la política es un negocio para los herreristas

Han pasado casi 1500 días de relatos falsos en que se suman irregularidades, sospechas, investigaciones judiciales, renuncias que confirman que para este Gobierno no hay otra mirada que la de la ventaja, el clientelismo, el lucro, el nepotismo y el acomodo.

No hay nada bueno en la gestión de Lacalle Pou y detrás de cada acto hay una sospecha, una cara oculta, una investigación o un intercambio en un timbiriche de vanidades.

Que la inocencia te valga

El Gobierno del padre de Luis Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle Herrera, entre los años 1990 y 1995, ha sido señalado como el que contó con más eventos investigados por la Justicia y en el que más episodios de corrupción fueron denunciados y comprobados en la historia política del país. No hay que olvidar que el Partido Nacional se fracturaba mientras Lacalle Herrera se enriquecía.

Se puede recordar, por ejemplo, el caso que investigó irregularidades en el Banco Pan de Azúcar, en el que se comprobaron operaciones financieras fraudulentas y coimas a funcionarios y personas ligadas al Gobierno.

La venta del Banco Pan de Azúcar (BPA) se concretó el 22 de marzo de 1994 y fue denunciada como irregular en el Parlamento, que pasó los antecedentes a la Justicia.

Lacalle, electo en 1990 en representación del Partido Nacional, gobernó hasta 1995, cuando fue sustituido en el mando por Julio Sanguinetti, del Partido Colorado. Los nacionalistas formaron parte de la coalición que respaldó al Gobierno de Sanguinetti.

Tras las denuncias, Lacalle defendió públicamente a Enrique Braga, quien fuera ministro de Economía y presidente del Banco República y, para reforzar su apoyo, le otorgó cargos honoríficos en un instituto de investigación de su partido.

El expresidente sostuvo que existía una conspiración para perjudicarlo, aunque incurrió en varias contradicciones en las seis ocasiones en que declaró ante el juez.

El BPA fue comprado por la fiduciaria italiana Banknord cumpliendo un mandato de la empresa irlandesa Eurofar, con sede en Lugano, Suiza.

El empresario francés Stéphane Benhamou encabezaba el grupo Eurofar y como tal pasó a ocupar la presidencia del BPA. Benhamou y su principal asesor financiero, el italiano Sandro Calloni, abandonaron Uruguay.

A través de otras empresas, ambos mantuvieron intereses financieros, comerciales y de seguros en Argentina, Francia, Italia, Suiza y China.

El fiscal Barrios imputó a Braga falta de controles adecuados en la venta, porque se comprobó que los compradores carecían de idoneidad y solvencia para encabezar el BPA, uno de los mayores bancos privados de Uruguay.

El 13 de septiembre, el Banco Central intervino el BPA para evitar que siguiera perdiendo dinero y de esa forma asegurar que se mantenga operativo con garantías para los ahorristas.

Desde su venta, el BPA perdió 70 millones de dólares en depósitos y se produjo una fuga de capitales hacia el exterior a sociedades que la Justicia pudo identificar. Como consecuencia de esta investigación judicial fueron condenados Enrique Braga y el asesor presidencial Daniel Cambón, a quien se le probó haber recibido una coima.

Julia Pou, esposa del expresidente y madre del actual presidente, Lacalle Pou, también fue investigada, aunque no se le pudo probar un delito porque la legislación de la época no penaba el tráfico de influencias como lo condena la legislación actual.

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La culpa es de Colón

El periodista Ignacio Álvarez, en su programa Las cosas en su sitio, comenzó ese tramo de la entrevista citando las declaraciones de Danilo Astori, que acusó al expresidente de vender el BPA a “una banda de delincuentes”. Lacalle contestó que “los bancos fueron vendidos correctamente”.

