Montevideo Portal
El diputado
colorado Agustín Quintana presentó un proyecto de ley para tipificar el delito
de nepotismo en el Código Penal.
Su único artículo
establece: “El
funcionario público que, en abuso de su posición, contrate, nombre o designe,
en la administración pública, por sí o por intermedio de terceros, a personas
que tengan algún parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto
grado, así como cónyuges, concubinos o pareja, será castigado con un año de
prisión a dos de penitenciaría y con inhabilitación especial de tres a cinco
años”.
Al respecto,
Quintana dijo a Montevideo Portal que la normativa existente hoy en día
en la materia es “insuficiente”. “Quizás un nuevo tipo penal pueda ayudar a mitigar
este asunto y a poner un freno”, manifestó.
Consultado respecto
a las similitudes con el proyecto de ley que pretende regular el
ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales, el diputado perteneciente
a Vamos Uruguay —sector de Pedro Bordaberry— señaló que “está totalmente
vinculado”.
“Las contrataciones llamadas vulgarmente ‘a dedo’ son un problema
que el sistema político le tiene que dar respuesta. La gente está bastante
desilusionada del sistema político, y los políticos tenemos que empezar a dar
respuesta a ese tipo de cosas”, sentenció el legislador colorado.
En la exposición
de motivos de la norma, Quintana establece que rija para el Poder Ejecutivo y
Legislativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, los entes autónomos, los servicios
descentralizados, los gobiernos departamentales y personas de derecho
público no estatal (como Conaprole o Uruguay XXI, por ejemplo).
“El
nepotismo como forma de corrupción y abuso de poder no solo afecta la moral
pública, sino que también obstaculiza el acceso a oportunidades laborales
justas, limita la competencia profesional y perjudica la confianza ciudadana en
las instituciones públicas. Este tipo de prácticas son percibidas por la sociedad
como una clara violación de los principios mérito, igualdad y transparencia que
deben regir en la administración”, indica Quintana en el proyecto de ley.
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