Se propaga en círculos de las Fuerzas Armadas la creación de un Sindicato Militar

Estas denuncias aluden sobre todo a malversación de fondos en la Dirección de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas, en el Servicio de Cantinas Militares y en la Fundación Fernández Enciso.

Pero, al mismo tiempo, ese malestar empieza a recoger demandas insatisfechas de situaciones que ocurren en varios de los servicios sociales. Hay un malestar generalizado en la atención médica tanto en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas como en dependencias del Interior.

Pero lo que se viene gestando con mayor fuerza son las denuncias de acoso laboral y sexual que corren a lo largo y ancho de la estructura militar, incluidas las misiones en el exterior.

Es que las “tipas” (sanciones) que recibe el personal subalterno ya no son consideradas dentro del férreo acatamiento del R21 (ese reglamento que establece un orden–mando que viola el mínimo sentido común) como normal y naturalizado.

Una Fuerzas Armadas en tiempos de paz que, salvo algunas misiones asignadas, como por ejemplo el control perimetral de cárceles o las intervenciones por el Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), no explican por sí mismas la rigurosidad disciplinaria. Y la mayoría de las denuncias de acoso laboral se suceden en tareas “administrativas” o de formación militar.

De todos modos, el empuje no es nuevo. En el 2011 el expresidente José Mujica planteó la posibilidad de sindicalizar al Ejército.

El experto en temas de Defensa Julián González Guyer en su momento se posicionó planteando que el tema no estaba maduro en Uruguay, pero en algunos países como Europa había dado buenos resultados, y el general retirado Víctor Licandro entendía que ese rol lo podían cumplir los Centros Militares, pero las limitaciones de los Centros como de las Asociaciones cada vez son más evidentes, aunque claramente es de esperar disputas por espacios de poder con una nueva forma organizativa.

Las barreras legales

La sección 4 de la ley nro. 19.775 de la modificación de la Ley Orgánica Militar, en su artículo 87, establece: “A) Realizar manifestaciones que atenten contra el respeto a los Poderes del Estado, sus autoridades o formulen críticas sobre la organización y estructura de la institución, gestión y políticas adoptadas”. (Este literal actúa ya de por sí como una mordaza si se piensa en términos de la función sindical).

• D) “Realizar en los lugares de trabajo, toda actividad ajena a la función”. (Aunque pudiera pensarse en que la actividad sindical se puede realizar fuera del ámbito laboral, en lo peculiar de lo militar, seguramente pueda ser considerado una actividad ajena a la función, por ejemplo, la realización de asambleas u cualquier otra forma de democracia sindical).
• F) “Intervenir en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en la atención, tramitación o resolución de asuntos que impliquen un conflicto de intereses”. (Exime de cualquier comentario).

El artículo 39 de la Constitución de la República establece que: “Todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la ley”.

En artículo 35 de la Ley Orgánica Policial establece los límites de la actividad sindical, reconociéndola como un derecho: “El derecho a la sindicalización, estándole expresamente prohibido tanto el ejercicio de la huelga como la concentración y la manifestación con armas o uniformes, o la ocupación de los lugares de trabajo, así como impedir el libre acceso a los mismos y la obstaculización del normal desarrollo de las actividades”.

La ambigüedad y variada interpretación de los textos, con algunas modificaciones, parecen no ser el problema. La dificultad mayor está en la concepción del sistema político, donde unos que sostienen que militares sindicalizados es cosa de tupamaros y comunistas, y donde los otros no quieren “erosionar” el acatamiento al mando político civil.

Otros trabajadores armados

En el trabajo de Sabrina Calandrón, Santiago Galar y Mariana Da Silva Lorenz: “El proceso de sindicalización de los gremios policiales en Uruguay”, exponen que: “En 2006, formalmente la Policía Nacional de Uruguay obtuvo el derecho a sindicalizarse. Este derecho tuvo como precedente un intenso proceso de intervención de la Policía en la arena pública. Teniendo en cuenta el contexto regional, el objetivo de este artículo es analizar las dimensiones vinculadas con la sindicalización de la Policía uruguaya, atendiendo especialmente a las herramientas políticas desarrolladas y a las diversas adscripciones gremiales que este proceso contiene. Entre los principales resultados, esta investigación evidencia que el modelo sindical habilitado desde las esferas políticas –que dista de ser el del sindicato “único y por rama”– posibilita la fragmentación y diversificación de organizaciones que conviven, se asocian o se disputan el poder de acuerdo con las circunstancias y el posicionamiento político frente al Gobierno de turno”.

Es de señalar que muchas de las demandas sociales que ameritaron la creación de sindicatos policiales no son muy lejanas de las que ahora reclaman algunos militares.