Entonces, Álvarez comenzó a citar el fallo de la Justicia. “En el caso del BPA lo que la Justicia entendió es que hubo delito, justamente, en el proceso de venta. Por ello fueron procesados el expresidente del Banco Central del Uruguay, Enrique Braga, y también Daniel Cambón, quien fuera asesor suyo”, dijo, dirigiéndose a Lacalle. “Braga fue condenado por el delito de abuso de funciones al inducir a vender las acciones del BPA a un grupo de bancos italianos que, según la Justicia, no eran los verdaderos compradores”. Luego agregó que “Cambón fue procesado y condenado por un delito de conjunción del interés público y privado, por recibir una comisión del 6,66 % de la venta del BPA”. Y por último destacó que “otro documento establecía que el 3,33 % de la venta del BPA le correspondía a su esposa, Julia Pou”.

Allí el periodista se refería a una carta firmada por Stéphane Benhamou, representante de los compradores del BPA, en la que se adjudicaba ese porcentaje de la venta a la ex primera dama. Lacalle dijo que nunca vio la “cartita” y Álvarez le retrucó que estaba en el expediente judicial.

El expresidente recordó que la Justicia no condenó a Julia Pou y preguntó por qué. “¿Quiere que le diga lo que me dijo el juez (José Balcaldi)…? (Que) en ese momento no existía la ley anticorrupción que tipifica el delito de tráfico de influencias. Hoy no hay que ser funcionario público para ser procesado por ese delito”, le dijo Álvarez.

Lacalle afirmó que eso era una calumnia “que hizo una revistita, la revista Tres”. Ese medio fue el que difundió la investigación con los datos usados por Álvarez en la entrevista.

“Si fuera cierto, ¿por qué no le pagaron nunca a Julia Pou su parte cuando se deshizo el negocio?”, preguntó Lacalle. “Pero eso también está asentado en el fallo de la Justicia…”, le dijo Álvarez. Y Lacalle volvió a preguntar sobre el 3,33 %. “¿Pero dónde está ese 3,33 %? Espero que me lo reconozcan, porque yo nunca lo vi, ni lo vio mi mujer. Eso fue una tramoya. Nunca recibimos dinero. Yo he actuado en la vida política y privada como un hombre de bien. Todo el mundo sabe lo que tengo; yo he actuado correctamente y esa es una calumnia muy sucia”, dijo. “No es una calumnia, es un fallo de la Justicia”, respondió el periodista.

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Aunque Lacalle negó cualquier relación con las actividades ilícitas, el escándalo afectó seriamente su reputación y el nombre de su esposa y del prosecretario de la Presidencia, Daniel Cambón, quienes fueron reiteradamente mencionados hasta llegar a la Justicia, que probó los ilícitos investigados.

Hubo varias denuncias de corrupción relacionadas con contratos de obras públicas. Se mencionaron irregularidades en la adjudicación de contratos y sobreprecios en diversas construcciones, lo que llevó a investigaciones y cuestionamientos sobre la administración de recursos públicos que involucraron a diversos funcionarios, incluyendo a Juan Carlos Raffo, quien fuera el ministro de la mencionada cartera.

Fue denunciada la privatización de PLUNA (Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea), la aerolínea estatal, la que fuera vendida a la empresa brasileña Varig.

La denuncia realizada por uno de sus directores del partido Colorado, Juan Carlos Bugallo, alegaba la falta de transparencia y las condiciones del acuerdo, lo que generó sospechas de manejos indebidos.

Aunque muchos de estos casos no resultaron en condenas judiciales directas para Lacalle Herrera, sí contribuyeron a una percepción pública de corrupción y falta de transparencia durante su administración.

Más corrupción: caso Focoex

La corrupción y las irregularidades denunciadas afectaron la confianza de la población en el gobierno de la época, de manera que perdió las elecciones siguientes, nunca más ganó la Presidencia de la República, provocó una ruptura muy duradera en la interna de su partido y alguno de sus principales colaboradores fueron objeto de investigaciones judiciales, condenados y enviados a prisión.

