Una propuesta de enmienda constitucional que podría hacer que las famosas playas de Brasil
caigan en manos privadas suscitó rechazó entre ambientalistas y la opinión
pública, en un país que se enorgullece de tener acceso abierto a sus vastas
costas.
Brasil
tiene una de las franjas litorales más largas del mundo, con alrededor de 7.500
kilómetros, que son de propiedad estatal y gestionadas por el gobierno. Pero en
el Congreso avanza un proyecto impulsado por el senador Flavio Bolsonaro, hijo
del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que nunca ocultó su sueño de
crear un “Cancún brasileño”, en referencia al conocido destino turístico
mexicano con grandes complejos hoteleros.
La
propuesta de enmienda constitucional busca transferir la propiedad de tierras
costeras a estados, municipios y privados.
Sus
detractores afirman que ello repercutiría negativamente en la protección del
paisaje y el medioambiente, además de impedir que la población acceda
libremente a las playas.
Una
audiencia pública en el Senado el lunes provocó indignación en las redes
sociales.
“Presionemos
a los senadores para que voten en contra” de esta propuesta, dijo la actriz y
activista ambiental brasileña Laila Zaid en un video de Instagram, visto casi
un millón de veces.
Leticia
Camargo, que coordina un grupo de trabajo sobre conservación marina en el
Congreso, dijo a AFP que la propuesta podría dejar el camino libre a una
“fuerte presión de intereses inmobiliarios”.
Además
podría conducir a “una mayor ocupación de tierras marinas, en un momento en que
el cambio climático hará cada vez más frecuentes las tormentas y la erosión
costera”.
Las
preocupaciones van más allá de lo ambiental: “Meterse con algo tan importante
de la cultura brasileña, como es nuestro acceso y nuestro uso de la playa, es
un asunto serio”.
La ley
brasileña, que declara las playas bienes públicos, impide los masivos resorts,
casinos y playas privadas que existen en otros países.
La
propuesta ya obtuvo luz verde en la Cámara de Diputados y Camargo estima que
podría ser aprobada por la comisión de constitución y justicia del Senado,
donde la oposición de derecha tiene mayoría.
Luego
pasará al pleno del Senado para su votación.
Camargo
confía en que la presión ciudadana pueda detener la enmienda.
Según
medios locales, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, no planea por el
momento incluir el asunto en la agenda para votación.
Flavio
Bolsonaro calificó en la red social X de “noticia falsa” la información según
la cual la enmienda busca “privatizar las playas”. Según él, concierne solo a “zonas
ya ocupadas”.
Para
Daniel Capecchi, profesor de derecho constitucional en la Universidad Federal
de Río de Janeiro, el proyecto tiene una “posibilidad considerable” de ser
aprobado si es sometido a votación.
Sin
embargo, dijo que si los estudios demuestran que el cambio tendrá un “impacto
ambiental severo”, podría ser impugnado ante los tribunales como una violación
de “los principios fundamentales de la Constitución” sobre la conservación del
medioambiente.
AFP