Estas demandas son: los bajos salarios y la informalidad de algunos pagos, el endeudamiento como una arista del problema salarial, las condiciones laborales y el reclamo por la concreción de los planes de vivienda para el personal, según el trabajo mencionado por las Ciencias Sociales.

Y en lo que también parece tener puntos de contactos con la situación militar el trabajo concluye que: “La sindicalización de la Policía Nacional de Uruguay sienta, sin lugar a duda, un precedente en la región, donde aún se debate sobre si otorgar o no el derecho de agremiarse a los miembros de las fuerzas de seguridad, sobre sus riesgos y ventajas. Respecto a esto, el proceso de sindicalización señala una paradoja política interesante de ser subrayada: mientras el Gobierno, identificado con una orientación socialista, promueve la ampliación de los derechos de los trabajadores, restringe los derechos de los agentes policiales en tanto trabajadores. Particularmente, en lo referente a la expresividad pública de los reclamos y las restricciones que operan en la práctica para la negociación colectiva”.

Otras experiencias

La Organización Europea de Asociaciones y Sindicatos Militares (EUROMIL) fue fundada en septiembre de 1972 como una organización central para las asociaciones militares de Europa. Hoy en día cuenta con 33 asociaciones de 20 países europeos en calidad de miembros u observadores. El primer objetivo de la EUROMIL, y el más importante, es el respeto y la aplicación de los derechos humanos y las libertades fundamentales dentro y por parte de las fuerzas armadas europeas. El segundo objetivo es la mejora de las condiciones de vida y trabajo del personal militar. Y el tercero es la aplicación y la adecuada implantación de la legislación social, en especial de la europea, para el personal militar.

La cuestión fundamental para la EUROMIL es que se trate a los soldados como «ciudadanos uniformados», con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra persona. Sin embargo, atienden el papel de los militares y la función que pueden llegar a desempeñar los soldados, entendiendo las restricciones a dicho derecho sólo en épocas de operaciones militares y conflictos bélicos.

En España, donde, junto a Holanda y Alemania, son los primeros antecedentes de sindicalización militar, ha surgido, a instancias del partido político Podemos, un “Sindicalismo Militar Español”, que como principios fundamentales proclama que “los sindicatos son necesarios en unas fuerzas armadas del siglo XXI” y que “no habrá democracia plena hasta que el sindicalismo militar sea legal, y normal”.

Es muy probable que la imposición para los Ejércitos en América Latina de Doctrina de la Seguridad Nacional, impulsada desde el Pentágono, no diera ni dé lugar a que la posibilidad de una organización reivindicativa de la defensa de los derechos de los militares sea considerada, retaceada por la concepción del valor del sacrificio en defensa de la patria, aunque la patria otorgue beneficios a otros sectores sociales, con el mínimo sacrificio.

Silencio de enfermera

Varios dirigentes políticos y sindicales, e incluso exministros del Ministerio de Defensa, consultados sobre la iniciativa de la creación de un Sindicato Militar, han realizado el clásico gesto de silencio de la enfermera. No porque no tengan opinión, como muchos han confiado, sino porque ven difíciles las condiciones para su debate.

Aunque la creación de un Sindicato Militar no tenga un objetivo inmediato como pertenecer al Pit-Cnt, dirigentes del Ejecutivo del movimiento sindical han expresado las dificultades de abordar el tema, a la luz de la experiencia de lo ocurrido con los sindicatos policiales, pero no hay en principio un “no” cerrado a que los militares se sindicalicen, sobre todo cuando sus impulsores han firmado y votarán en contra de la ley.

Senadores y diputados de las comisiones de Defensa tanto de Senado como de Diputados han visto el planteo como un tema que en plena campaña electoral cae como “peludo de regalo”.

La diputada frenteamplista que integra la comisión, Micaela Melgar, consultada por Caras y Caretas, ha planteado, casi como si fuera una síntesis de éste artículo, que: “Bueno, es una discusión que tiene que darse en Uruguay desde los trabajadores organizados. Creo que, aunque ya se ha planteado otras veces, le falta mucha maduración política y debate público. Me parece bueno que se hable del tema porque me parece bien que se aborden por la sociedad todos los temas referidos a las FFAA. Hay centros militares que ‘cubren’ algunas de las necesidades que podrían cubrir los sindicatos, más allá de lo obvio referido a la organización de clase. Las características de las FFAA requieren de excepcionalidades para la organización sindical, claramente, por la posibilidad de abusos y por las limitantes obvias en sus funciones, pero hay experiencias en el mundo que se podrían ver. El tema es que no está madura la discusión y son los trabajadores propios los que tienen que expresarse primero por este tema”.