Entre la violencia y la inundación: la doble tragedia del Chocó sumido «bajo el agua»
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Hay más de 100.000 personas damnificadas en el departamento colombiano, que es el de mayor índice de pobreza en el país.
La emergencia de mayores proporciones que ha vivido el departamento colombiano del Chocó, en el noroeste, causada por las fuertes precipitaciones e inundaciones, no ha llegado sola. Esa entidad colombiana, que posee el índice más alto de pobreza del país, se encuentra además sitiada por un paro armado del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los números que se manejan de las afectaciones son impactantes. Hasta el momento, la gobernadora chocoana, Nubia Córdoba-Curi, confirmó que hay más de 100.000 personas damnificadas, lo que representa 37.577 familias, que habitan en 27 de los 31 municipios de ese departamento colombiano con salida al Pacífico, lo que representa afectaciones en 85 % del territorio.
Los mayores daños se han reportado en las viviendas y los cultivos, tras el desbordamiento de ríos y quebradas, que además han causado deslizamientos y afectaciones en las vías de comunicación. Los cuatro municipios más afectados son: Alto Baudó, Bojayá, Litoral de San Juan y Bahía Solano.
El Comité departamental de Gestión del Riesgo del Chocó declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta en esa entidad. Del mismo modo, la gobernadora autorizó acciones inmediatas de reacción, respuesta y movilidad de presupuesto y recursos para poder adelantar la atención de los afectados, que además perdieron todos sus enseres.
La entidad colombiana actualmente se prepara para recibir el apoyo de la Unidad Nacional de Riesgo (UNGRD).
Radiografía del desastre
La máxima autoridad regional explicó en sus redes que «esta es la emergencia de mayores proporciones» que ha enfrentado el departamento y que ha tenido impacto en todas las cuencas fluviales y el litoral.
Así, «miles de familias han quedado sin nada«, sus cultivos han sido arrasados y han muerto sus animales de corral. «La única manera de atender la dimensión de esta emergencia es con la acción articulada del sistema y la declaratoria efectiva del desastre nacional», expresó.
Rodríguez reconoció que «el volumen de la emergencia superó por completo la capacidad de atención de los municipios y autoridades locales», por lo que pidió la solidaridad de los colombianos. Asimismo, llamó al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta, Francia Márquez, a no esperar «una tragedia para reaccionar en tiempo y articuladamente». «¡El Chocó está bajo el agua!», escribió en X.
La víspera, el mandatario declaró situación de desastre en todo el país debido a las emergencias climáticas ocasionadas por las fuertes lluvias en los departamentos de La Guajira, Chocó y en la capital, Bogotá. La gobernadora chocoana manifestó que recibía «con esperanza» está declaratoria.
El paro armado
El mayor riesgo, según reportó Rodríguez, se encuentra en la Costa Pacífica, en las cuencas de los ríos Atrato y San Juan. En este último, además, el ELN decretó un paro armado, que comenzó la noche del pasado 9 de noviembre.
Durante los paros armados, la población es obligada a permanecer en sus casas y se detienen las actividades académicas, comerciales y de movilidad. Sin embargo, en medio de las inundaciones, la orden dada por el grupo armado representa un mayor riesgo para los habitantes, cuyas viviendas han sido inundadas completamente por las crecidas de los ríos.
Las máxima autoridad departamental sostuvo que las «comunidades siguen como escudo humano en la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo». «Otra vez estamos frente a un panorama de confinamiento, desplazamiento y crisis de la vida con carácter indefinido», añadió.
Desde la Defensoría del Pueblo pidieron a los organismos del UNGRD «articular acciones que permitan habilitar un corredor humanitario que garantice la atención de los afectados por la ola invernal en el Chocó».
«Debemos evitar la configuración de una crisis humanitaria», dice el organismo, que pide a la guerrilla que se encuentra en diálogos con el Gobierno tener un «gesto de paz» y «ponerle fin a las restricciones de movilidad que tienen confinadas a 45.000 personas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, y que están afectadas por inundaciones».
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