En las últimas horas, la Justicia formalizó a dos enfermeras
que ejercen su profesión en Artigas por la supuesta comisión de delitos
comprendidos ene la artículo 280 del Código Penal, referido a la “apropiación
de niñas, niños o adolescentes para la adopción”.
Según informara el medio local Clicregional, las investigaciones
llevaron a la detención de tres mujeres. Dos de ellas son enfermeras, una trabaja en una
mutualista y la otra en el Centro de Salud de Artigas
(ASSE). La tercera es hija de esta última, y también abogada.
De acuerdo con el citado informe, la detención se produjo
tras una denuncia presentada por el Instituto del Niño y Adolescente del
Uruguay (INAU), que habría detectado una situación sospechosa en una madre con
embarazo a término, quién “nunca accedió a lo que le proponían” las ahora formalizadas.
Una de las enfermeras detenidas habría contactado a la mujer
embarazada con otra mujer residente en Brasil, quien pretendía pagar por el
bebé.
Beatriz González, fiscal del caso, explicó que en primera instancia
la abogada detenida no fue formalizada, debido a que durante la investigación surgieron
conversaciones que levantan sospechas sobre la posible implicación de la
abogada de esta en un ilícito. Por ello, se deberá esperar a que designe una
nueva defensa. En ese sentido, la fiscal ya anunció su intención de —una vez
subsanado ese contratiempo—pedir su formalización en los próximos días.
A la enfermera de la mutualista, que reside en la fronteriza
ciudad brasileña de Quaraí, se le impuso la obligatoriedad de fijar domicilio, colocación
de tobillera y la notificación a la Dirección Nacional de Migración para evitar
su salida del territorio uruguayo, y se le prohibió comunicarse o acercarse a
la víctima y sus familiares en un radio de 300 metros durante un plazo de 120
días.
Idénticas medidas se adoptaron respecto a la enfermera que
trabaja en ASSE, con el añadido de presentarse semanalmente ante la autoridad
policial competente.
Miredi Biscarra, abogada de una de las enfermeras, consideró
tras la formalización que su defendida no es acusada de apropiación, sino de “un
delito de peligro” que, según el ya mencionado artículo del Código Penal, comprende
a quien “utilizara estratagemas y engaños para separar a un niño de las
personas a su cargo o para violar el debido proceso legal para la adopción”.
La patrocinadora negó que en la audiencia de formalización
se manejaran algunas versiones que circularon de forma extraoficial. Por ejemplo,
que médicos estuvieran al tanto de la situación, o que a la embarazada se le ofreciera
realizarse un cesárea en Quaraí.
Biscarra señaló que, hasta el momento, no se
manejó tampoco información acerca de otros presuntos casos similares, algo que también había trascendido.
