El fétido barro multicolor de la corrupción

Por enésima vez los blancos están en el ojo de la tormenta, que en lenguaje científico se define como cumulonimbo. Se trata de nubes de desarrollo vertical denominadas pared del ojo, que devienen en intensos vientos a nivel de superficie en el ciclón tropical y para los pilotos de un avión son una auténtica tortura.

Así se debe sentir el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que enfrenta múltiples turbulencias provocadas por su propio partido y bajo su responsabilidad. En efecto, él es piloto de la nave multicolor que, por su defectuoso funcionamiento, mucho se parece a los dos aviones Hércules comprados en 2020 a España en más de 20 millones de dólares, que son mera chatarra y han estado más en reparaciones que en vuelo.

En ese marco, la nueva tormenta que azota con fuerza a la nave del Gobierno puede afectar por el intenso estrés hasta los folículos pilosos del mandatario que pierde el pelo pero no las mañas, como buen espécimen de la fauna política.

Esta turbulencia fue provocada por la revelación de chats entre el ahora expresidente del deshonorable Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y el pedófilo preso exsenador Gustavo Penadés, imputado de 22 delitos de corrupción de menores y violación, entre otras aberraciones de naturaleza sexual.

Si bien se trata de conversaciones privadas, Iturralde califica al fiscal de Corte, Juan Gómez, en uso de licencia médica hace casi seis meses luego de una fuerte embestida para hacerlo caer, como un “cagón” y sugiere que la fiscal Alicia Ghione, a cargo de la causa, podría ser manipulada, “porque es nuestra”, a raíz de su pasado nacionalista. En tal sentido, y citando algunos antecedentes, insinúa que la magistrada sería la mejor opción para que Penadés salga airoso de su entuerto judicial.

La primera consideración es que Ghione, cuyo pasado como blanca y su eventual amistad con Iturralde me tiene sin cuidado, ha actuado con ejemplar valentía, ecuanimidad y apego al derecho, protegiendo, como corresponde, la identidad de las víctimas del exparlamentario y delincuente. Incluso, además de solicitar prisión preventiva para el imputado, abrió una segunda línea de investigación cuando descubrió una oscura trama delictiva para identificar a los denunciantes, que ya ha originado varios procesamientos.

Por ende, lo realmente grave es que el Partido Nacional, en la figura de su propio presidente, haya insinuado la posibilidad de presionar a la Justicia e influir sobre sus decisiones. Como se recordará, otro tanto hicieron el hoy exministro del Interior, Luis Alberto Heber, y hasta el presidente de la República, quienes, incluso antes de que comenzara el proceso penal, prejuzgaron, afirmando que el acusado era inocente. Evidentemente, debieron permanecer en silencio. Luego, por supuesto, se hicieron los distraídos, alegando que ignoraban las fechorías del imputado, pese a que éste militó en la colectividad durante cuarenta años, treinta de ellos en cargos electivos.

Antes del inicio de este período de gobierno, los blancos ya hostilizaban permanentemente a la Fiscalía, acusando

a .los magistrados de parcialidad. Además, pidieron reiteradamente la cabeza de Juan Gómez y previamente de su predecesor Jorge Díaz, y proponen la instalación de un triunvirato, como el integrado por Julio César, Craso y Pompeyo en la antigua Roma, con representación política. Esta maniobra, por ahora fallida por falta de mayoría parlamentaria, tiene el claro propósito de vulnerar la independencia técnica del organismo, al cual han desfinanciado sistemáticamente.

A ese coro de alienados reclamos se han sumado otros dos integrantes de la coalición de gobierno: el Partido Colorado y naturalmente Cabildo Abierto, un partido político de impronta militar, autoritaria y progolpista que, como todas las colectividades de su calaña, es enemiga de la Justicia.

Los dos principales abanderados de estos arteros ataques son la inefable senadora blanca Graciela Bianchi y el senador suplente Sebastián Da Silva, a quienes se han sumado el fascista diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía y el senador cabildante Guido Manini Ríos, quien debió ser procesado por omisión al no denunciar las confesiones del torturador José “Nino” Gavazzo ante un tribunal militar cuando era comandante en jefe del Ejército.

Ahora, quien presiona a la Fiscalía es el propio presidente Luis Lacalle Pou, cuando afirma que algunas causas penales avanzan con lentitud, lo cual constituye una injerencia tan grosera como incalificable, con intenso hedor a autoritarismo. No en vano, el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi afirmó: “Ahora sabemos que la presión es directa. Al principio teníamos dudas”.

Este luctuoso episodio, que involucra al Partido Nacional y horada la institucionalidad, no debería quedar impune. Hay que ir hasta el hueso para saber la verdad y determinar, de una buena vez, si la política está o no contaminando a la Justicia. No basta con una renuncia para zanjar este nuevo escándalo que agravia nuestra tradición democrática.

Si bien nadie duda de la probada honestidad de la fiscal Alicia Ghione, quien tiene todo el derecho de sufragar por el partido político de su preferencia, no debemos olvidar el patético rol desempeñado por la hoy exfiscal Gabriela Fossati, quien pidió el procesamiento del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, únicamente por su participación en unas organización delictiva que falsificaba pasaportes a ciudadanos rusos.

Esta exmagistrada, que hoy milita sin pruritos en el Partido Nacional, omitió investigar otros delitos y blindó al presidente de la República, pese a que éste fue quien le otorgó mucho poder a un personaje sin dudas siniestro, cuyos antecedentes penales eran conocidos desde 2020. Aunque Astesiano, quien operaba con absoluta impunidad y hasta se reunía con su pandilla en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, afirmó que sólo acataba las órdenes del presidente, Lacalle Pou insólitamente salió ileso.

Por supuesto, el caso del otorgamiento de un pasaporte ilegal al prófugo narco Sebastián Marset por parte del Gobierno sigue su curso en dos causas penales. A ello se suma la denuncia falsa contra Yamandú Orsi de, vaya casualidad, una militante blanca, ahora imputada penalmente.

Lo ideal sería que se deje actuar a la Fiscalía con independencia, caiga quien caiga, con el propósito de corroborar que nuestra democracia todavía es creíble y que Uruguay no ha devenido en una mera república bananera.

Empero, si lamentables son las declaraciones de referentes del nacionalismo elogiando la decisión de Iturralde de renunciar pero sin cuestionar el fondo del problema, peores son aún las reacciones obsecuentes de sus socios colorados y cabildantes que, más allá de tímidas críticas, siguen perteneciendo, pese a la sucesión de escándalos, a un gobierno groseramente corrupto.

Retornando a nuestra inicial reflexión meteorológica, esta nueva tempestad deviene inexorablemente en barro, que es el escenario donde se mueve esta derecha rancia, retrógrada y decadente, que nos ha “regalado” los peores cinco años de nuestras vidas en este tercer milenio, a excepción de la dramática crisis de 2002.