Uno de los casos más resonantes fue el llamado caso Focoex. Focoex era una empresa española con la que el Gobierno de Lacalle Herrera firmó un contrato para la adquisición de equipamiento médico para hospitales públicos. Las denuncias se centraron en la falta de transparencia en la adjudicación del contrato y en el sobreprecio de los equipos adquiridos. Se alegó que los equipos fueron comprados a precios muy superiores a los del mercado, lo que generó sospechas de corrupción y manejos indebidos de fondos públicos.

El escándalo afectó la imagen del Gobierno y puso en evidencia posibles prácticas corruptas en el sector de la salud pública. El caso fue investigado por comisiones parlamentarias que intentaron esclarecer los detalles del contrato y las responsabilidades involucradas. Sin embargo, como en muchos casos de corrupción, la complejidad del sistema y la falta de pruebas contundentes hicieron difícil llegar a conclusiones definitivas.

Aunque no hubo condenas judiciales directas para los principales responsables, el caso Focoex contribuyó al deterioro de la confianza pública en el Gobierno de Lacalle Herrera y en las instituciones encargadas de la gestión de recursos públicos, lo mismo que las denuncias sobre compra de equipamientos militares a contratistas privados a los que se pagaron abultadas comisiones.

Otra más: el BSE y los cero kilómetro

Otro caso de corrupción significativo durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera fue el escándalo relacionado con el Banco de Seguros del Estado (BSE) y el mercado de los automóviles cero kilómetro. El BSE, una institución estatal encargada de los seguros en Uruguay, se vio involucrado en un escándalo relacionado con la venta de autos.

Se denunciaron irregularidades en la forma en que el BSE manejó la venta de vehículos. Las acusaciones incluían la venta de autos siniestrados y recuperados por el banco a precios muy por debajo del valor de mercado, así como la posible existencia de una red de favoritismo y comisiones ilegales.

Se alegó que altos funcionarios del BSE estaban implicados en estas prácticas, beneficiándose personalmente de la venta irregular de estos vehículos.

El escándalo llevó a investigaciones tanto internas dentro del BSE como judiciales. Las investigaciones intentaron determinar la magnitud de las irregularidades y los responsables de las mismas. Como consecuencia de las instancias judiciales fueron condenados el presidente del Banco de Seguros, Julio Grenno, y el prosecretario de la Presidencia de la República, Daniel Cambón, quien también había sido nombrado en las investigaciones sobre el Banco Pan de Azúcar.

Al igual que otros casos de corrupción durante el mandato de Lacalle Herrera, este escándalo contribuyó a la percepción de una administración marcada por la falta de transparencia.

Negaciones

A pesar de las investigaciones, las condenas judiciales definitivas fueron escasas, lo que a menudo ocurre en casos de corrupción debido a la dificultad para obtener pruebas contundentes y la complejidad de los esquemas corruptos.

Como era habitual, Lacalle Herrera negó las acusaciones y demandó a los políticos de los otros partidos de oposición de haber realizado una embestida salvaje para mancillar su honor.

No obstante, no pudo disimular su enriquecimiento abrupto ni reparar su deteriorada imagen en la opinión pública, para lo que tuvo incluso que mostrarse distanciado de su hijo, quien ha declarado no ser muy diferente de su padre mediante una metáfora sutil de decir que el fruto no cae lejos del árbol que le da origen.

La famiglia es la famiglia

Tal vez la historia más escandalosa es la de los negocios forestales de la familia Lacalle. Cuenta la leyenda que a principios del 91, el Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera, ya electo presidente, pero sin haber aún asumido, reunió a su hermana Inés, a sus primos Heber y a su esposa Julia Pou. En esa reunión trazaron una hoja de ruta sobre el futuro de los campos familiares ubicados todos en el paraje Cerro Colorado del departamento de Florida.

La reunión se realizó en la vieja casona de los Lacalle Pou en la calle Echevarriarza, un típico chalet de tejas del Pocitos de la belle époque.

Fueron convocados, además de los hermanos Lacalle, propietarios del campo familiar Santa Margarita, los Heber Fontana (dueños de San Juan Bautista), campos que pertenecían a Luis Alberto, Mario, Fernando, Alejandra y Cecilia.

