¿Los mejores 5 años de nuestras vidas?
El estilo Lacalle Pou
Quizá lo único positivo fue que el Plan Ceibal se convirtió en el héroe, tanto del 2020 como de 2021, ya que los “idiotas informáticos” (así definidos por Graciela Bianchi) pudieron tener clases a distancia durante la pandemia. Gracias a todos los avances logrados por Antel, se naturalizaron el teletrabajo y hasta la telemedicina.
El ritmo de aumento de los depósitos en el exterior superó ampliamente todos los registros históricos, con un crecimiento de más del 10 % del PBI. La promesa del “derrame” y de que los malla oro nos ayudarían a salir adelante cuando la crisis pasara fue otra tomada de pelo. La oligarquía cuidó su propio bolsillo y mandó al diablo al pueblo uruguayo.
Hubo récord histórico de exportaciones; sin embargo, subieron la inflación, las tarifas y la pobreza, cayó el salario real y disminuyó el poder de compra de los funcionarios públicos. La tímida recuperación recién llegaría en 2024, claro, año electoral, año de afloje.
En 2021 se recortó el presupuesto para el Ministerio de Vivienda de 315 millones de dólares, que le daba el Frente Amplio, a 187 millones. Se eliminaron varios planes sociales creados por el Frente Amplio y hasta el Observatorio del Mides marchó a la basura. De 110.000 capacitaciones brindadas por el Inefop en 2019, pasamos a 37.000. En las rondas de salarios, en el 85 % de las mesas el Poder Ejecutivo votó la propuesta de los empresarios para la política salarial. Si bien se recuperaron muchos empleos perdidos en 2020, esto se logró con precarización laboral y bajos salarios. Eso sí, mientras las pasividades bajaban, se aumentó el sueldo del presidente y aprobó un aumento de $100.000 a 18 cargos de confianza.
Lacalle Pou se irá dejando como herencia:
* Récord histórico de personas viviendo en la calle y buscando comida entre la basura.
* Aumento de la pobreza infantil, que pasó de 16 % en 2019 a 20,1 % en 2024.
* Récord histórico de suicidios y homicidios en las cárceles.
* Récord histórico de suicidios de policías.
* Innumerables casos de abuso policial.
* Récord histórico de muertes calificadas como “dudosas”.
* Récord histórico de alcaldes condenados por la Justicia.
* Récord histórico de hechos de corrupción.
* Récord histórico de jerarcas que fueron removidos o condenados en medio de escándalos.
* 12 cambios en 14 ministerios hasta abril de 2024.
* 64 % de los hogares no llegando a fin de mes.
Caídas
No olvidemos al cabildante Enrique Montagno, quien debió dejar su cargo tras jactarse de haber metido en ASSE a 135 personas a dedo, montando una estructura política gigantesca. También cayó el ministro colorado del MGAP Carlos María Uriarte, por exigencia de su propio partido.
No olvidemos a los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, e Interior, Luis Alberto Heber, ni a sus subsecretarios, caídos en medio del caso Marset; ni a la ministra de Vivienda Irene Moreira, que premiaba a militantes de Cabildo Abierto con viviendas; ni a Germán Cardoso, por compras directas del Ministerio de Turismo.
Cayó también el presidente de la Junta Departamental de Durazno, Alberto Martínez Menditeguy, luego de filtrarse un audio en que amenazaba a la edila nacionalista Daniela Moreira para que asistiera a la Junta a votar el presupuesto departamental.
El 1° de mayo de 2021 fue destituido el licenciado Pablo Bartol y se entregó el Mides a Martin Lema, ya que el presidente decidió dar un perfil más político al ministerio; o sea, usar las necesidades de la gente más vulnerable con fines proselitistas.
El comisario mayor Fernando Pereira, coordinador de la Jefatura de Maldonado, fue condenado por varios delitos. En octubre renunció el jefe de Policía de Río Negro, Martín Botto, acusado de encubrir a un oficial imputado por violar a su sobrina de ocho años. En noviembre renunció el jefe de Policía de Cerro Largo José Adán Olivera, involucrado en un caso de contrabando.
En diciembre, uno de los dirigentes del sector de Luis Alberto Heber en Rocha, Claudio Amestoy, fue cesado como director de Tránsito y Transporte de la Intendencia tras descubrirse que extrajo 5.000 pesos con una tarjeta olvidada en un cajero automático.
