Las fiestas de descontrol de las entidades financieras en Uruguay

En parte, esto se debe a que Uruguay ha cumplido un papel de plaza financiera regional, al percibírselo más estable que otros países del bloque. Esto ha llevado a que el país capte depósitos provenientes de la región, especialmente de Argentina. A efectos ilustrativos, los depósitos extranjeros representaban, a noviembre de 2006, el 20 % de los depósitos en moneda extranjera de los bancos comerciales uruguayos (si se suman las instituciones financieras externas, que operan únicamente offshore, alcanzan al 28 %).

Los bancos comerciales uruguayos concentran el 67 % del total de activos del sistema financiero, otros intermediarios financieros un 19 %, los fondos de pensión un 11 % y las compañías de seguro el restante 3 %”.

A grandes rasgos, el sistema financiero uruguayo comprende 2 bancos públicos, 9 bancos privados y las siguientes empresas no bancarias: casas financieras, instituciones financieras externas, cooperativas de intermediación financiera y empresas administradoras de grupo de ahorro previo. Toda empresa que se mueva por fuera de ese circuito financiero, aunque maneje flujo de capitales propios y ajenos y realice inversiones, queda fuera del ojo del Banco Central.

Pero cuando se debilitan los controles, con presentación de informes al BCU no alcanza; en mayo del 2022 denunciábamos en el artículo “¿Quién controla a los auditores en el sistema financiero?” que la firma PwC Uruguay (que tiene su casa matriz en EEUU) hace años que tiene presencia en el sistema financiero y es una de las firmas que realiza, para el Banco Central del Uruguay, las auditorías en el Banco República, el Banco Santander, el Banco Itaú y otros dos bancos privados.

Un funcionario denunció que se le asignó realizar una de las auditorías sobre el Banco Santander; los auditores deben, entre otros documentos, firmar una declaración de independencia funcional, técnica o familiar con respecto a la institución auditada, y dichos informes, para ser elevados al Banco Central del Uruguay (BCU), que luego los publica, deben ser entregados como máximo plazo el 31 de diciembre. El 29 de diciembre, el denunciante recibe una llamada de otro auditor expresándole que, extraoficialmente, la socia senior gerenta de la empresa solicitaba que firmara la declaración de independencia técnica de una auditora que ya no trabajaba para la empresa.

Ojos que no ven

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) termina su periodo sin cumplir con lo sugerido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Fue durante el fin de la presidencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública del Cdor. Ricardo Gil que una modificación en la Ley de Declaración Jurada imponía a la Jutep presentar un anteproyecto en un plazo de 90 días para ampliar el ámbito de aplicación a las empresas privadas. Pero como la ley entró en vigencia el 1 de marzo del 2020, el tema quedó en manos del nuevo Directorio, que contactó a expertos de Naciones Unidas para su asesoramiento.

Los vínculos de las empresas privadas con el Estado en países que apuestan a la inyección de finanzas en sus economías es un tema “solapado” que explica la inexistencia de regulación, pero desde hace unos años a nivel internacional se viene produciendo un cambio de paradigma. Es que los escándalos de fraudes internacionales, peculado, tráfico de influencias, colusión, sobornos, fraude contable y el infaltable lobby son cada vez más evidentes y tienen fuerte impacto en la política.

Entre privados

La lógica de que empresas no comprendidas como entidades financieras que realizan negocios entre privados no son problema del Estado, da carta libre a la fiesta. Fiesta que incluye desde el lavado de dinero hasta el montaje de estructuras financieras piramidales que cuando se derrumban tienen serias consecuencias para un sector de la sociedad que no es necesariamente el más privilegiado, siendo muchos de ellos pequeños ahorristas y pequeñas y medianas Pymes. Pero, además, pueden llevar a los organismos de control a valoraciones distorsionadas de la realidad.

En noviembre del 2024 el Comité de Estabilidad Financiera, integrado por Banco Central del Uruguay, Corporación de Protección del Ahorro Bancario, Ministerio de Economía y Finanzas y Superintendencia de Servicios Financieros, concluyó que el sistema financiero doméstico se encuentra estable y en condiciones de procesar los riesgos identificados, luego de analizar la situación del sistema financiero. Lo que no estaba dentro del sistema financiero, explotó apenas un mes después.

Estas estructuras piramidales se construyen con capital que invierte en ganado virtual, en insumos para alimentación animal, en criptomonedas o en la circulación de cheques y papeles de cambio.

Las empresas de inversión de capitales extranjeros han impulsado la captación de inversionistas uruguayos que en general terminan resultando en desastrosos negocios, cuando no literalmente en burdas estafas.

Un capital inversor, un amigo

En la enmarañada trama del escándalo de Conexión Ganadera, República Ganadera y el Grupo Larrarte, estudios jurídicos nacionales e internacionales empiezan a figurar en algún punto del negocio, impulsando a invertir en ganado que no dice ni mu.

Un bufete de supuestos abogados en Toronto, Canadá, que se presenta como If Investing, ofreció sus servicios a inversores uruguayos en ganado; entre sus méritos, decían ser quienes manejan el capital en inversiones ganaderas y habían ganado juicios en Uruguay contra inversores estafados. Expresaban haber invertido fondo ganadero en la bolsa de Nueva York y realizar giros a través de Mi Dinero y Red Pagos, moviendo sumas de dinero desde cuentas bancarias de un banco en Bruselas y otro en Estados Unidos.