Participaron también los hermanos Heber Füllgraff, hijos del expresidente Alberto Heber Usher, y los Heber Videla, es decir, la histórica secretaria del herrerismo Ita Heber y sus hermanos.

La legislación de promoción de la forestación fue votada en el primer gobierno de Julio Sanguinetti, Gobierno que antecedió al de Luis Alberto Heber.

La prima de Julita Pou, la Ing. Agr. Rosario Pou, tendría un rol central en el Gobierno de Lacalle, siendo la designada en su especialidad técnica en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y quien sería la encargada de coordinar la forestación de los campos de la familia.

La forestación de los campos de los primos comenzó como un verdadero emprendimiento familiar. Amparados en la legislación vigente, que también fue votada por el entonces senador Lacalle Herrera y el joven diputado por Rivera, Luis Alberto Heber, armaron una suerte de pyme familiar y contaron para el inicio con el apoyo técnico-económico de una empresa forestal del País Vasco.

Esta sociedad con los vascos duró poco menos que un lirio. Antes de la primera tala de monte ya eran socios de los españoles. El negocio era redondo y cuando hacía falta obtenían préstamos rápidos contra hipotecas con el Banco Comercial.

El negocio de un presidente en actividad fue investigado por la Justicia a partir de que se habría comprobado que con la gestión de Rosario Pou al frente de la Dirección de Recursos Forestales, se tomaron medidas que favorecieron el negocio de las 1762 hectáreas forestadas por la familia Heber.

La funcionaria, que es prima hermana de la esposa del presidente, fue contratada por el Gobierno para realizar un proyecto forestal financiado por el Banco Mundial, siendo que Luis Alberto Heber y ella estaban gestionando la producción forestal en los campos de la familia.

Los préstamos que concedía el Estado eran destinados a proyectos forestales en campos de escasa productividad, campos que se caracterizaban como de prioridad forestal. Algunos de los campos de la familia que excedían la calificación de campos forestales fueron recategorizados por disposiciones administrativas de la Dirección de Recursos Forestales y el Poder Ejecutivo. Por este motivo, los campos adquirieron derechos a subsidios y beneficios que no hubieran tenido si no hubiera habido tal recategorización.

El papel de los vascos fue efímero. Ellos sólo sirvieron para preparar suelos, hacer la inversión en insumos e importar maquinarias. La reunión familiar se hizo para adquirir un volumen que les permitiera obtener financiamiento, conseguir beneficios fiscales y crediticios.

Poco tiempo después se crearon varias sociedades anónimas. Brecha denunció que, de acuerdo a sus investigaciones, Lacalle Herrera poseía el doble de tierra que la declarada. Así empezó el enriquecimiento de los Lacalle y los Heber, la flor y nata del herrerismo.

Negocios, negociados y cosas turbias en el gobierno de Lacalle Pou

Al inicio de este Gobierno herrerista que preside Luis Lacalle Pou, en plena pandemia, el mismo perdió tiempo, vidas y no sabemos cuánto dinero negociando la compra de una vacuna de origen chino pagando abultadas comisiones a personas que no eran en realidad representantes del laboratorio cuya representación invocaban.

La compra a Laboratorios Pfizer de las vacunas finalmente adquiridas se hizo mediante un contrato secreto amparado en una cláusula de confidencialidad mediante el que se ocultó si hubo intermediarios y cuánto se pagó por las mismas.

El presidente firmó dos decretos sobre flexibilización de las leyes antitabaco, beneficiando a la industria tabacalera, la que había sido un fuerte contribuyente de sus listas en la pasada campaña electoral. Se le recuerda, eso sí, paseando en el yate de una de las familias propietarias de estas empresas.

El presidente firmó la venta de un terreno público en Punta Ballena al magnate brasileño Alexandre Grendene, quien también le presta su avión privado. El terreno tiene un valor de 750.000 dólares, pero el presidente lo enajenó por 120.000.

