Ley de inversiones y la changa de los juicios internacionales

Los juicios actuales

El pasado 28 de enero —en plena transición— el Dr. Jorge Díaz, designado prosecretario de Presidencia, recibió del entonces secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, un memorando detallando el estado de situación de cinco arbitrajes internacionales en CIADI. De los cinco casos informados, dos están vinculados a la minera Aratirí y comparten el mismo objeto. Además, Díaz destacó que uno de los juicios relacionados con Pluna está en proceso de liquidación tras un acuerdo transaccional reciente. “Esta transacción ya nos había sido informada previamente y se cumplirá en los próximos días”, señaló.

Díaz también subrayó que Uruguay cuenta con una “verdadera política de Estado” en el manejo de juicios internacionales, destacando que este procedimiento centralizado en Presidencia ha sido consistente desde el litigio con las tabacaleras y ha demostrado ser exitoso.

“Los pasos y protocolos que se han seguido en los últimos gobiernos incluyen la contratación de estudios especializados en el extranjero y la centralización en Presidencia, lo que ha permitido un manejo adecuado de estos casos. Es un procedimiento con el que estoy de acuerdo y que seguramente continuaremos en el próximo gobierno”, concluyó.

Véase lo que dijo: “Contratación de estudios especializados”. Ese es el negocio de los grandes bufetes detrás de los acuerdos de protección de inversiones.

La industria al desnudo

El pasado 28 de enero, una organización no gubernamental con sede en México informó a Caras y Caretas acerca de lo que está pasando con los juicios en el CIADI por litigios que viven los Estados latinoamericanos. En el informe se actualizan las demandas de arbitraje entre inversores extranjeros y Estados latinoamericanos y caribeños, un mecanismo conocido como ISDS, por sus siglas en inglés (Investor-State Dispute Settlement).

El ISDS otorga a los inversores el derecho exclusivo de demandar a Estados ante tribunales de arbitraje, a los cuales solo ellos tienen acceso. Un cambio de ley para proteger el ambiente, la terminación de una concesión minera o la decisión de frenar el aumento de tarifas de luz, gas, agua o del peaje pueden ser razones para estas demandas.

En la mayoría de los casos, los fallos benefician a los inversores, ya sea porque reciben laudos multimillonarios o porque alcanzan acuerdos con los Estados que restablecen las condiciones para la ganancia privada. América Latina y el Caribe es la segunda región más demandada a nivel mundial, y cada mes se registran nuevos casos en su contra.

Veamos el detalle:

• Total de demandas de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe hasta el 31 de diciembre de 2024: 398 demandas.
• Países demandados en 2024: 4 demandas, México, Honduras, Panamá; 2 demandas, Uruguay, Colombia, Chile; 1 demanda, Trinidad y Tobago, Perú.

Ahora observemos esta breve descripción de las demandas en los últimos tres meses del año 2024.

México: En diciembre de 2024, la aseguradora francesa AXA registró una demanda de arbitraje ante el Centro de Arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, contra México. Según fuentes periodísticas, la razón de la demanda está relacionada con un cambio en la regulación sobre el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la contratación de pólizas de seguros. Este cambio regulatorio llevaría a una pérdida de cerca de 5.000 millones de dólares y podría provocar el quiebre de varias aseguradoras que actúan en el país, según indican. No hay información pública sobre el monto reclamado por AXA.

Perú: La última demanda del año 2024 fue registrada por varias empresas cerveceras, entre ellas la multinacional británica AB InBev, en contra de Perú. Las empresas alegan medidas fiscales “ilegales”, como una negación de la devolución de impuestos. Según fuentes periodísticas, el origen del conflicto se encuentra en varias resoluciones adoptadas por la Agencia Nacional de Recaudación de Impuestos del Perú (SUNAC) que, a través de las mismas, intentaba recuperar impuestos impagos entre 2014 y 2019. Según decisiones de Cortes domésticas, las empresas le deben por lo menos 270 millones de dólares al Estado peruano. No se conoce el monto reclamado por la empresa, pero medios nacionales hablan de por lo menos 425 millones de dólares.