Otro estudio jurídico con sede en España forma parte de la red financiera que hace invertir en ganado sin olor a bosta.

Pirámide de cheques

Trend Capital se define como una sociedad anónima con objeto financiero no bancario, enfocada a empresas que requieren un servicio ágil, cercano y transparente. La casa argentina aclara que no está comprendida por la ley de entidad financiera argentina, como la filial uruguaya sortea el criterio uruguayo sobre entidades financieras, pero el principal accionista es una empresa de Estados Unidos con sede en Florida.

Se puede leer en su página web: “Con el objetivo de expansión y crecimiento continuo en el año 2021 creamos Trend SGR para acompañar al Mercado Avalado a las Pymes, y en el año 2022 llegamos a Uruguay ofreciendo innovación en servicios financieros con la apertura de nuestra sede en Carrasco, Montevideo”.

Su mayor oferta es realizar operaciones 100 % digitales, si bien trabajan con cheques físicos y ofrecen financiamiento, descuento de cheques, factoring y préstamos estructurados. La operativa fuerte de Trend está en el manejo de los fideicomisos: los activos securitizados consisten en una cartera dinámica de cheques de pago diferido que son producto de operaciones de descuento efectuadas con Trend Capital, quien los adquiere contra una tasa de descuento.

163 mil ochocientos dólares es parte de un préstamo realizado ante el Santander por uno de los inversionistas de Trend, a modo de ejemplo.

Los cheques de pago diferido, cuyos plazos varían, son: a) Cheques de los clientes de los deudores cedidos que son cedidos por éstos a Trend Capital a fin de adelantar su cobro, y b) cheques propios de los deudores cedidos para financiar sus propias órdenes de compra.

Los cheques diferidos son aquellos emitidos en una fecha, pero para ser presentados al cobro en una fecha posterior. En este caso también hay un plazo máximo de treinta días para su presentación, pero a contar desde la fecha de vencimiento fijada por la persona que emitió el cheque; el cheque se considera girado a su primera presentación a cobro. En el caso de que existan fondos, el banco está obligado a pagar el cheque con fecha adelantada.

Y acá viene parte de la pirámide y su derrumbe: la calesita de cheques diferidos se iba presentando en los bancos con que trabajan en Uruguay (BROU, Santander, Scotiabank); por un lado el banco ya otorgó los préstamos como todo banco, sabiendo que en algún momento debe recuperar el dinero prestado, pero, cuando el cheque diferido llega a devolver el capital prestado, ese cheque no tiene fondo.

Las ofertas de intereses diferidos pueden ser beneficiosas para realizar compras grandes si el saldo se paga en su totalidad antes de que finalice el período promocional, pero también pueden ser riesgosas y generar altos cargos por intereses si el saldo no se paga a tiempo.

La maniobra se complica aún más si en el plazo de treinta días la empresa exige que la deuda se pague en efectivo ante la fecha del cheque diferido. Se entrega otro cheque y se retira el cheque diferido (o sea, no se cobra), y entonces empieza una calesita de circulación de capitales, hasta que el banco dice: “No va más”.

En un principio no hay delito de estafa, aunque el sistema se derrumbe, lo que en términos prácticos termina siendo lo mismo.

Algunas de las empresas que formaban la pirámide que tiene a Trend en su vértice mayor son: Nicolás Rodríguez (empresa de insumos en Maldonado y Montevideo), Varotal S.A., Molino Serrano S.A.S., LLagueras S.A.S., Agustina Do Canto Penadés, Valmar S.A.S., Hatmir Trading, entre otras.

Ante esta situación, debió operar la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión SA (CONAFIN AFISA) , administradora de fondos de inversión y fiduciaria financiera autorizada a operar por el Banco Central del Uruguay desde marzo de 2008. La sociedad es 100 % propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

Efecto dominó

El escándalo de República, Conexión Ganadera y el Grupo Larrarte se lleva las miradas, pero no es original. Lo que sucede es que cada nuevo escándalo ensombrece uno anterior.

Cada tanto salta un escándalo financiero en la plaza uruguaya con detalles dignos de una serie televisiva. En noviembre de 2024 fue la huida de un exjugador de rugby, Gonzalo Campomar, conocido como “Lechuga”, con 65 millones de dólares procedentes de prominentes familias de la alta sociedad.

El exjugador de la selección nacional, del equipo Los Teros y del Carrasco Polo, desde 2021 venía reuniendo fondos de amigos y allegados para inversiones en compras de criptomonedas con una promesa de rentabilidad del 6 % mensual.

Durante mucho tiempo, Campomar entregó a sus clientes lo acordado, pero en determinado momento dejó de pagar y desapareció. Todo indica una estafa de tipo piramidal que afecta a unas 200 personas, en su mayoría uruguayos (del barrio de Carrasco), argentinos y brasileños.

En 2018 se conoció el caso de una ejecutiva del Banco Heritage de Uruguay, Elena Nazarenko, que estafó a sus clientes, todos argentinos, una suma que ronda los 20 millones de dólares. La operación duró años, en un ir y venir entre Montevideo y Buenos Aires, hasta que un cliente se percató de que había perdido casi dos millones de dólares al consultar su saldo directamente al banco.