El Gobierno ha traspasado funciones estatales a particulares, casualmente blancos; caso de la fundación “A Ganar”.

Las adjudicaciones fueron observadas varias veces tanto por la Jutep como por el TCR. En el período de la pandemia tercerizó el reparto y la adjudicación de alimentos a comedores y merenderos a ONGs integradas por militantes del Partido Nacional.

También se dio dinero a la fundación Uruguay Adelante, aun cuando no tenía personería jurídica y tuvo que usar una “prestada”. Se traspasó dinero público a otros blancos encargándoles auditorías y asesoría como en el caso del Antel y la auditoría externa sobre el Antel Arena. Fundaciones y auditorías han sido la excusa perfecta para saquear el erario.

La oposición se ha opuesto a la concesión de los servicios portuarios negociados sin los controles legales. La Justicia no halló elementos para el reproche penal, pero sí constató irregularidades y omisiones en su tramitación, lo cual quedó señalado por escrito. Recientemente se anunció que el Estado uruguayo deberá enfrentar una demanda por centenares de millones de dólares, presentada por una de las empresas afectadas.

El intendente de Artigas, Pablo Caram, saqueó las arcas de la Intendencia mediante la adjudicación de horas extras, siendo tantas que nadie las hubiera podido realizar.

Cuando el Ministerio realizó una licitación para adquirir 55 vehículos todoterreno, se adjudicó a la automotora AYAX. Esta empresa no cumplía los requisitos del pliego, pero se recomendó elegirla igual. Detalle: el gerente y propietario de la empresa es amigo de la infancia de Lacalle Pou.

Se obliga a la telefónica pública a traspasar tecnología a sus competidoras y a suministrar su red física de fibra óptica a quienes compitan con Antel en la trasmisión de datos.

Las transferencias millonarias a los canales de televisión privados con motivos y causas diversas han sido denunciados en la prensa y en el Parlamento, pero los montos adjudicados por diversas vías para mantener dóciles a estos medios superan los límites de lo racional y ético.

Aun quienes cayeron en medio del escándalo siguen cobrando suculentos salarios en las ventanillas del Estado. Tal es el caso de Irene Moreira, hoy senadora; Germán Cardoso, hoy diputado; Luis Alberto Heber, senador; Francisco Bustillo, esperando para ser designado embajador; Guillermo Maciel, como asesor de Ancap; y Luis Calabria, que pocas semanas después de su renuncia fue nombrado asesor en Presidencia de la República.

El ministro de Defensa Javier García compró en España dos aviones que integraban un lote destinado a chatarra y con fecha de vencimiento inminente.

De hecho, este tipo de aviones, que fueron vendidos a un precio muy elevado y sin repuestos, han tenido varios problemas y necesitados costosas reparaciones.

El cierre de Casa de Galicia y sus diferentes aristas ha sido motivo de controversias judiciales y parlamentarias. Los aspectos más controvertidos son los de la actuación del ministerio de Salud Pública en su cierre, las denuncias a su presidente Alberto Iglesias, la distribución de sus socios, la venta del sanatorio de la calle Millán y del IMAE cardiológico que hay en el mismo.

Según ha difundido Enrique Ortega Salinas del informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, hay cinco intendencias que tienen casi el 100 % de los ingresos mediante designación directa y todas son del Partido Nacional. La Intendencia que lidera el ranking de abusos de ingresos a dedo es la de Cerro Largo, que fuera dirigida por Sergio Botana. Esos primeros cinco lugares de la lista corresponden a las intendencias de Cerro Largo (100 %), Río Negro (100 %), Tacuarembó (98 %), Lavalleja (97 %) y Artigas (93 %).

Las intendencias de San José, Montevideo, Canelones y Maldonado son las que tienen menos ingresos por designación directa; y si hablamos de los departamentos que tienen menos funcionarios con relación a su población, los tres primeros lugares los ocupan Montevideo, Canelones y San José, en ese orden. Como contrapartida, Río Negro, Flores y Treinta y Tres son los que tienen más.

