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El Poder Ejecutivo
anunciará, a las 12:30 de este viernes 30 de mayo, el nuevo precio de los
combustibles que regirá a partir del próximo domingo 1º de junio.
También comunicarán
las modificaciones que se harán en la fijación de las tarifas, algo
cuestionado en los últimos meses por varios dirigentes de la oposición.
De esta conferencia
participarán los ministros de Economía, Gabriel Oddone, e Industria (MIEM),
Fernanda Cardona.
A fines de marzo,
luego de que la actual administración comunicara su primer ajuste en los
precios de combustibles, el senador nacionalista Álvaro Delgado criticó
que se pudo “haber bajado” la tarifa, pero las autoridades “priorizaron la recaudación”.
Su colega del Partido Colorado, Andrés Ojeda, también manifestó su preocupación:
“Queremos saber cómo se va a ser esto de cara al futuro, cuánta plata
implica que se recauda en virtud de la no baja del precio, a dónde va esa plata
y cómo va a compaginar con el marco legal actual que tiene con relación al
precio de paridad de importación, la no rebaja del precio cuando podía haberla
hecho”, expresó
en rueda de prensa en aquel momento.
Luego, el diputado
blanco Álvaro Dastugue citó
a la Comisión de Industria a la ministra de esa cartera, precisamente por
la fijación del precio de combustibles.
A
través de un hilo en X, la titular del Ministerio de Industria
aseguró que el actual gobierno “no modificó” la
metodología de precio de paridad de importación (PPI) introducida en la anterior
administración.
El tema escaló con la conferencia de prensa
que brindó el presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre el tema. Si
bien se
focalizó principalmente en la situación financiera de Ancap, en un momento
de la oratoria Cardona argumentó que las decisiones que se toman sobre la fijación del precio de combustibles “no
se toman solo considerando un combustible, sino la cadena”. “Y además se
consideran tomando en cuenta la realidad de los números de Ancap”, señaló con
tono crítico al referirse a un “relato” sobre la metodología de fijación de
precios en la administración anterior. “No se considera solo el precio de paridad
de importación, no se considera solo el precio del petróleo: se consideran
todas las variables y estos números de Ancap”, sumó después.
En respuesta, desde la
oposición volvieron
a criticar el método utilizado y se convocó
“urgente” a Cardona por este tema al Parlamento.
Así, el
pasado 1º de mayo la ministra finalmente adelantó que “en breves días”
se emitiría un comunicado con un anuncio sobre el
nuevo mecanismo para fijar estas tarifas, por lo que
llamó a la “tranquilidad”. “Estamos trabajando”, insistió.
Al día siguiente, compareció
en la comisión de Diputados. Si bien desde el Frente Amplio defendieron
la actuación de la secretaria de Estado, y Cardona fue “a reafirmar” lo enunciado
en la conferencia de prensa con Orsi, la
oposición no quedó conforme. “Se evidenció la falta de planificación al
anunciar que recién se está trabajando en cambios a la metodología de fijación
de precios, sin claridad ni propuesta concreta. La ministra no pudo explicar
cuál será el nuevo mecanismo de fijación de precios, mientras se impone a
los uruguayos pagar más por los combustibles sin una justificación
transparente”, critican los diputados de Vamos Uruguay, sector del Partido
Colorado de Pedro Bordaberry.
A su vez, los
exdirectores de Ancap también salieron al cruce y reclamaron que el
gobierno no aplica el método por PPI. “El pueblo pagó mucho menos por los combustibles de lo que
hubiese pagado si hubiese mantenido la metodología de trabajo que se usaba en
el gobierno anterior”, remarcó Richard Charamelo.
Todo esto llevó a que la
semana pasada se emitiera un decreto en el que se plantea una “revisión integral de reforma de los
combustibles”, para lo cual el
Ejecutivo creó un grupo de trabajo que funcionará por un plazo máximo de hasta
seis meses.
La norma establece que
“se estima pertinente exhortar” a la Unidad Reguladora de Servicios de
Energia y Agua (Ursea) a no aprobar ni modificar regulación relativa a la
distribución secundaria de combustibles líquidos, ni tampoco aprobar o denegar
trámites “relativos a aperturas y traslados” de estaciones de servicios hasta
que no se realice la revisión establecida. Para realizar dicha revisión “se
estima necesaria la creación de un grupo de trabajo” integrado por la
Dirección Nacional de Energía del MIEM, la Ursea y “otros actores relevantes
del sector”.
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