Mas gobiernos departamentales nacionalistas con irregularidades

La principal crítica a Omar Lafluf en su gestión es que deje su cargo con una “herencia” pesada de asuntos sin resolver. Al problema de las fotomultas que generaron deudas de tránsito a decenas de vecinos en el departamento, se suman acusaciones contra el intendente Omar Lafluf, que deja su cargo contratando personal sin que la resolución sea avalada por la Oficina Nacional del Servicio Civil y denuncias por coimas para expedición de libretas de conducir.

En octubre del 2020, la Intendencia, por licitación abreviada, contrató los servicios de la empresa Teslights S.A. para el servicio de fotomultas, privatizando los controles. Esta situación generó que el edil Julio Dimitrioff solicitara saber los motivos de la licitación otorgada a una empresa privada que, salvo la venta de algunas luminarias, no tenía experiencia en el tema. Pero el tema se agravó cuando una cantidad de usuarios empezaron a recibir multas por infracciones que no habían cometido. La Intendencia de Río Negro emitió un comunicado respaldando a la empresa y asegurando que los equipos estaban verificados por el LATU.

Sin embargo, con fecha 8 de marzo, el LATU responde ante una consulta del estado de certificación y control por parte del LATU de las cámaras y radares pertenecientes a la empresa Teslights International S.A. utilizadas para la fiscalización del tránsito en la ciudad de Fray Bentos y si la empresa posee autorización por parte del LATU para la manipulación y calibración de dichos equipos concluyendo que «la empresa Teslights International S.A. no cuenta a este momento con instrumentos verificados por Metrología Legal de LATU, estando sí registrada como fabricante y reparadora de cinemómetro».

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Luego de una serie de movilizaciones de los vecinos damnificados, actuaciones de la bancada de ediles del Frente Amplio y denuncia de contrabando de los equipos ingresados, en enero de este año, en un llamado a sala, el intendente Omar Lafluf expresó frente a los ediles su intención de dar de baja 11.000 multas notificadas a SUCIVE. Ante la inminente renuncia de Lafluf al cargo, los delegados de los trabajadores emitieron un comunicado en el que señalan que el intendente deja su cargo sin resolver, «conforme a derecho, las reclamaciones y eventuales demandas que los vecinos afectados» llevaron adelante por falta de respuestas. También cuestionaron que la renuncia se lleve a cabo sin que el Tribunal de Cuentas se haya expedido ante una acción promovida por la Junta Departamental, y que sigue en juicio la denuncia por contrabando de los equipos. El comunicado termina expresando la voluntad de los trabajadores de iniciar las acciones legales correspondientes.

Por su parte, el edil frenteamplista Julio Dimitrioff denuncia que Lafluf se retira designando gerentes que responden al Partido Nacional, al tiempo que la bancada de ediles del Frente Amplio denuncia coimas en la entrega de libretas de conducir. Esta situación ingresa al plenario del 28 de julio; según la denuncia, hubo una investigación administrativa ordenada por Lafluf, a raíz de una denuncia de funcionarios de tránsito por mesa de entrada. Se denunció entrega de libretas por coima, sin prácticos ni teóricos, se dieron los nombres de los funcionarios implicados y se denunció la posible actuación de directores cubriendo a 2do y 3er escalón de jerarquía.

En febrero de este año, a raíz de una discusión entre trabajadores de la Dirección de Tránsito (delante de la gente), Lafluf ordena una investigación administrativa a la Dra. Katherine Paz. En las declaraciones de los funcionarios a la Dra., hacen denuncia de cobros por entrega de libretas de conducir sin examen práctico desde hace 2 años atrás.

De cuatro funcionarios intervinientes en la discusión de febrero, el intendente traslada a tres a otras áreas y deja al denunciado por coimas en expedición de libretas. El 1 de julio, los funcionarios son reincorporados a Tránsito (no a expedición de libretas) y el funcionario denunciado por coimas entra en sumario, con separación del cargo por 90 días y reducción de 50 % del sueldo.

El 24 de julio, Lafluf y la Dra. Paz declaran a la prensa que no hubo declaraciones de funcionarios sobre coimas, tras declaraciones públicas del edil frenteamplista Dimitrioff.

El 25 de julio, Dimitrioff desafía públicamente al intendente y su abogada a concurrir a la Justicia por injurias, y desafía a ambos a que, si no presenta pruebas en la Junta, renunciará al edilato, pero que si prueba que hubo constancia en actas de coimas, la Dra. renuncie y Lafluf renuncie al subsidio que cobrará por 1 año tras salir de la función.

