El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó la
ley que otorgaba un aumento a las jubilaciones y a pensiones por discapacidad
aprobada en el Congreso por mayoría en julio pasado y argumentó que
atentaba contra su política de equilibrio fiscal, según un texto publicado este
lunes en el boletín oficial.
El mandatario de la vecina orilla también vetó la
restauración por dos años de una moratoria que caducó en marzo de 2024 para
permitir la jubilación a quienes no puedan acreditar los 30 años de aportes
requeridos en un país con más del 40% de trabajo informal.
El Congreso puede volver a presentar que las leyes vuelvan a
estar vigentes, pero debe reunir dos tercios de los votos en ambas Cámaras.
Es la segunda vez que Milei veta un aumento para
jubilados, la anterior fue en agosto de 2024. El argumento del gobierno
argentino se basa en que esas leyes son “irresponsables” porque “no
determinan el origen de los fondos atentando contra el equilibro fiscal”.
Los vetos se dieron una semana después de un decreto
presidencial que rebajó impuestos a las exportaciones de granos y carnes.
Milei ya había vetado un aumento de fondos para las
universidades, que mantienen sus ingresos atados al presupuesto de 2023
pese a la inflación de 211% ese año y de 117,8% en 2024.
El veto presidencial obstruye un aumento del 7,2% en las
jubilaciones y un alza de 40.000 pesos (unos 30 dólares) de un bono mensual.
El presidente argentino también vetó la ley que declaraba
la emergencia en la atención a personas con discapacidad para regularizar pagos
atrasados de las prestaciones de salud y garantizarlos hasta diciembre de 2027.
Esta ley restablecía además el cupo laboral en el Estado
para discapacitados, eliminado por la administración de Milei.
Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso,
la ley de emergencia en Discapacidad tenía un impacto fiscal de entre 0,22% y
0,42% del PIB.
El gobierno sostuvo en un comunicado que las leyes vetadas
implicaban “un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos (US$ 5
millones) y cerca de 17 billones de pesos (US$ 12 millones) para 2026”.
La política de ajuste a las jubilaciones, a las
universidades y a la atención de personas con discapacidad movilizaron marchas
multitudinarias y protestas callejeras que fueron reprimidas por la
policía, con saldo de heridos graves y numerosas detenciones.
Con información de AFP
