Montevideo Portal
El exsenador
del Frente Amplio (FA) Charles Carrera aseguró que presentó dos denuncias
internacionales basadas en la “violación” de sus “derechos humanos, producto
del espionaje ilegal” del que fue “víctima”. También arremetió contra las “graves
irregularidades” por la Fiscalía General de la Nación “en la causa penal que se
ha impulsado en [su] contra”.
Una de esas
denuncias fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y la otra ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo
con un escrito difundido por el exlegislador, al que accedió Montevideo Portal.
“La
denuncia presentada ante la CIDH señala la responsabilidad del Estado por no
investigar ni sancionar el
espionaje ilegal que sufrí, luego de que denunciara públicamente la
ilegalidad del acuerdo portuario entre el Estado uruguayo y la empresa belga Katoen
Natie. En la investigación judicial vinculada a Alejandro Astesiano,
entonces jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, se reveló un
plan para espiarnos y chantajearnos a Mario Bergara y a mí, con el
objetivo de que retiráramos nuestra denuncia”, reza el documento.
Así,
Carrera reclama que la orden de espionaje “provino de un tercero aún no
identificado” y que “a pesar de los indicios contundentes la Fiscalía decidió
no profundizar en la investigación”. “Este caso permanece paralizado
desde hace casi tres años, y la información obtenida ilegalmente ha sido
utilizada para justificar una persecución penal arbitraria en mi contra”,
asevera el exsenador del FA.
Por otro lado, la denuncia ante la Relatoría Especial de la
ONU trata sobre el “uso político del sistema penal por parte de la Fiscalía,
así como violaciones” a su derecho al debido proceso y sus derechos “fundamentales”.
“La
causa penal que enfrento se basa en un hecho del año 2012 cuando, siendo
director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, un civil
fue atendido por razones humanitarias en el Hospital Policial. Esta
práctica, habitual en ese entonces, nunca fue motivo de sanción penal en
otros casos similares. Sin embargo, en mi caso, el Ministerio del Interior
me denunció por presunto uso indebido de recursos públicos”, expresa Carrera y
añade que esta denuncia “destaca varias irregularidades alarmantes”.
En primer
lugar, listó el exjerarca del Interior, que el
pedido de desafuero en su contra fue presentado un mes antes de las
elecciones nacionales “sin una investigación concluida” y “claramente con intención
de afectar [sus] derechos políticos”. Además, denunció que la investigación preliminar
se extendió por casi tres años “sin avances” y “con un fuerte impacto” en su
imagen pública.
Carrera también
indica como irregularidad que Mónica Ferrero, fiscal de Corte subrogante,
rechazó su recusación y nombró como la fiscal del caso “arbitrariamente” a Sandra
Fleitas, quien está “vinculada al Partido Nacional”, señaló. Ella cambió “toda
la teoría de la acusación” a menos de un mes de asumir e imputó tres delitos
nuevos sin haberlo investigado “ni brindado oportunidad de defensa”, sostiene
el exsenador.
Por último,
Carrera reclamó que Fleitas solicitó medidas cautelares “desproporcionadas”.
“Estas denuncias se basan en estándares internacionales que
exigen un sistema de justicia independiente, imparcial y libre de presiones
políticas. Sostengo que el Estado uruguayo ha incumplido con sus
obligaciones internacionales y ha permitido que mi caso permanezca en la
impunidad, vulnerando mis derechos a la vida privada, al debido proceso, a la
defensa y a la libertad de expresión. […] Seguiré utilizando todas las vías
institucionales e internacionales disponibles para que se respeten mis derechos
y se termine con la persecución política de la que soy víctima”, finaliza
el escrito del exsenador.
Montevideo Portal