El viernes 26 de julio 2024, el edil Julio Dimitrioff leyó en el pleno de la Junta de Rio Negro el acta de declaración de la funcionaria (Ana Canti) a la Dra. Katherine Paz, donde la funcionaria denuncia coimas para salvar prácticos de libretas, con nombre y apellido. Además, le muestra a la Dra. copias de chats, donde varios funcionarios hablan de lo mismo y de haber puesto en conocimiento a la subdirectora L. V. y encargada D. B., al pie del acta, sello con matrícula y firma de la Dra. Paz.

La Junta votó por mayoría, sin votos de la lista 58 (Partido Nacional), respaldar el pedido reiterado y fundado del edil Dimitrioff.

No muy florida

El Gobierno departamental de Florida fue otro de los que recibió un sacudón por investigaciones sobre irregularidades de gestión en una de sus direcciones. El jueves 25 de julio tenía en el orden del día un informe de su asesoría letrada que sugería enviar a Fiscalía un expediente sobre hechos de apariencia delictiva en la Intendencia, del intendente Guillermo López.

La denuncia tiene que ver con la contratación directa en 37 oportunidades de la empresa Rodríguez Castellini por parte de la Intendencia, empresa perteneciente al hijo y al exesposo de la secretaria personal de López, Natalia Castellini. La contratación fue por un monto de 70 mil dólares y este tema dividió al Partido Nacional local, obligando a la renuncia de Castellini como secretaria.

Según un relevo realizado, la directora de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) por el Frente Amplio (FA), Ana Ferraris, concluyó que “la Intendencia de Florida tiene más de 10 mil observaciones (en este período)». «En mi vida como funcionaria pública no conozco un caso semejante”, dijo Ferraris a INFO 24.

Ferraris recordó que lo que observa el Tribunal de Cuentas es “la legalidad del gasto”, y reflexionó que esa cifra “da cuenta de una forma de gestionar”.

Con una mayoría oficialista, la Jutep aplica con criterio discrecional el art. 14, dando luz verde al envío a Fiscalía de algunas denuncias sobre gestión pública y evitando hacerlo con otros casos, como el de las 37 licitaciones directas adjudicadas por la Intendencia de Florida a familiares de la secretaria personal del jefe comunal, señaló Ferraris.

Según la representante del FA en la Jutep, el art. 14 «sí estaría vigente” para la mayoría oficialista en el directorio, a diferencia de otros casos para los que interpreta que no rige, con lo que “impediría que la Jutep se pronuncie enviando la denuncia a la Justicia, porque es lo que corresponde. ¿Para un caso sirve la norma y para otro no?”, cuestionó.

“Minuano donde tú vayas”

La principal referente de Aire Fresco en Lavalleja, la exsenadora Carol Aviaga, denunció “alta traición” y “fraude político” en la interna del Partido Nacional, porque quien hasta las últimas horas era su aliada, la exdiputada y ex intendenta Adriana Peña, rompió el pacto que tenían al sellar una nueva alianza con el intendente Mario García, para que él busque la reelección y ella la diputación.

“Los zorros entraron al gallinero”, dijo Aviaga a El País, y explicó cómo cambió el escenario político en su departamento.

A pesar de que el eje está centrado en el fuerte enfrentamiento político interno, la gestión de Mario García estuvo salpicada por el escándalo. En septiembre del 2021, según documentos divulgados, el intendente Mario García otorgó a dos jerarcas compensaciones excepcionales por 320 mil pesos, más otras compensaciones mensuales. A estas acusaciones se suma otra compensación que motivó el llamado a sala del intendente por la cual otorgó una partida de 72 mil pesos a su hermano, que se desempeña como “coordinador de Juntas Locales” y que ingresó a la Intendencia de Lavalleja como peón, a pocos días de culminar la anterior administración.

En abril del 2022 García fue nuevamente convocado a sala por el faltante de 600.000 pesos en la Alcaldía de Solís. En ese momento, haciendo una interpretación propia de las responsabilidades políticas en la descentralización, contraviniendo la Ley Orgánica Municipal, el intendente expresó: “La primera puntualización es que ni la Intendencia ni la Dirección de Hacienda tienen responsabilidad de tipo alguno en lo que nos convoca. A partir de la Ley de Descentralización hay que tener en cuenta que las intendencias no tienen responsabilidad sobre los municipios. Son atribuciones del alcalde dirigir la actividad administrativa del municipio. La gestión financiera integra la actividad del municipio. Es cometido de los municipios rendir cuentas en forma anual al Gobierno departamental. Esto nos obliga a concluir que desde el punto de vista formal la responsabilidad de la gestión es de la Alcaldía de Solís de Mataojo”, indicó García.

En todos los casos mencionados, la responsabilidad política de los intendentes, como señala la ley nro. 9.515 Orgánica Municipal, es clara, pero en la vida cotidiana lo que termina definiendo es la correlación de fuerzas del sector del o la intendente en la Junta Departamental.