El senador del Partido
Colorado, Pedro Bordaberry, pidió a la Comisión de Ganadería del Senado
convocar nuevamente al directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC)
para indagar sobre presuntas irregularidades en la compra de la estancia María
Dolores, en Florida, que costaría unos US$ 32,5 millones.
Según sostuvo, hay evidencia
jurídica de que se requerían cuatro votos para aprobar la adquisición, y no
tres, como fue el caso.
“Mi idea no es esperar a que
haya un incendio para actuar de bomberos, sino tratar de evitar que se incendie
la pradera”, afirmó el legislador colorado, al fundamentar su solicitud
ante la comisión parlamentaria, según la versión taquigráfica a la que accedió Montevideo
Portal.
Bordaberry señaló que en el
expediente figuran observaciones del Tribunal de Cuentas (TCR) que refieren a
la falta de rubro, pero enfatizó que el problema de fondo es la mayoría con
la que se resolvió la compra. “Ya no es una cuestión de que no tienen rubro;
es una cuestión de que no juntaron los votos suficientes”, subrayó.
En la sesión, el senador
presentó un informe jurídico del año 2018 —realizado durante un gobierno
del Frente Amplio y bajo la presidencia de Jacqueline Gómez en Colonización—
que, según sostuvo, establece que se necesitan cuatro votos incluso cuando la
adquisición se realiza por el artículo 35 de la ley, es decir, por el derecho
de preferencia.
“Ese informe, muy fundado, había
sido contratado por el Instituto Nacional de Colonización y enviado al Tribunal
de Cuentas. O sea que ya hay un informe diciendo que se necesitan cuatro
votos”, argumentó Bordaberry. “Es un tema técnico jurídico, pero de fácil
entendimiento”, agregó.
El legislador sostuvo que
jurídicamente “una compraventa por derecho de preferencia y una compra
directa son lo mismo”, y que la diferencia es solo administrativa. “No
existe en el ordenamiento jurídico uruguayo la figura de diferencia entre
compra directa y compra por preferencia. Es decir, es compraventa o no”,
expresó.
El tema generó reparos en el
Frente Amplio, pero también recibió apoyo de senadores de la coalición
oficialista, como Carlos Camy, quien respaldó la convocatoria y sugirió que
además del directorio comparezca el departamento jurídico del INC. “Más allá
del dato que da respecto a la posición que tenía Jacqueline Gómez en 2018,
no tengo dudas de que en la historia del Instituto hay decenas de compras al
amparo del artículo 35 que deben haber sido aprobadas con tres votos, lo
que también me podría llevar a decir que fueron compras mal realizadas”,
planteó.
Por su parte, el senador
frenteamplista Alejandro Pereyra consideró que no era el momento para convocar
al directorio, ya que “están en pleno proceso de análisis jurídico”, pero
reconoció que, si la comisión así lo dispone, su bancada acompañará la citación.
En su intervención, Bordaberry
insistió en que su intención no es generar escándalo, sino prevenir
consecuencias mayores. “No esperemos a que venga acá para hacerles preguntas
capciosas; la idea es que ya sepan qué es lo que estamos haciendo”, dijo. Y
recordó su accionar en el caso Pluna: “Juntamos toda la información y se la
llevamos a las entonces senadoras Topolansky y Xavier. Les dijimos: ‘Puede
haber un lío’. Hoy creo que ayudamos a que el asunto no fuera peor”.
La comisión resolvió convocar a
las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, posiblemente en
agosto, para que respondan sobre el procedimiento seguido en esta operación y
sobre los informes jurídicos previos. El presidente de la comisión, Sebastián
Da Silva, aseguró que, si es necesario hacer una sesión extraordinaria por
plazos del negocio, se convocará.