Pese a los anuncios preelectorales de que muchos frenteamplistas terminarían en la cárcel, fueron los integrantes de la coalición quienes tuvieron problemas con la Justicia. Entre los casos más sonados estuvieron los del senador Gustavo Penadés, el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial Alejandro Astesiano, el presidente del Partido Nacional Pablo Iturralde, el intendente de Artigas Pablo Caram, la diputada nacionalista de ese departamento, Valentina Dos Santos, y Roberto Lafluf, el cerebro publicitario que supo mantener alta la popularidad de Luis Sin Apellido, pese a todos los escándalos. Lafluf confesó haber destruido un acta notarial para proteger al Gobierno.
Se dieron hechos de violencia doméstica (edil blanco de Paysandú); lesiones dolosas (edil blanco Darwin Correa, de Maldonado); abigeato (alcalde de Rincón de Valentín, en Salto); delitos sexuales contra menores (Juan Andrés Oronoz, alcalde blanco de Dolores, y Oscar Daniel Fracuelli Fernández, edil blanco de Mercedes); corrupción (media familia del alcalde blanco de Florencio Sánchez y mientras la Justicia investigaba el caso del diputado blanco Omar Lafluf en Río Negro); falsificación de documentos (venta fraudulenta de terrenos en La Juanita, Maldonado, por parte del exedil colorado Pablo Gallo); contrabando (exedil del Partido Colorado y candidato a diputado en 2019 por el Partido de la Gente, Mauricio de Benedetti); licitaciones con apariencia de amañadas (con la Fundación A Ganar y Ayax, entre otras); nombramientos a dedo (ASSE, DGI y Comisión Mixta de Salto Grande, por ejemplo); nepotismo (en casi todas las intendencias derechistas con el intendente de Artigas Pablo Caram a la cabeza); compensaciones especiales, ilegales e inmorales (Intendencia de Lavalleja); libramiento de cheques sin fondo (exdiputado blanco por Colonia Edmundo Roselli); violaciones a la ley de prendas (el mismo Roselli y el exintendente blanco de Soriano Agustín Bascou) y muchos, muchísimos casos más… Tampoco faltaron los rateros baratos. A fines de noviembre de 2021, un edil blanco quedó registrado por las cámaras de la Junta Departamental de Durazno tras robar una botella de whisky y sándwiches.
El 6 de mayo se hizo público un audio en el que el diputado colorado Omar Estévez confesaba que envió en un ómnibus a ocho trabajadores positivos de covid-19 para trabajar en la cosecha de naranjas en Salto. Estévez ya se había hecho notar cuando en 2020 participó en la Cámara argumentando y votando un fondo para el sector citrícola, lo que le está expresamente prohibido al ser él mismo empresario citrícola.
No olvidemos la Operación Océano, que involucró a más de 20 víctimas y 33 imputados, incluyendo un exjuez de menores, un exdirector de un colegio de Punta del Este, empresarios, profesionales y políticos como el diputado suplente Nicolás Ortíz, del Partido Colorado.
Sin caer
No olvidemos a la ministra de Economía Azucena Arbeleche beneficiando a la empresa de Isaac Alfie y a la de su propio esposo; al ministro de Defensa Javier García gastando fortunas en aviones, helicópteros, lanchas y metralletas, pese a la crisis económica y sanitaria; al coronel retirado Gaspar Barrabino, denunciado por tráfico de influencias y abuso de funciones en la Intendencia de Maldonado; ni olvidemos que mientras el senador Juan Sartori se negaba a presentar a la Junta de Transparencia y Ética Pública una declaración jurada sobre los bienes de su esposa, el multimillonario francés Hervé Vinciguerra presentaba una demanda en Islas Vírgenes y un recurso en Estados Unidos contra él por “desviar capital” de la compañía agropecuaria UAG para beneficio propio.
No olvidemos que la Ursec, dirigida por Mercedes Aramendía (vinculada con anterioridad a Movistar) bajó la tarifa que pagan las telefónicas por llamadas a números de otra empresa, provocando pérdidas millonarias a Antel, mientras que el ingeniero Gabriel Gurméndez (vinculado con anterioridad a Carlos Slim, dueño de Claro) decidió que Antel no debía ofrecer contenidos, con lo cual beneficiaría directamente a Claro y Movistar.
A la vez, el sindicato de Ancap paró la refinería de La Teja, por primera vez desde 1973, en protesta por la caída del convenio colectivo y el desmantelamiento de Ancap.
