Autoridades de la Armada alteran pruebas en investigación

No ocupar un puesto de guardia, configurando posible perfil de delito militar, así como cobrar horas de servicio que no se hicieron efectivas, cobradas a un servicio descentralizado del Estado (OSE), configurándose un posible fraude, agravado por el hecho de ser el oficial responsable de la confección y supervisión de los listados de servicios especiales pago. Además, tiene a su cargo el control de los mismos y de él depende todo el personal de la tercera división del Estado Mayor COMIM, que son quienes deben controlar la realización de los servicios. Por otra parte, podría estar configurándose un conflicto de intereses y una posible conjunción de interés particular-público, sin mencionar que el infante apostado de guardia no tenía quien lo respaldara en caso de enfrentar un hecho de violencia.

Esto llevó a pagos de compensaciones irregulares, particularmente en el pago de las guardias perimetrales en la cárcel de Punta de Rieles (unos $246 mil de aquella época de guardia son cumplidas), al igual que el pago de guardias en frontera, combate al narcotráfico y crimen organizado.

Cargar combustible directamente del surtidor de la unidad, contraviniendo una orden del señor ministro de Defensa y comandante en jefe de la Armada, Orden General COMAR 4000.2/19 (ANEXO C), entre otras, involucrando a un superior en la maniobra.

Transportar armamento orgánico de la unidad, perteneciente a la Armada Nacional, en su vehículo personal.

También se denuncia la venta en negro de vacunos y suinos propiedad del Comando de Infantería de Marina, ex UNAPO, en el cuartel de Santa Catalina de Montevideo.

La denuncia también refiere al usufructo de los talleres y hangares de la unidad, como estacionamiento guardería para un vehículo privado y para realizarle reparaciones, las que se hacían en horario de trabajo con personal de la unidad y utilizando las herramientas de esta, hecho que entre otras cosas obstaculizó el normal funcionamiento del taller, llegando el caso de que ese vehículo fue impactado por un vehículo táctico de la unidad, obligando a que el tripulante que manejaba le pagara la reparación de este.

La odisea

Vega solicitó que el Ministerio disponga una investigación administrativa por falta de garantías dentro de la propia Armada. Pese a esta recomendación, el exministro de Defensa, Javier García, decide que sea la Armada quien lleve adelante la investigación, desoyendo el pedido del denunciante y su patrocinador legal, el capitán de navío Jesús Castro, magíster en Leyes y especialista en derecho militar. El denunciante informó las irregularidades a sus mandos desde el mes de marzo de 2022, incluso al comandante de la flota, el contralmirante D.V., quien, en lugar de darle una solución, le ofrece un pase a donde el denunciante quisiera, pero Vega rechaza la oferta y se le aplica una serie de sanciones disciplinarias.

El comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Wilson, según narra la denuncia, en audiencia privada lo amenaza diciéndole: “Esto le va a traer consecuencias, en caso de que quisiera seguir adelante con la audiencia que solicitó ante el propio ministro de Defensa Javier García”.

El denunciante no fue recibido por el ministro y, como resultado de esa reunión, le vuelven a aplicar otra sanción disciplinaria; siguió una odisea de cambios de destino dentro de la fuerza, hasta que terminó prestando servicios fuera de la Armada.

Investigación de la Armada

La Armada comienza su investigación, según consta en actas el 26 de diciembre del 2022, en el mes de julio de 2023, vencidos sustancialmente los plazos de sesenta días de corrido que marca el Decreto 500 para este tipo de investigación, y no habiendo respuestas del ente, el patrocinador legal del denunciante presenta un nuevo escrito ante el Ministerio de Defensa solicitando “celeridad procesal”, el cual es recibido, y ante la consulta al Comando General de la Armada de qué había ocurrido con dicha investigación, ésta se toma 3 meses más para entregarla ante el mismo.

