Por Cecilia Presa
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El consejero en representación de los docentes del Consejo
Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP), Julián Mazzoni, habló con Montevideo Portal sobre sus expectativas respecto al gobierno entrante, liderado por Yamandú Orsi, en materia educativa.
“Conozco a las nuevas autoridades designadas y pensamos que
el enfoque que van a adoptar es mucho más adecuado a las necesidades que tiene el
Uruguay en materia de educación”, dijo Mazzoni en diálogo con Montevideo
Portal.
En particular, afirmó que ve “con buenos ojos” varios
anuncios que ha hecho el futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos
Mahía, quien, entre otras cosas, este miércoles afirmó que dejará sin efecto las
pruebas Docente Acreditado, que dan un reconocimiento universitario, como licenciados
en Pedagogía, a maestras y profesores que la aprueben. El programa se implementa desde diciembre de 2023.
Mazzoni fue muy crítico con esta medida y, de hecho, por ese
entonces presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad
del artículo 198 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que habilitó que el
MEC pudiera implementar estas pruebas.
“Ese artículo de la LUC contiene un elemento de
inconstitucionalidad porque hace que el Ministerio de Educación y Cultura
defina cuestiones que corresponden al ente autónomo y, por lo tanto, hay un
ataque a la autonomía que está consagrada en el artículo 202 de la Constitución
y los siguientes hasta el 205”, argumentó el consejero.
“Por lo tanto, yo me congratulo por el anuncio de Mahía. Veremos
cómo evoluciona el tema en los próximos años”, sumó Mazzoni, quien, al igual que
el resto de los integrantes del Codicen, seguirá en su cargo hasta febrero de
2027.
Si bien en octubre de 2024 la SCJ desestimó el pedido de
Mazzoni por entender que este no tiene “legitimación activa” para reclamar la
inconstitucionalidad de una ley que no lo afecta a él personalmente, el
integrante del Codicen se mostró esperanzado de que la nueva gestión dejará sin
efecto el mencionado artículo de la LUC.
En esta
línea, está de acuerdo con la propuesta presente en el programa de gobierno del
Frente Amplio sobre instaurar una Universidad de la Educación como un nuevo
ente autónomo.
“Ese es un camino que la mayoría de los docentes que
trabajan en formación docente o que trabajan en el ente ven con buenos ojos. Obviamente
que eso requiere negociación política y demás, pero creo que ese es el mejor
camino”, valoró.
Además, consideró positivo el anuncio de que el gobierno
de Orsi volvería a instaurar la representación docente en los consejos desconcentrados
de la ANEP (Inicial y Primaria, Secundaria y UTU) que fueron eliminados con la
LUC.
“Como representantes de los docentes, tanto a la consejera [Daysi]
Iglesias como a mí, nos parece que la presencia de los docentes en los desconcentrado
es fundamental. A las pruebas me remito: estamos terminando una gestión de los
directores generales con dificultades importantes”, consideró.
A continuación, amplió que dichas “dificultades” fueron en
materia de “gestión”, de “relacionamiento entre las direcciones generales y los
docentes en su conjunto” y de “disposición de medidas que han sido rechazadas por
el conjunto de los docentes”.
“Está claramente demostrado que no es el camino y espero que
encontremos los mecanismos para profundizar el proceso de participación de los
docentes en los consejos, pero el primer paso es volver a la situación anterior
a la LUC”, expresó.
En consonancia con esto, suscribió a los planteos de Mahía y
del próximo presidente del Codicen, Pablo Caggiani, sobre “la necesidad de
revalorizar y potenciar el papel de las asambleas técnico-docentes” y dijo que
estas “son, por ley, el verdadero asesor que tienen el Consejo Directivo
Central y los desconcentrados respecto a las cuestiones relativas a los planes
y los programas educativos”. “Estas cosas fueron totalmente desconocidas por la
mayoría de la actual administración”, cuestionó.
Además, dijo que no le parece “de recibo” el planteo de que,
“si la representación docente es muy grande, manejarían todos los sindicatos”.
Por último, destacó la meta del gobierno entrante de destinar
el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación pública.
“Todas esas cosas son importantes y, si se concretan, pueden
abrir mejores posibilidades de una educación que tiene problemas de gran
complejidad”, manifestó Mazzoni y agregó: “Creo que, con todo eso que está
anunciado, se va a cambiar y se va a abrir un nuevo período que puede generar
mejores condiciones para la educación”.
Por Cecilia Presa
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