Una activista feminista brasileña obtuvo estatus de refugiada en Europa tras enfrentar hasta 25 años de cárcel en su país por misgendering —es decir, la práctica de referirse incorrectamente al género de una persona— a una diputada trans, y constituye el primer caso de este tipo de la historia.
Según informó la periodista Anna Slatz en el medio Reduxx, la beneficiaria es Isabella Cêpa, quien se convirtió en la primera mujer reconocida como víctima de persecución estatal por disentir públicamente de la ideología de género.
El caso se remonta a 2020, cuando Erika Hilton, quien se identifica como mujer, fue electa como edila en São Paulo. Tras leer titulares que celebraban que “la mujer más votada de Brasil era una mujer trans”, Cêpa publicó un video en redes sociales manifestando su decepción por lo que consideraba una distorsión del concepto de mujer.
Hilton denunció el contenido ante la policía, lo que dio inicio a una causa penal. En enero de 2022, Cêpa fue citada a declarar, pero no tuvo más noticias del proceso hasta junio de ese año, cuando un medio publicó que la activista enfrentaba cinco cargos de “racismo social”. Este delito, introducido por el Supremo Tribunal Federal en 2019, considera la discriminación hacia personas LGBT+ como una forma de racismo.
La fiscalía revisó publicaciones anteriores de Cêpa y sumó nuevas declaraciones consideradas “transfóbicas”. Según la ley, la pena máxima posible ascendía a 25 años de prisión.
En julio de 2024, cuando intentaba viajar a España, fue retenida en el aeropuerto de Salvador, Brasil. Allí, funcionarios federales analizaron su situación y determinaron que podía ser víctima de persecución política; le permitieron abordar el vuelo y le recomendaron no regresar a Brasil. Desde entonces, vivió en condición de apátrida hasta que, en junio de 2025, formalizó su pedido de asilo ante un país europeo.
Según confirmó el medio, con apoyo de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, Cêpa obtuvo protección internacional plena, aunque el país receptor no fue revelado por razones de seguridad.
La organización feminista MATRIA Brasil, que acompañó su caso, celebró la decisión, pero denunció la falta de respuesta de las autoridades brasileñas. Según un vocero, incluso llevaron a Cêpa a una reunión con la entonces ministra de la Mujer, Cida Gonçalves, sin obtener ningún tipo de asistencia estatal.
“La única vía que le quedó fue recurrir a una medida extrema: pedir asilo político. En nombre de su seguridad, no podemos dar más detalles, pero podemos confirmar que ahora está a salvo”, señalaron desde MATRIA.
La organización destacó la relevancia global del caso, al tratarse de la primera mujer en el mundo que recibe asilo por ser perseguida debido a su oposición a la ideología de género.
El caso de Cêpa sienta un precedente internacional y podrá ser citado en futuras solicitudes de refugio de personas que enfrenten consecuencias legales o sociales por expresar posturas críticas sobre el género.
No es un hecho aislado. En Brasil, otras mujeres también enfrentan procesos penales por opiniones calificadas como transfóbicas. Este año, la activista Karen Mizuno fue notificada por la policía tras burlarse de un activista que afirmó que “los arqueólogos son transfóbicos”. También hay docentes universitarios acusados de “misgendering” a un estudiante trans.
Mientras tanto, Cêpa —desde el exilio— se ha convertido en un símbolo para movimientos críticos de la ley de identidad de género, y su caso ya genera debate a nivel internacional sobre los límites entre libertad de expresión, legislación antidiscriminatoria y persecución política.
