas más generales. Sin embargo, como señalabas, en el año 2023 nuevamente la pobreza aumentó en la población afro y se situó en un 19,5 %, y en la población blanca en un 8,9 %. Esto demuestra que la pobreza en la población blanca disminuyó, mientras que en la población afro aumentó casi 2 puntos porcentuales, profundizándose aún más la brecha étnico-racial entre la población blanca y la población afrodescendiente. En resumen, el primer problema fue que no se priorizó este tema. El Gobierno careció de una dirección clara en relación con esta temática, lo que resultó en un fracaso.

Sin embargo, podemos señalar que este Gobierno, desde el punto de vista de la institucionalidad, aportó mayor rango jerárquico y presupuesto para la temática. ¿Esto podría considerarse como una contradicción ante la desmejora de los indicadores?

Claro, te explico a qué se debe. Durante los gobiernos del Frente Amplio, aunque hubo una reducción de la pobreza y se mejoraron algunos indicadores, no logramos su disminución total, lo cual no nos conformó, por supuesto. En la campaña electoral anterior se instaló un relato del actual oficialismo que planteaba que las personas negras del Gobierno éramos funcionales al Frente Amplio, utilizadas por esa fuerza política, y que se necesitaba un cambio, que todo lo hecho hasta entonces estaba mal y que, por ejemplo, no se aplicaba la ley de cuotas, la ley 19.122. En consecuencia, al llegar al gobierno, una de las primeras acciones con respecto a este tema fue otorgarle una mayor jerarquía al Departamento de Afrodescendencia del Mides, convirtiéndolo en una división.

Una política importante también se reflejó en la Ley de Presupuesto, donde la senadora Gloria Rodríguez promovió la inclusión de un renglón destinado a la población afrodescendiente, asignando al Ministerio de Desarrollo Social $10 millones anuales para políticas dirigidas hacia esta población. Sin embargo, a pesar de casi cinco años de jerarquización institucional y asignación de presupuesto específico, nuestra evaluación es que hasta el día de hoy no se ha visto un impacto positivo significativo en la población afrodescendiente.

¿Por qué no han funcionado los mecanismos establecidos?

Los mecanismos generados por la gestión gubernamental anterior no han funcionado correctamente. A pesar de haber dejado un Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia con objetivos, metas, indicadores y medios de verificación, este no fue implementado. El Gobierno del Frente Amplio estableció estas condiciones para que el siguiente gobierno pudiera profundizar en ellas, pero lamentablemente esto no ocurrió. Aunque se priorizó institucionalmente y se asignaron recursos para este propósito, así como se crearon las condiciones necesarias para profundizar en la política pública con una perspectiva étnico-racial, los resultados no han sido los esperados.

La situación actual muestra un aumento en la pobreza, la indigencia y una brecha étnico-racial aún mayor. Este incremento es una señal clara de que las políticas universales por sí solas no son suficientes para abordar la pobreza en la población afrodescendiente. Es evidente la necesidad de políticas más focalizadas, dada la existencia de un núcleo persistente de pobreza dentro de esta población, similar a lo que ocurre con la infancia, que presenta los indicadores más preocupantes en términos de pobreza. Por lo tanto, es fundamental implementar políticas públicas específicas y focalizadas para abordar estos desafíos en el futuro.

¿Qué políticas debería implementar un futuro gobierno, sea de la coalición o sea del Frente Amplio, para resarcir la problemática?

Sí, lo primero es poder retomar todo lo que se construyó, como por ejemplo el funcionamiento del Consejo Nacional de Equidad Racial. En el Decreto Reglamentario del Consejo, una de las cosas que se establece es la creación de un Sistema Nacional de Equidad Racial. Este sistema implica tener una visión integral de los distintos poderes del Estado, un enfoque holístico de las políticas públicas, donde todas las instituciones se comprometan con el diseño de estas políticas.

Además, es necesario retomar el Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, donde se establece claramente qué acciones se deben llevar a cabo en materia de educación, trabajo, salud, vivienda, con indicadores precisos y un presupuesto nacional adecuado. Es evidente que no es suficiente destinar $10 millones en un ministerio para todas las políticas; se necesita un enfoque más contundente.

Hablo de la necesidad de un «shock» de políticas, y aquí surgen algunas cuestiones que el próximo gobierno deberá revisar, especialmente en lo que respecta a las políticas sociales, como la tarjeta Uruguay Social y la Asignación Familiar. Estas políticas deben focalizarse aún más en los sectores en situación de vulnerabilidad, particularmente en la población afrodescendiente. Es crucial debatir si es necesario duplicar este tipo de prestaciones para esta población.

Es necesario establecer espacios de articulación territorial con diversos organismos públicos, gobiernos departamentales y locales para asegurar la implementación efectiva de estas políticas.

En cuanto al presupuesto, se debe incorporar la perspectiva étnico-racial afrodescendiente en el Presupuesto Nacional. Para lograr esto, hay que crear una herramienta técnica que desagregue el impacto de las políticas públicas sobre la población afrodescendiente. Este proceso puede ser liderado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en colaboración con el Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia.

Además, es fundamental reforzar el cumplimiento de la ley 19.122, que establece acciones afirmativas para la población afrodescendiente en el Estado. Durante la gestión del Frente Amplio, no alcanzamos el objetivo del 8 %, pero logramos aproximadamente el 4 %. Sin embargo, en los últimos años de gestión del Gobierno multicolor, los datos son alarmantes, con una cifra que apenas supera el 1 %. Esto demuestra la necesidad urgente de reforzar estas políticas públicas y garantizar su cumplimiento para promover la equidad racial en el país.