En marzo de 2021 renunció el coronel (r) Enrique Montagno, vocal del directorio de ASSE en representación de Cabildo Abierto, tras difundirse la grabación de una charla que tuvo el 23 de febrero con el exmilitante del partido militar, Adrián Puppo, jactándose de haber metido en ASSE a 135 personas a dedo, montando una estructura política gigantesca. Son varios los jerarcas que hicieron lo mismo; pero solo caen si son descubiertos.

Carlos Albisu, que también cayó por meter a dedo a correligionarios en la CTMSG, ahora será candidato a intendente con el apoyo de Álvaro Delgado.

En marzo de 2020 designó como presidente de la Junta Nacional de Salud a Luis González Machado, quien resultó cuestionado por ser propietario de una empresa que mantiene vínculos comerciales con el Sistema Nacional Integrado de Salud, violando el artículo 31 del Código de Ética de la función pública.

El ministro Da Silveira fue denunciado ante la Jutep por la venta de la ex Ancap de Gorlero a Daniel Zulamián, un empresario inmobiliario vinculado al Partido Nacional que aportó dinero para la campaña electoral de Luis Lacalle Pou y que ha logrado varios convenios con el Estado.

Estos son sólo algunos de los hechos que han sido motivo de denuncias, debates, investigaciones judiciales y escándalos en estos cuatro años de gobierno herrerista.

No hablamos de todas las ramificaciones de la investigación y la condena a Alejandro Astesiano y la adjudicación del pasaporte al narcotraficante preso Sebastían Marset, causas que aún están pendientes de investigación fiscal en distintas fiscalías de crimen organizado.

Si alguien tiene dudas, podemos recordar los pasajes de primera clase de la exesposa del presidente, la valija diplomática con contenido más que misterioso, con obsequios que el presidente recibiera de Dubái.

No habrá ninguno, no habrá… No habrá ninguno

También podemos recordar ediles y alcaldes investigados por uso ilegal de fondos públicos y favoritismos injustificados; militantes, ediles y dirigentes involucrados en narcotráfico y lavado de dinero; un senador y principal dirigente de la Lista 71 formalizado por 20 y tantos delitos de corrupción de menores y pedofilia; y más recientemente una dirigente, Romina Celeste, orquestando una provocación contra el candidato a presidente por el Frente Amplio, acusada de falso testimonio en medio de una conspiración política que parece tener ribetes internacionales, a juzgar por las declaraciones de la fiscal que investiga el caso.

Daría para un ensayo de la degradación de la política o para un tratado de lo que no debe ser en la función pública. Tal vez un ejemplo relevante sea el de la meteórica carrera política de la exfiscal Gabriela Fossati, quien luego de una investigación más que turbia en la que se involucró y condenó a Alejandro Astesiano, custodia y funcionario de la más estricta confianza del presidente de la República, la fiscal pasó por alto todos los indicios que rozaban a Lacalle Pou, incluyendo la excepción de evitar investigar los chats que lo involucraban y pasando por alto aquellos que lo mencionaban y eventualmente incriminaban. Un par de meses después se retira y construye un relato en que se disfrazaba de mártir e ingresa a las filas dirigentes del Partido Nacional que la incluye en un lugar prominente en una de sus listas.

Este dato motivó que Astesiano sugiriera que semejante protagonismo sólo se justificaba si Fossati había recibido una retribución por su actuación.

Como los lectores imaginan, a la edad que tengo la memoria no es mi fuerte. Si lo fuera, no alcanzaría esta revista, ni tan siquiera un libro como los que escribe con tanto éxito Enrique Ortega, para enumerar denuncias, investigaciones, causas judiciales y sospechas que involucran e involucraron a dirigentes, legisladores, ministros, intendentes y ediles blancos, y especialmente herreristas, fundamentalmente en sus dos Gobiernos nacionales y en sus innumerables Gobiernos departamentales. Naturalmente, hay unos cuántos socios de otros partidos que se colgaron de la piñata.

Pero como los herreristas no hay ninguno.