Al ser analizada por los asesores legales del propio ministro, deciden cancelar la misma, ya que ésta presenta graves faltas y errores no sólo en la forma que se condujo la misma, sino que estaba basada en una información de urgencia, realizada por orden del mismo contralmirante D.V., totalmente ilegal y sin validez, por el capitán de navío F.Z., además de que las conclusiones, a las que llegó la abogada encargada de llevar a cabo la investigación de la Armada, no fueron tenidas en cuenta en su totalidad por el abogado del comandante en jefe de la Armada, ni por el propio comandante en jefe, haciendo que sea totalmente desprolija y con intencionalidad a ocultar lo denunciado entre otras faltas graves.

Burlando al Ministerio

El Ministerio realiza una nueva investigación por orden del propio ministro de Defensa Nacional, a principios de marzo del 2024.

Según información entregada por informantes de la Armada a Caras y Caretas, al ser citados oficiales y personal subalterno del Comando de Infantería de Marina por la abogada del Ministerio de Defensa Nacional, el contralmirante D.V. el día 18 de abril en las oficinas del Comando de la Flota, el ex segundo comandante de la Infantería de Marina, capitán de navío F.D., relevado junto con el capitán de navío D.P., hace pocos días, luego de que el Ministerio de Defensa le comunique a la Armada que va a realizar una nueva investigación sobre las irregularidades en el Comando de Infantería de Marina, junto con el abogado del Comando de la Flota Guardia Marina A.R. condujo una reunión donde convocó a los oficiales y personal subalterno que fueron y tendrán que ir a declarar al Ministerio de Defensa Nacional (entre ellos, según nuestra fuente participante de esa reunión, el capitán M.C., teniente D.A., alférez I.C., alférez J.C., suboficial de cargo J.A., suboficial B.D.L., cabo M. de los S.), de un total de 9 testigos participantes de la misma.

Fuentes del Comando de la Flota, quienes estuvieron presentes en la reunión, informan que allí el capitán F.D. les dijo qué y cómo declarar, les entregó unas impresiones con correcciones hechas a puño y letra por él, sobre cómo entregar la información que solicita el Ministerio y les transmitió que se queden tranquilos, que dicha investigación se iba a archivar y que la abogada que lleva la investigación adelante, “con la cual él mantiene contacto seguido, le había dicho que el denunciante estaba desequilibrado mentalmente”.

Ante la Justicia ordinaria

Fuentes del Ministerio nos informan que ya contaban con la información de esa reunión y que efectivamente la investigación de la Armada fue cancelada por graves omisiones, así como incongruencias en la misma, las cuales buscaban encubrir los hechos, que es un hecho el tomar medidas con todos los involucrados y de acuerdo a lo que decida el propio ministro, la realización de las denuncias pertinentes ante la Justicia por los delitos denunciados y que lo ocurrido en la reunión es claramente un delito y deben darse cuenta a la Justicia.

El ministro retiró las sanciones impuestas a Vega, las cuales no han sido retiradas por la Armada y, según nuestras fuentes, este incumplimiento a dichas órdenes del Ministerio ya ha ocurrido anteriormente con las sanciones anuladas hacia una capitán de corbeta, Noelia Miraballes, en julio de 2022, impuestas por el mismo contralmirante D.V., y que el Ministerio dio la orden a la Armada de retirarlas de su legajo.

La misma fuente del Ministerio nos comentó que al ser consultado por autoridades del Ministerio sobre si la intención del capitán Vega era volver a la Fuerza, este contestó que no, que la intención era seguir la vía judicial y solicitar los tribunales de honor correspondientes, por las falacias volcadas en esa reunión hacia su persona.

Una vez más la Armada se ve inmersa en situaciones poco claras, incluidas denuncias de abuso sexual y laboral que le hace ostentar el promedio más alto de solicitud de bajas de todas las fuerzas; situaciones poco claras, como lo ocurrido hace pocas semanas en el buque escuela Capitán Miranda.