No olvidemos los negociados de Vertical Skies con el Gobierno ni la asociación para delinquir que funcionaba en la mismísima Torre Ejecutiva.
No olvidemos a la delirante senadora blanca Graciela Bianchi, usando su cargo y poder para presionar a docentes y periodistas. En todos estos años, la legisladora se dedicó también a publicar noticias falsas, calumniar y difamar, confesando en 2024 que lo hacía a propósito, mientras el presidente la deja hacer, porque para eso y por eso la tiene el Partido Nacional.
Homenajes inmorales
No olvidemos al senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano homenajeando al médico Nelson Fornos, fallecido en 2021, quien fuera procesado por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura; ni a la jefa del Departamento del Adulto Mayor y Discapacidad de la Intendencia de Rocha, Susana Núñez (de Cabildo Abierto), que tras la muerte del asesino Nino Gavazzo (muerto en el mismo año) dijo que “nos ayudó a vivir libres de dictaduras comunistas”. Tampoco olvidemos que el director nacional de Policía homenajeó al represor Víctor Castiglioni y que el director del penal de Domingo Arena homenajeó a los represores allí recluidos y atacó al Poder Judicial, violando la Constitución de la República.
La escritora Mercedes Vigil y la senadora Graciela Bianchi promovieron la prisión domiciliaria para los represores recluidos en Domingo Arena, mientras Cabildo Abierto presentaba un proyecto para liberar a sus camaradas de armas. En un documento elevado al presidente, Vigil consideró meras faltas los secuestros, torturas, violaciones y homicidios cometidos por los represores.
Olvidar es rendirse
El Gobierno y los medios afines desarrollaron una cruda campaña para desprestigiar a los sindicatos, muy especialmente a los de las empresas que la derecha desea privatizar o cerrar. La guerra contra los docentes también aumentó su intensidad. En San José, 14 profesores que se habían fotografiado en octubre de 2019 dentro y fuera de un liceo, manifestando su oposición a la campaña “Vivir sin miedo”, fueron sumariados en 2021 y autoridades de Secundaria pidieron la pena máxima. Sin embargo, nada se dijo contra la ministra de la Corte Electoral, Ana Lía Piñeyrúa, cuando insultó a quienes pretendían derogar parte de la LUC.
En abril de 2021, Andrea Porta (de la Olla Popular Palermo) denunció penalmente al senador Jorge Gandini, a Martin Lema y a Nicolás Martinelli, asesor del presidente. El canal 12 había filmado a cuatro referentes de esta acción solidaria portando camisetas contra la LUC. Los denunciados publicaron en Twitter una imagen donde figuraban los teléfonos de las personas filmadas, lo cual derivó en que tanto Andrea como sus compañeros fueran víctimas de amenazas. En la imagen publicada en Twitter por Nicolás Martinelli se destacaba una flecha apuntando a la cabeza de Andrea, por lo que quedó “marcada” y expuesta. El que la “marcó” llegaría a ministro del Interior en noviembre de 2023.
En julio, la Jefatura de Policía de Rocha destinó vehículos y personal para seguir, vigilar y grabar (o sea, intimidar) a las personas que recolectaban firmas pro referéndum.
No olvidemos que mantener a Luis Lacalle Pou en Suárez y Reyes nos costó 400.000 dólares por mes, ni a la vicepresidente Beatriz Argimón comprando dos retratos para el Parlamento (de Juana de Ibarbourou y Adela Reta), gastando 18.000 dólares…
No olvidemos que el candidato que prometió ser un presidente que se haría cargo; jamás se hizo cargo de nada. Este es el presidente que firmó dos decretos beneficiando a las tabacaleras y terminó paseándose en el yate de una de ellas. Es el mismo que firmó la venta de un terreno público en Punta Ballena al magnate brasileño Alexandre Grendene, quien también le presta su avión privado. El terreno tiene un valor de 750.000 dólares, pero el presidente lo enajenó por 120.000.
Es el mismo que prometió cuidar el medio ambiente y, a pedido de Upm2 y por medio del Ministerio de Ambiente, en abril de 2024 autorizó a la planta a elevar el límite diario de efluentes vertidos al Río Negro.
Y así, junto a infinidad de escándalos y abusos, nos vamos acercando al final de los mejores cinco años de nuestras vidas.
No permitamos que se olvide, porque los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo.
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