Se agrietó el contubernio derechista

No nos imaginamos que los representantes cabildantes hayan actuado por su cuenta sin haber consultado al líder de la fuerza política, el exsenador Guido Manini Ríos, quien calificó de “cínicos e hipócritas” a los legisladores blancos y colorados que fustigaron a sus compañeros de Cabildo Abierto por haber votado el proyecto. “A nosotros no nos van a llevar con el poncho”, desafió.

Aunque ningún analista político haya reflexionado en profundidad sobre este episodio y se asumiera una actitud de indiferencia para no generar ruido mediático, lo cierto es que esta votación, en un tema tan sensible como los recursos que necesitan el Estado para atender sus obligaciones y situaciones que no pueden esperar hasta la entrada en vigencia de la futura ley de presupuesto, el 1º de enero de 2026, marca un punto de inflexión que comienza a configurar un nuevo escenario político muy diferente al que rigió entre 2020 y 2024.

Los artículos de la controversia, que no fueron votados por blancos, colorados e independientes, tienen como propósito asegurar los recursos necesarios para financiar la compra de medicamentos de alto costo, que han sido motivo de juicios contra el Estado, reforzar los recursos de ASSE por un monto de 62 millones de dólares, aunque la deuda con proveedores alcanza a los 280 millones de dólares, y permitir el pago de la deuda de 144 millones de dólares con el consorcio que estuvo a cargo de las obras del Ferrocarril Central.

La iniciativa, que contó con los 48 votos del Frente Amplio y los dos de Cabildo Abierto, también apunta a incrementar el tope de deuda, de U$S 2.300 millones a U$S 3.450 millones.

Como se recordará, el proyecto de ley consigna que el Ejercicio 2024 de las cuentas públicas presenta un déficit equivalente a U$S 2.796 millones, a lo que se agregan otros U$S 153 millones por concepto de operaciones extrapresupuestarias derivadas de normas legales. De allí la necesidad de aumentar el tope de deuda, a los efectos de afrontar las obligaciones contraídas por el Estado para este año 2025.

Por otra parte, el proyecto de Rendición de Cuentas incluye una solicitud para otorgar garantía al fideicomiso que administra el programa Entre Todos-Sueños en Obra, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de modo que ese plan pueda afrontar las obligaciones de este año.

Al respecto, corresponde recordar que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ya había logrado una partida de U$S 3,5 millones, hasta fin de año, para implementar el Plan Calle, destinado a atender la situación de las personas que viven a la intemperie. Ello le permitió, entre otras medidas, abrir 2000 nuevos cupos en refugios, a los efectos de atender la demanda de uruguayos que pernoctan en la vía pública en extrema vulnerabilidad, que en los últimos cinco años crecieron más de un 50 % sólo en Montevideo.

Por supuesto, esta situación de emergencia social debe ser atendida inmediatamente y sin demoras, acorde al frío polar que ya está instalado en la naciente temporada invernal.

El diputado cabildante Álvaro Perrone, cuyo voto fue decisivo, afirmó que “estamos votando recursos para los medicamentos de alto costo. Quiero ver mañana, los que no votan estos artículos, cómo lo explican. No vamos a ser nosotros quienes vamos a explicar por qué no se votan estos artículos”, indicó.

“El relato es el déficit fiscal, las calificadoras de riesgo. Cuando mañana alguien vaya a ASSE, a una policlínica a levantar un medicamento, y le digan que no está, pero ‘mire el déficit fiscal, las calificadoras de riesgo, mire la ministra cómo recibió un premio en Dubái’ (en referencia a Azucena Arbeleche, exministra de Economía y Finanzas)…”, ironizó luego el legislador, quien desafió a quienes lo criticaron y hasta denunció haber recibido amenazas por su actitud de acompañar el mensaje del Poder Ejecutivo.

De este modo, se destrabó una situación harto compleja entre el Gobierno y la oposición, cruzada por relatos radicalmente antagónicos y acusaciones mutuas de eventuales “mentiras” o de tergiversación de la verdad.

En efecto, desde el primer día, la derecha, visiblemente resentida y frustrada por la derrota electoral de noviembre pasado, parece haberle declarado la guerra al gobierno de Yamandú Orsi, procurando, además, marcar la agenda política.

A principios de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas había estimado que los egresos adicionales, no endógenos, para este año, ascendían a U$S 970 millones. De esa cifra, U$S 360 millones corresponden a gastos postergados en 2024 y el resto a gastos comprometidos al 28 de febrero —el último día de la gestión de Lacalle Pou— y que deberán pagarse este año. Mediante estos artilugios y maquillajes, el Gobierno saliente licuó teóricamente parte del déficit fiscal correspondiente al último ejercicio de su mandato.

En efecto, si bien el resultado fiscal consolidado del sector público informado por la Administración de Luis Lacalle Pou fue de 4,2 % al cierre del año pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, retrucó esta estimación, afirmando que el déficit es, en realidad, del 4,6 %, si se suman las deudas impagas. “Es el resultado fiscal como porcentaje del PIB más elevado en 35 años”, consignó el secretario de Estado.

El comentario generó una airada reacción de la oposición y en particular de la exministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, quien acusó a Oddone de mentir.

En realidad, el que se la pasó mintiendo durante cinco años fue el Gobierno derechista de Luis Lacalle Pou, que agotó el stock de maquillaje, tanto para construir su discurso sobre la economía y el contexto social como en torno a la situación de la seguridad.

Lo concreto e inocultable es que el gobierno de Yamandú Orsi heredó por lo menos nueve agujeros negros a los cuales nos referimos en una columna anterior, que se sumaron a una pesada deuda social que incluye casi un 18 % de pobreza, indigencia —que es una herida abierta en la geografía ciudadana—, salarios y jubilaciones deprimidas y miles de uruguayos con hambre.

Como en el primer año de gobierno la Administración frenteamplista debe solventar los gastos, erogaciones e inversiones del Estado con el mismo presupuesto que rigió en el quinquenio pasado, resultó indispensable incluir en la ley de Rendición de Cuentas una mayor dotación de recursos financieros.

Como el propósito del contubernio blanqui-colorado parece ser entorpecer la marcha del gobierno, la única alternativa era negociar la mayoría en la Cámara de Representantes, a los efectos de lograr los 50 votos necesarios para sancionar la ley, con el apoyo de Cabildo Abierto, transformado, a la sazón, en una suerte de circunstancial aliado del Frente Amplio, lo cual profundiza la crisis de la Coalición Republicana, que hoy parece limitada a una mera alianza entre los partidos tradicionales.