Contrato firmado por Lacalle compromete al Mides en su primer año de gestión

El contrato estará vigente hasta el 2 de diciembre de 2025, y supone unos $ 153 millones a valores de julio de 2024, que se pagará en seis partidas.

En las últimas semanas, varios dirigentes del Frente Amplio (FA) cuestionaron el accionar de esta fundación, que logró contratos en diversos organismos del Estado durante el pasado gobierno y que aún está trabajando vinculada a varias intendencias administradas por el Partido Nacional.

El candidato frenteamplista en Rocha, Aníbal Pereyra, prometió, si triunfa en las elecciones departamentales, investigar la forma «absolutamente oscura» en que esa fundación fue contratada en esa comuna. Pereyra marcó que la vicepresidenta de esa organización es hermana del secretario general, Valentín Martínez Vicentino.

Vinculaciones con el Partido Nacional

El periodista Eduardo Preve denunció que la Fundación a Ganar mantiene vínculos con integrantes del Partido Nacional (PN), que fueron informados en instancias previas. En 2022, se reveló que su director, Alejandro Rico, ocupó anteriormente el cargo de director del Instituto Nacional de la Juventud por el PN. Además, su subdirectora, Verónica Martínez, es hermana de Nicolás Martínez, quien fue secretario privado de Lacalle Pou, y de Valentín Martínez, actual secretario general de la Intendencia de Rocha.

Durante el gobierno que finalizó el 1.º de marzo, la Fundación a Ganar fue adjudicataria de múltiples contratos estatales a través de distintos llamados. Además del Mides, la organización trabajó con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y diversas intendencias encabezadas por el PN. En varias oportunidades, los convenios firmados fueron observados por el Tribunal de Cuentas debido a la falta de detalles sobre los programas que la fundación ejecutaría.

La contratación directa por excepción a pocos días del cambio de gobierno reaviva el debate sobre la transparencia en la adjudicación de fondos estatales y el rol de las organizaciones vinculadas a sectores políticos en la gestión de programas públicos.